Gobierno de AMLO defiende intervención telefónica de Sedena y descalifica pruebas sobre uso de Pegasus contra civiles

Trece días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a entregar información que respondiera sobre el espionaje realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra civiles, la Oficina de la Presidencia envió un comunicado de prensa en el que intenta desacreditar las pruebas documentales que confirman la intervención al teléfono del defensor de Derechos Humanos, Raymundo Ramos. 

Las organizaciones R3D, Artículo 19, SocialTic, y los medios Animal Político, Aristegui Noticias y la revista Proceso revelaron que la Sedena contrató a la empresa proveedora del sistema de espionaje Pegasus en 2019; que los teléfonos del activista Raymundo Ramos, del escritor y periodista, Ricardo Raphael, y un periodista de Animal Político, fueron infectados con Pegasus y que el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval recibió el reporte de las comunicaciones privadas de Ramos en 2020. 

El gobierno mexicano respondió este jueves a la publicación del pasado 7 de marzo con un comunicado defendiendo a la Sedena al asegurar que realiza labores “de inteligencia” para el combate del crimen organizado y, según explica, tiene base legal en la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley de la Guardia Nacional.

En el comunicado, el gobierno cita los artículos 5, fracciones III, V y XI, 29, 30, 31, 33, 34 y 35 de la Ley de Seguridad Nacional y 100 de la Ley de la Guardia Nacional, para sostener que las instancias de Seguridad Nacional, entre ellas la Sedena,  pueden realizar labores de “inteligencia”.

“Los procedimientos antes mencionados, de ninguna manera están dirigidos a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos; únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la procuración de justicia; sin embargo, han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas”, expuso el gobierno.

Sin embargo, la Ley de Seguridad Nacional solo faculta al Centro de Inteligencia Nacional (CNI), un organismo civil, para realizar labores de inteligencia e intervenir comunicaciones con una autorización judicial, más no a la Sedena. 

Además, la investigación periodística confirmó que la Sedena no solicitó ante autoridades judiciales ninguna autorización para intervenir comunicaciones entre 2018 y 2022, según respondió la misma dependencia a la solicitud de información número 33002642001754.   

Aún sin una autorización judicial, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, recibió el reporte de inteligencia que da cuenta de las conversaciones en aplicaciones de mensajería y telefónicas que Ramos sostuvo con tres periodistas en agosto de 2020, y en las que hablaron sobre el caso de ejecución extrajudicial cometida presuntamente por miembros del Ejército en Nuevo Laredo días antes, el 3 en julio de 2020.  

Dicho reporte de ese espionaje fue realizado por el Centro Militar de Inteligencia (CMI), una estructura secreta de la Sedena, a cargo del Estado Mayor de la Sedena y que reporta directamente al titular, según da cuenta información interna de la dependencia, encontrada entre los millones de archivos hackeados por el grupo Guacamaya en octubre pasado. 

En el comunicado, el gobierno Federal, descalifica este reporte obtenido entre la información hackeada, ya que “dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente”, por lo que “ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al instituto armado podrían elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional. Por tal razón, dichas publicaciones carecen de validez legal”. 

No obstante, el documento publicado en Ejército Espía fue localizado en el correo del subjefe de inteligencia y los metadatos del documento pueden confirmar la fecha de creación y, por tanto, que no ha sido manipulado; además, la información contenida en él fue corroborada con más documentos. 

Por ejemplo, los documentos de la Sedena, según se prevé en sus reglamentos internos, son firmados solo por las iniciales de los autores, colocados de mayor a menor jerarquía. En este caso, el documento tiene las iniciales de Homero Mendoza Ruiz, entonces director del Estado Mayor de la Defensa, y el subjefe de Inteligencia, Conrado Bruno Pérez, entre otros; cargos confirmados con la estructura del Ejército vigente en 2020. 

Según los metadatos, el archivo fue creado el 2 de septiembre a las 6:55 de la tarde con el nombre “2 Sep. 2020-TJTA 2001-6861 Actividades Raymundo Ramos”. 

Esa fecha coincide con la reunión que el secretario de la Defensa encabezó ese mismo día, a las 8:00 de la noche, con el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, Homero Mendoza Ruiz; el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Miguel Carrasco Hernández, y el comandante de la Policía Militar, para tratar “el asunto: Nuevo Laredo, Tamaulipas”, según se asienta en la agenda del secretario encontrada en los archivos hackeados. 

Minutos después, a las 8:47 del mismo 2 de septiembre, el reporte de inteligencia fue enviado entre dos cuentas de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor, entonces a cargo del mayor Conrado Bruno Pérez, ahora comandante de la 45 Región Militar en Nogales, Sonora.

AMLO reconoce la existencia del Centro de Inteligencia de Sedena

El CMI es un área desconocida públicamente e, incluso, no está integrada en la estructura burocrática de la Sedena en sus reglamentos internos. Pero documentos encontrados en los archivos hackeados confirman que se encarga de “administrar y operar la infraestructura tecnológica del Sistema de Inteligencia Militar para obtener y procesar información sensible sobre los temas que sean de interés del Alto Mando”.

Su misión, según se informa en una presentación de PowerPoint de mayo de 2021, es “aportar productos de inteligencia que se generan de la información obtenida en medios cerrados”, a la Subjefatura de Inteligencia Militar del Estado Mayor de la Defensa, es decir, la información no proviene de fuentes abiertas, como estadísticas o datos en poder de instituciones públicas, sino de intervenciones de comunicaciones privadas. 

En el comunicado emitido este jueves, el gobierno de México no hace ni una sola referencia al CMI, pero por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la existencia del CMI, pero insistió en que realiza labores de inteligencia y no utilizan el sistema de espionaje Pegasus, sino un “sistema equivalente”, según respondió al periodista de Proceso Mathieu Tourliere.

—¿Usted dice que el Centro Militar de Inteligencia no opera Pegasus?— preguntó el periodista 

—No, no opera Pegasus. Y, además, lo de Pegasus es una marca y hay sistemas equivalentes a Pegasus en todas partes, y en México no necesariamente Pegasus, pero son sistemas que llevan a cabo las mismas funciones del sistema de escucha de Pegasus— dijo el presidente. 

Insistió que “hay información que se comparte desde el Centro Nacional de Inteligencia, que es la institución que legalmente puede llevar a cabo, con autorización judicial, como se hace, estas investigaciones a través de los teléfonos, básicamente a la delincuencia”.

Al hablar del grupo Guacamaya, el presidente también cuestionó la veracidad de la información, pues los relaciona con adversarios políticos.

“¿Quién es Guacamaya? ¿Quién hace ese espionaje? ¿Por qué no hacen una investigación ustedes sobre eso? Porque yo sospecho que son agencias internacionales vinculadas con el grupo conservador que encabeza Claudio X. González”, dijo al descalificar los documentos obtenidos por el hackeo.

Aunque el gobierno federal sostiene que las labores de inteligencia no están dirigidas al entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos, las pruebas confirman que la Sedena espió a civiles con Pegasus. 

La Sedena contrató a la empresa Comercializadora Antsua, la única proveedora del software Pegasus en México, para el servicio de “monitoreo remoto” y por el cual pagó 140 millones de pesos, según confirmó la misma dependencia en información entregada en un recurso de revisión de una solicitud de transparencia. 

Además, el “usuario final”, del servicio fue el CMI, según se advierte en el oficio número SGE-3335, donde la Sedena da cuenta de las facturas emitidas por el servicio; documento que también fue localizado entre los archivos hackeados. 

También, el análisis forense del equipo celular de Raymundo Ramos, realizado por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, confirma que el aparato fue infectado con Pegasus entre agosto y septiembre de 2020, días después de la ejecución extrajudicial de tres jóvenes presuntamente cometida por militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y cuyas familias eran acompañadas por el activista. 

En tanto, el reporte de inteligencia entregado al secretario de la Defensa confirma que la intención del espionaje no era combatir al crimen organizado, sino incidir en la investigación ministerial que realizaba la Policía Militar Ministerial obre la ejecución extrajudicial de tres jóvenes, presuntamente cometida por militares el 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El reporte concluye con la recomendación: “que este producto de inteligencia se proporcione con carácter de confidencial a la Policía Ministerial Militar para que sirva como elemento de juicio para su investigación, sin agregarse a la carpeta de investigación”.

En el apartado llamado “información” del reporte de espionaje, se da cuenta de seis comunicaciones telefónicas de Ramos con tres periodistas. “El 14 y 15 de julio, Ramos envió a una periodista una publicación de Twitter y un comunicado de prensa sobre la muerte de 3 civiles atribuida a militares, sin que la comunicadora le tomara importancia”, dice el documento.

“El 17 de agosto de 2020 envió a un periodista del periódico El Universal, un video sobre la agresión del 3 de julio de 2020, para su edición y posterior difusión, dejando pendiente la probable entrevista a Ramos Vázquez y publicación, para retomar otras 5 quejas que ha interpuesto en contra de las autoridades que no han sido atendidas y difundidas por los medios de comunicación”, dice el reporte de la Sedena.

En el siguiente punto, mencionan otra comunicación con una periodista del equipo de Denise Maerker de Televisa, del 18 de agosto de 2020, donde “reprochó la primicia al Universal y le pidió los testimonios de los familiares de las supuestas víctimas, indicando que dijeran que a su hijo lo habían secuestrado antes; Ramos Vázquez envió un video donde se aprecia la autopsia que se hace a los cuerpos de los sicarios reducidos” (sic).

Dicha comunicación ocurrió a través de una llamada telefónica, afirma Ramos, mientras que las restantes ocurrieron a través de aplicaciones de mensajería. 

La Sedena también reportó el mensaje entre Ramos y la periodista de Televisa, en el que le envía “imágenes de la denuncia interpuesta por Raúl Tercero, por la supuesta muerte de su hijo Damián Genovés Tercero” (sic). Esta comunicación fue realizada mediante la aplicación de mensajería Telegram, que aún pudo ser rastreada en el equipo telefónico y que Raymundo Ramos mostró para esta investigación.

En el último punto, se expone que el 26 de agosto de 2020 Ramos envió a un periodista y colaborador del diario español El País las declaraciones del personal militar que participó en los hechos del 3 de julio.

En la conferencia de este jueves, el presidente López Obrador no habló de este espionaje, sino que retomó la grabación telefónica de Raymundo Ramos con un presunto narcotraficante de Nuevo Laredo Tamaulipas que fue exhibida por un reportero en la conferencia matutina y que ha circulado en redes sociales. 

“Como ese presunto narcotraficante estaba siendo investigado, se obtuvo esa grabación. Esa es la información que a mí me han entregado (…) Esa grabación tiene que ver con el Centro Nacional de Inteligencia”. 

Sin embargo, dicha grabación presuntamente ocurrió en 2019, mientras que el espionaje documentado por la investigación periodística fue en 2020.