La Florida está a punto de convertirse en el estado más favorable a la pena de muerte | Opinión

La semana pasada, el gobernador DeSantis firmó la segunda orden de ejecución de la Florida de 2023, programando la ejecución de Louis Gaskin para el 12 de abril. La orden llega menos de un mes después de que el estado ejecutara a Donald Dillbeck, la ejecución número 100 del estado desde que se instituyó la pena capital moderna.

De los casi 150 reclusos en el corredor de la muerte de la Florida que pueden ser ejecutados, Gaskin parece haber sido seleccionado a propósito por la votación del jurado que recomendó la pena capital. En 1990, el jurado de 12 miembros votó 8-4 a favor de sentenciar a muerte a Gaskin por dos cargos de homicidio en primer grado. Dillbeck, que fue ejecutado el 23 de febrero, también fue sentenciado a muerte después de que el jurado votara a favor por 8-4.

¿La conexión? Los proyectos de ley pendientes en la Legislatura de la Florida (SB 450/HB 555) reducirían de 12-0 a 8-4 la votación del jurado necesaria para imponer una sentencia de muerte.

Si Dillbeck y Gaskin hubieran sido declarados culpables hoy, no habrían sido sentenciados a muerte porque la Florida exige actualmente la recomendación unánime de un jurado para la pena capital. Pero Dillbeck y Gaskin fueron sentenciados a muerte bajo el estatuto anterior de la Florida, que la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que violaba el derecho de los acusados a un juicio con jurado bajo la Sexta Enmienda en 2016 en Hurst vs. Florida.

Como resultado de esa decisión, el estatuto de la Florida fue modificado en 2017 para requerir unanimidad. Tanto a Dillbeck como a Gaskin se les denegó la reparación en virtud del caso Hurst simplemente porque sus sentencias de muerte habían sido firmes durante demasiado tiempo cuando se decidió el caso Hurst. A Gaskin se le denegó la exención a pesar de que él, a través de sus abogados, había argumentado desde el principio de su caso que el estatuto de la pena capital de la Florida era inconstitucional, un argumento que fue validado por la Corte Suprema de Estados Unidos años más tarde.

En la actualidad, solo un estado no exige la recomendación unánime de un jurado para la pena de muerte: Alabama, donde el umbral actual es la votación de un jurado de 10 a 2 y legislación propuesta exigiría la unanimidad. Por lo tanto, la Florida sería una excepción extrema en virtud de la legislación propuesta.

La aceptación de veredictos de jurado no unánimes tiene sus raíces en el racismo, como explicó el juez Neil Gorsuch en la opinión mayoritaria de la Corte Suprema de Estados Unidos en Ramos vs. Louisiana (2020): “Louisiana respaldó por primera vez los veredictos no unánimes para delitos graves en una convención constitucional en 1898. Según el presidente de un comité, el propósito declarado de esa convención era ‘establecer la supremacía de la raza blanca’”.

Anulando esa ley de Louisiana en el caso Ramos, el juez Gorsuch escribió sobre la importancia de la garantía de la Sexta Enmienda en un juicio con jurado: “En el momento de la adopción de la Sexta Enmienda, el derecho a juicio con jurado incluía el derecho a un veredicto unánime. Cuando el pueblo estadounidense decidió consagrar ese derecho en la Constitución, no estaba sugiriendo temas que produjeran futuros análisis de costos y beneficios”.

La historia racial de la pena de muerte en la Florida es igualmente preocupante. De los 30 acusados que han sido exonerados del corredor de la muerte de la Florida (el más alto del país), 22 pertenecían a minorías raciales.

En agosto de 2017, el estado ejecutó a Mark Asay. Fue la primera persona ejecutada en el estado de la Florida después de Hurst y la ejecutada 93 por el estado desde 1976. Como escribió el juez James E.C. Perry en una opinión disidente en el caso de Asay a finales de 2016, Asay fue “la primera persona blanca ejecutada por el homicidio de una persona negra en este estado”. El Sr. Gaskin es un hombre negro que fue sentenciado a muerte por un jurado totalmente blanco por los asesinatos de víctimas blancas.

A pesar del caos que se produjo en 2016 después del caso Hurst, la Legislatura se dirige por el mismo camino de nuevo con la legislación propuesta. Si se aprueba, los acusados inevitablemente plantearán desafíos a la constitucionalidad del nuevo estatuto. Tanto los tribunales de la Florida como los federales tendrán la oportunidad de abordar directamente la constitucionalidad del nuevo estatuto tal como se aplica a cada acusado sentenciado a muerte en virtud del mismo. Es casi seguro que esta propuesta de ley caerá en el lado equivocado de la constitucionalidad, sometiendo de nuevo a los acusados y a las familias de las víctimas a la incertidumbre y a años de litigios.

Mientras tanto, parece que el gobierno de la Florida está decidido a buscar y ejecutar a los acusados que fueron sentenciados a muerte por jurados no unánimes en virtud de la anterior ley inconstitucional del estado, en un aparente esfuerzo político por convencer al tribunal de la opinión pública de que un 8-4 es constitucionalmente suficiente para apoyar una sentencia de muerte.

Melanie Kalmanson, graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de la Florida (FSU), es miembro del Colegio de Abogados de la Florida desde 2016. Forma parte del comité directivo del Proyecto de Representación de la Pena de Muerte del Colegio de Abogados de Estados Unidos.

Maria DeLiberato es abogada defensora en casos de pena capital en Tampa y directora ejecutiva de Floridians for Alternatives to the Death Penalty. Ha sido fiscal estatal adjunta en el Condado Miami-Dade y ha pasado 13 años representando a presos sentenciados a muerte, entre ellos Clemente Aguirre-Jarquín, el vigésimo octavo sentenciado a muerte exonerado en la Florida.