Ex funcionario policial floridano dice que lo obligaron a renunciar por rechazar las órdenes ‘ilegales’ del gobernador

Un ex alto funcionario policial de la Florida afirma que fue presionado varias veces por el gobernador Ron DeSantis y sus asistentes para realizar actividades “ilegales”, incluyendo la recopilación de información sobre migrantes y el arresto de manifestantes neonazis sin sospecha razonable de actividad delictiva.

Las denuncias se describen en una demanda de 16 páginas presentada esta semana por Shane Desguin, ex jefe de personal de la Policía Estatal de la Florida (FDLE), en la que acusa a la dependencia estatal y a DeSantis de anulación de contrato injustificada y represalias por cuestionar varias “directivas ilegales”, muchas de ellas vinculadas a las prioridades políticas del gobernador.

Una de esas directivas provino de un destacado colaborador de DeSantis alrededor de septiembre de 2023. Según la denuncia, el asistente dijo a Desguin que el gobernador —que en ese momento se estaba postulando a la presidencia— quería que la policía estatal arrestara a manifestantes neonazis en Orlando en virtud de una ley estatal que prohíbe a las personas proyectar imágenes en una propiedad sin permiso.

Desguin argumentó que la policía estatal no podía arrestar a alguien que participara en una actividad protegida por la Primera Enmienda solo porque DeSantis “lo deseaba”, según la denuncia.

“No creo que lo entiendas”, le dijo a Desguin el asistente —Alex Kelly, en aquel momento jefe de gabinete de DeSantis—, según la denuncia. “Si buscas bien, puedes encontrar la manera. El gobernador [DeSantis] quiere que se arreste a alguien. Te apoyará en cualquier arresto”.

La campaña de presión alegada en la demanda se extendió a solicitudes para obtener fotos e información personal de migrantes sin justificación legal y para retener registros públicos relacionados con los viajes de DeSantis, y culminó con Desguin siendo forzado a dejar su puesto en noviembre de 2023, según la demanda.

La oficina del gobernador se negó a comentar sobre las supuestas directivas, diciendo que esos argumentos se formularán en “presentaciones legales”. Pero el portavoz del gobernador, Bryan Griffin, dijo que una investigación estatal encontró “preocupantes” infracciones de las normas estatales relacionadas con insubordinación y conducta en el lugar de trabajo. La investigación, iniciada por la FDLE, finalizó en mayo.

Marie Mattox, destacada abogada de empleo y derechos civiles en Tallahassee que representa a Desguin, dijo al Herald/Times el jueves que la cronología de la investigación estatal es una prueba más de que DeSantis y la FDLE “se ensañaron [con Desguin] después de que se fue para manchar su buen nombre”.

“Realmente no tienen más opción que tratar de poner en duda su carácter porque no pueden defenderse de los cargos que él presentó por sus méritos. ¿Y qué hacen? Le señalan con el dedo después que fue absuelto de delitos”, dijo Mattox en un correo electrónico.

Según la demanda, a Desguin se le dio la opción de jubilarse o ser despedido en noviembre del año pasado. Cuando se marchó, recibió una declaración jurada de separación que decía que el motivo de su marcha era “jubilado. Sin mala conducta”.

“El hecho que Desguin fue absuelto de mala conducta el 17 de noviembre de 2023 es oro y demuestra que la invención de falsedades y medias verdades son solo eso, para encubrir lo que DeSantis hizo mal”, agregó Mattox.

Un antiguo problema

Desguin renunció a su cargo después de más de 30 años en la dependencia policial del estado, poco después que planteó su preocupación por el retraso de la dependencia estatal en la divulgación de los registros públicos solicitados por reporteros que habrían revelado quién viajó con el gobernador en el avión estatal y adónde fue.

La demanda se presentó al amparo de la Ley de Denuncias de la Florida. La entonces jefa adjunta de personal de Desguin, Patricia Carpenter, también fue supuestamente obligada a renunciar cuando solicitó el estatus de denunciante por plantear las mismas preocupaciones sobre los registros públicos.

La Florida cuenta con una amplia ley de registros públicos que permite a los medios noticiosos y al público en general solicitar información sobre los gobiernos estatal y locales. La ley es más amplia que la que existe en muchos otros estados.

Más recientemente, abogados de DeSantis han tratado de bloquear el acceso del público a los registros que muestran llamadas telefónicas sobre asuntos estatales realizadas en los teléfonos móviles privados de los funcionarios, un cambio drástico en la antigua interpretación del estado de las leyes estatales de registros públicos.

Así que cuando llegó el momento de hacer públicos los registros sobre los viajes en avión del gobernador, financiados por los contribuyentes, Desguin afirma que se encontró con algunos problemas. Él era de la opinión de que los registros deberían ser liberados, ya que no suponen un riesgo para el gobernador, su familia o cualquier otra persona, como se pretende en virtud de la ley.

DeSantis no estuvo de acuerdo y Desguin afirma que se le dijo que los registros no debían divulgarse.

El episodio indica un nivel inusual de influencia del gobernador en la FDLE, que se supone que tiene un cierto nivel de independencia a pesar de llevar a cabo algunas de las principales prioridades del gobernador, como la fuerza policial de las elecciones y su represión de la inmigración. La policía estatal no depende directamente del gobernador.

Más bien depende del gobernador y del Gabinete: el procurador general, el director financiero y el comisionado de Agricultura del estado.

Mayor intervención en la inmigración

La intervención de la oficina del gobernador en asuntos de la policía estatal fue más allá de los registros estatales, según la demanda. La mayoría de los problemas, afirma Desguin, comenzaron a finales de 2021 cuando fue puesto a cargo de lidiar con la inmigración, una prioridad para DeSantis.

Desguin dijo que el ex zar de Seguridad Pública de DeSantis, Larry Keefe, le ordenó obtener “fotografías, datos biométricos y cualquier otra información pertinente” al relacionarse con migrantes en el aeropuerto.

Preocupado por la legalidad de las solicitudes, Desguin se opuso, y Keefe persistió, según las demandas.

Desguin alega que le dijo a Keefe que la FDLE “no podía legalmente llevar a cabo verificaciones de nombres, capturar fotografías o compilar archivos de inteligencia sin un sustento criminal o sospecha razonable, ya que la acción sería ilegal”.

“En múltiples ocasiones, Keefe informó [a Desguin] que se estaba cansando de su constante énfasis en la sospecha razonable y el sustento penal”, dice la demanda. “Keefe transmitió que el incumplimiento de sus directivas resultaría en consecuencias adversas para [él]”.

En otra ocasión, DeSantis solicitó que su personal se reuniera con Desguin para discutir el plan del gobernador de reubicar a migrantes en destinos fuera de la Florida.

“Se plantearon varias propuestas, incluido el transporte de migrantes a través de las fronteras estatales en autobús y en vuelos a estados santuario”, dice la demanda, señalando que Desguin “expresó múltiples objeciones durante estas reuniones en las que se le pidió que participara en el transporte en autobús propuesto, citando preocupaciones sobre posibles encarcelamientos falsos o secuestros”.

El jefe de gabinete de DeSantis, James Uthmeier, presionó a Desguin sobre este asunto, afirma la demanda. Le dijo que era importante hacer al menos “un vuelo” como parte del programa, que se había convertido en una piedra angular de la plataforma de inmigración del gobernador.

Después de eso, Keefe fue a Texas.

Y, con la ayuda de un contratista privado, Keefe y Uthmeier pudieron coordinar una operación desde Texas que llevó a un grupo de unos 50 migrantes a la isla de Martha’s Vineyard, en Massachusetts.