Van por garantizar medidas a jesuitas

CHIHUAHUA, Chih., marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Este jueves se realizó una reunión entre el gobierno y la comunidad jesuita para instalar la Mesa de Implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 22 de enero, a raíz del crimen ocurrido en Cerocahui, Chihuahua, en junio de 2022.

La junta se realizó en el Palacio de Gobierno, donde estuvieron presentes autoridades de la provincia jesuita, así como del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (Cedehm), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (Cosyddhac).

De acuerdo con lo que se informó, los beneficiarios de las medidas cautelares son tres religiosas y nueve sacerdotes, quienes se encuentran en una situación de riesgo, daño irreparable, grave y urgente derivado de sus actividades en la comunidad y de la exigencia de justicia por los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora.

En el evento estuvo la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien destacó los acuerdos asumidos con la administración federal y las personas beneficiarias para la implementación y seguimiento de las medidas cautelares.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, en representación del gobierno federal, reconoció la labor de derechos humanos que ha llevado a cabo la comunidad jesuita en la región y ratificó el compromiso para implementar las medidas con el fin de que esta tarea pueda continuar.

En un boletín de prensa, la comunidad jesuita informó que, como parte de las personas beneficiarias, el padre Esteban Cornejo, SJ. enfatizó que la labor que realizan en la sierra se ha visto trastocada por los terribles asesinatos de sus hermanos, lo que ha tenido un impacto a nivel comunitario. Señalaron la importancia que tiene para la comunidad religiosa contar con protección a nivel internacional.

Por último, Provincia en México y las organizaciones que los acompañaron hicieron un llamado para que los compromisos alcanzados sean implementados de manera coordinada y en diálogo respetuoso con las personas beneficiarias. Además, exigieron que los responsables de los asesinatos de los sacerdotes sean llevados ante la justicia y se garantice la no repetición.