Florida paga millones a empresa que emplea a indocumentados vinculados con la muerte de policía

La administración del gobernador Ron DeSantis ha pagado más de $8 millones a un contratista de la construcción desde que las autoridades descubrieron que había contratado a varios trabajadores indocumentados, entre ellos dos hombres que han sido acusados en relación con la muerte de un policía del Condado Pinellas.

El contratista estatal, Archer Western-De Moya Joint Venture, tiene un contrato permanente con el Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) para realizar trabajos en la autopista Gateway en la zona de Tampa Bay. Los registros muestran que los pagos, que forman parte de un contrato de varios años por $500 millones, no han cesado desde que la Policía del Condado Pinellas anunció los hallazgos.

El jefe de Policía de Pinellas, Bob Gualtieri, dijo en una rueda de prensa en septiembre que el contratista había contratado a “un montón” de inmigrantes indocumentados y que correspondería al estado y al gobierno federal abordar el problema con la empresa.

La investigación sobre la muerte del agente Michael Hartwick sigue en curso, y tanto el Departamento de Transporte como su contratista dicen que están cooperando con las fuerzas del orden.

Un percance en las obras de una carretera provocó la muerte del agente de la Policía del Condado Pinellas Michael Hartwick, de 51 años, quien llevaba 19 años en el departamento, dijo el jefe de la Policía, Bob Gualtieri.
Un percance en las obras de una carretera provocó la muerte del agente de la Policía del Condado Pinellas Michael Hartwick, de 51 años, quien llevaba 19 años en el departamento, dijo el jefe de la Policía, Bob Gualtieri.

“La empresa está cooperando plenamente con las fuerzas del orden sin ninguna reprimenda”, dijo Peter Glimco, portavoz de la empresa conjunta Archer Western-De Moya, en una respuesta a preguntas el jueves.

En una declaración al Herald/Times, la agencia estatal defendió al contratista.

“El Departamento de Transporte de la Florida y sus contratistas siguen estrictos procedimientos de contratación que incluyen todas las leyes federales y estatales. Esto es cierto en este caso”, decía el comunicado.

La agencia estatal también dijo que el proveedor cumplió con una ley de inmigración que DeSantis defendió en 2020 y que buscaba acabar con la mano de obra indocumentada en el estado. Esa ley requiere que todos los empleadores públicos y sus contratistas se registren y usen el sistema federal E-Verify, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional, para confirmar que todos los nuevos contratados están legalmente autorizados para trabajar en Estados Unidos.

“Se siguieron los procedimientos de contratación que se habían establecido, incluida la verificación de la autorización federal E-Verify, y la persona en cuestión superó esta autorización federal. El Departamento sigue apoyando los esfuerzos de las fuerzas del orden y las investigaciones relacionadas con este caso”, dijo la agencia estatal al Herald/Times.

Glimco dijo que se siguieron las directrices de contratación estatales y federales y que ambos individuos arrestados fueron “procesados y autorizados para el empleo a través del sistema federal E-Verify”.

“La compañía continúa siguiendo las directrices de empleo federales y estatales y de ninguna manera intentó eludir la ley para contratar a personas no autorizadas”, dijo. “Seguimos investigando los hechos que llevaron a la empresa a ser defraudada en la contratación de estos individuos”.

El Departamento de Seguridad Nacional, la agencia que gestiona el sistema E-Verify, no respondió de inmediato a las solicitudes de declaraciones.

Los empleadores que usan el sistema electrónico E-Verify del gobierno pueden cotejar los documentos proporcionados por los nuevos contratados con los registros de la Administración de la Seguridad Social y del Departamento de Seguridad Nacional. Una discrepancia con los registros sugeriría que una persona no está autorizada a trabajar en el país.

El sistema ha mejorado en precisión a lo largo de los años al permitir a los empleadores cotejar una foto en el sistema E-Verify con un documento presentado por un nuevo empleado.

Sin embargo, todavía pueden producirse errores debido a los datos imperfectos de la base de datos federal. Algunos grupos han cuestionado los requisitos de uso de E-Verify debido a que la base de datos contiene errores, lo que, según ellos, pudiera incluso costar el empleo a trabajadores legales. Sin embargo, según una encuesta de 2013, el 92% de los usuarios de E-Verify pensaba que la herramienta era eficaz y precisa.

DeSantis saca a la luz el caso

DeSantis llamó la atención sobre el caso criminal para amplificar su postura de línea dura en materia de inmigración, un tema de primer orden para él mientras busca la reelección el 8 de noviembre y coquetea con una posible candidatura a la Casa Blanca en 2024.

“Un policía del Condado Pinellas acaba de ser ultimado por un extranjero ilegal deportado dos veces que llegó a la frontera ilegalmente hace seis meses. No escuché nada de indignación por eso”, dijo DeSantis durante el primer y único debate para gobernador cuando su oponente demócrata, Charlie Crist, criticó el plan de reubicación de migrantes del gobernador.

DeSantis no mencionó que el estado sigue haciendo negocios con el contratista que empleó al sospechoso.

El De Moya Group, que figura como socio en el contrato, contribuyó $32,500 al comité de acción política de DeSantis, Friends of Ron DeSantis, durante el ciclo electoral de 2022, según los registros financieros de la campaña.

No es la primera vez que la oficina del gobernador y el Departamento de Transporte están bajo escrutinio por contratar a indocumentados para realizar obras en nombre del estado.

El Miami Herald informó la semana pasada que se pagó a un migrante venezolano no autorizado a trabajar legalmente en Estados Unidos para coordinar el programa de vuelos de migrantes de DeSantis, poniendo a la maniobra política de alto perfil del gobernador republicano en conflicto con su antigua campaña para adoptar medidas contra la mano de obra indocumentada.

Un cargador frontal permanece en el lugar donde un investigador forense de la Policía del Condado Pinellas investiga la escena en los carriles hacia el oeste de la I-275 cerca de Gandy Boulevard, el viernes 23 de septiembre de 2022, en St. Petersburg, Florida. Michael Hartwick, un agente policial de la Florida que trabajaba en un turno nocturno para proporcionar seguridad en una zona de construcción murió tras ser golpeado por un trabajador que operaba una cargadora frontal, dijeron las autoridades.
Un cargador frontal permanece en el lugar donde un investigador forense de la Policía del Condado Pinellas investiga la escena en los carriles hacia el oeste de la I-275 cerca de Gandy Boulevard, el viernes 23 de septiembre de 2022, en St. Petersburg, Florida. Michael Hartwick, un agente policial de la Florida que trabajaba en un turno nocturno para proporcionar seguridad en una zona de construcción murió tras ser golpeado por un trabajador que operaba una cargadora frontal, dijeron las autoridades.

Todo era falso

En una conferencia de prensa el mes pasado, Gualtieri dijo que Juan Ariel Molina-Salles, de 32 años, estaba entre los contratados.

“Este tipo entró ilegalmente al país el 25 de octubre de 2021 en Eagle Pass, Texas. La Patrulla Fronteriza lo hizo regresar y lo devolvió a México. No hay registro de que haya regresado legalmente a Estados Unidos, y está aquí ilegalmente”, dijo. “Lleva aquí en la zona de Tampa Bay desde marzo de este año”.

Molina-Salles conducía una gran cargadora frontal con elevadores de horquilla, del tipo que se usa para mover barreras de concreto, cuando golpeó a Hartwick y lo mató al instante, dijo Gualtieri.

El joven de 32 años siguió conduciendo y, antes de huir del lugar de los hechos, entregó su casco y chaleco de construcción a un compañero de trabajo, también indocumentado, quien escondió las cosas de Molina-Salles en una zona boscosa.

Molina-Salles se escondió de las fuerzas del orden y provocó una persecución de nueve horas. Finalmente lo encontraron con la ayuda de sabuesos que olfatearon sus objetos desechados y lo hallaron escondido detrás de unos matorrales, dijo Gualtieri. Fue arrestado y acusado de abandonar la escena de un accidente con resultado de muerte. Su compañero de trabajo también fue arrestado, acusado de ser cómplice después del hecho.

Gualtieri cuestionó las prácticas de contratación de los contratistas después de que la investigación encontrara a varios trabajadores indocumentados en el trabajo. En particular, se preguntaba porqué el contratista permitía que alguien con un documento de identidad falso y sin licencia de conducir manejara la maquinaria.

“Todo era falso. ¿Y lo aceptan y permiten que este tipo se ponga al volante? ¿De verdad?”, dijo Gualtieri en septiembre.

Glimco, el portavoz de Archer Western-De Moya Joint Venture, dijo que el equipo de construcción que Molina-Salles estaba operando no requiere una licencia de conducir según la ley de la Florida.

‘No debería haber muerto de esta manera’

El jefe de Policía también se mostró molesto por la lentitud de la investigación debido a que muchos trabajadores indocumentados dudaban en dar a la policía sus verdaderos nombres.

“Todos mienten y nos dan nombres y documentos de identidad falsos. Un montón de identificaciones falsas de Carolina del Norte y realmente frustró esta investigación”, dijo Gualtieri.

Hardwick, un agente policial con 19 años de experiencia, llegó al lugar la noche del 23 de septiembre para asegurarse de que los trabajadores de la construcción a lo largo de la Interestatal 275 estuvieran a salvo del tráfico.

Estacionó su auto al lado de la autopista con su chaleco de emergencia puesto y estaba de pie en el arcén de la carretera cuando fue atropellado por la pala cargadora que conducía Molina-Salles.

“No debería haber muerto de esta manera”, dijo Gualtieri.