Yahoo Noticias Florida quiere fuerte castigo para corredores callejeros, ladrones de paquetes y otros delitos
Desde ladrones de paquetería en portales hasta ocupantes ilegales, legisladores de la Florida trataron este año de abordar los problemas de delincuencia que veían en sus comunidades, o que temían que llegaran a ellas. En varios casos, lo hicieron mediante la creación de castigos más severos.
Estos son cinco proyectos de ley que aumentarían las penas para los delincuentes. Todos están a la espera de la firma del gobernador Ron DeSantis.
Robo de paquetería en portales
Las personas que roban paquetes de los portales pronto pudieran enfrentar más tiempo en prisión.
El proyecto de ley facilita acusar a alguien que roba en una casa de hurto mayor mediante la reducción del umbral para el delito. Según la propuesta, el ladrón pudiera ser acusado de un delito grave de tercer grado si roba un paquete con valor de apenas $40. Eso en comparación con el umbral actual de $100 o más.
Una persona todavía pudiera ser acusada de un delito grave de tercer grado si roba algo con valor menor a $40, pero hubiera sido condenada previamente por robo. Un delito grave de tercer grado puede conllevar una pena de prisión de hasta cinco años.
El Southern Poverty Law Center, que se opuso al proyecto de ley, señaló que como un paquete en un portal quizá no esté etiquetado, alguien pudiera ser acusado de un delito grave o de un delito menor por hacer lo mismo: tomar el paquete.
El proyecto de ley también crea una nueva pena para los grupos de personas que se organizan en las redes sociales para entrar en enjambre a un establecimiento comercial, causando una distracción para robar mercancía.
DeSantis respaldó el proyecto de ley y dijo que esas medidas pretendían mantener a la Florida como la “anti-Nueva York” y la “anti-California”.
Voyeurismo digital
Legisladores de la Florida apuntaron a un caso del Condado Broward al aprobar este proyecto de ley que aumenta las penas por grabar ilegalmente a alguien vistiéndose o desvistiéndose en privado.
Hillary Cassel, representante demócrata por Dania Beach, y Lauren Book, líder demócrata en el Senado, señalaron que se debería acusar a las personas por cada caso de grabar, ver o distribuir material filmado ilegalmente, en lugar de presentar una única acusación independientemente de la cantidad de material filmado. La idea surgió a raíz del caso en el que el padrastro de una mujer grabó en secreto más de 8,000 horas de ella en el baño.
Cassel dijo que, debido a las “incoherencias” de la ley actual, el padrastro fue acusado de un cargo de voyeurismo por video –que puede ser un delito grave de tercer o segundo grado para un adulto mayor de 19 años– y fue sentenciado a poco menos de un año de cárcel. Si el proyecto de ley hubiera estado en vigor, Cassel dijo que habría enfrentado 835 cargos de voyeurismo.
Si alguien mayor de 19 años graba en secreto a alguien y está en una “posición de confianza” –como un pariente, entrenador o empleador– también pudiera enfrentar un cargo mayor según el proyecto de ley. Un delito grave de tercer grado pasaría a ser un delito grave de segundo grado, y un delito grave de segundo grado pasaría a ser un delito grave de primer grado, que puede castigarse con hasta 30 años de prisión.
Carreras callejeras
Las fuerzas del orden de l Florida han emitido más de 9,000 citaciones en los últimos cinco años para personas que participaban en carreras callejeras o presenciaban eventos de carreras callejeras. Legisladores afirman que tales eventos han provocado lesiones graves o muertes en todo el estado.
Un proyecto de ley bipartidista hace que sea un delito grave de tercer grado infringir ciertas leyes de carreras callejeras al participar en una toma de calles coordinada, donde 10 o más autos se apoderen de una calle para una carrera ilícita. Este delito se castiga con una pena de prisión de hasta cinco años y una multa de entre $2,500 y $4,000. Los permisos de conducir de los participantes se suspenderían durante dos años.
El proyecto de ley también aumenta las penas para las personas que participen en carreras callejeras dentro de un año de otra condena por el mismo delito, volviendo delito grave de tercer grado un delito menor. También tipifica como delito la obstrucción del paso de un vehículo de emergencia.
La mayoría de las 9,214 multas emitidas entre 2018 y 2023 fueron a personas de entre 16 y 24 años, según datos del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de la Florida.
Hillsborough y Pinellas vieron 1,359 citaciones durante ese período, con un pico en 2020 de casi 400 citaciones emitidas.
Las cifras fueron más altas para los condados Broward y Miami-Dade, con 2,918 citaciones emitidas durante esos años.
Conversaciones sexuales con menores
Otro proyecto de ley tiene como objetivo adoptar medidas enérgicas contra el comportamiento sexual depredador mediante la creación de un delito grave de tercer grado por “comunicación perjudicial con un menor”.
La representante Jessica Baker, republicana de Jacksonville, dijo que la pena se dirige a las personas que tienen conversaciones inapropiadas con niños acerca de actividad sexual que alcanza el nivel de solicitar servicios sexuales a un menor.
Algunos demócratas expresaron su preocupación porque el proyecto de ley no tiene una excepción para la educación sexual, pero Baker dijo que no creía que una conversación sobre “pájaros y abejas” se elevaría al nivel de daño necesario para procesar.
Otros representantes demócratas expresaron su preocupación acerca de cómo el proyecto de ley afectaría a los jóvenes de 17 y 18 años que están en una relación y hablan explícitamente entre sí, pero Baker dijo que no creía que un jurado encontraría daño en esos casos.
Ocupantes ilegales
Declarando que no hay suficientes garantías jurídicas para los propietarios frente a los ocupantes ilegales, legisladores aprobaron este año un proyecto de ley que permite a un propietario solicitar a la policía del condado expulsar a un ocupante ilegal. Sin embargo, deben cumplirse ciertas condiciones, como que el propietario haya pedido ya a la persona que se marche, que el edificio no estuviera abierto al público cuando entró el ocupante ilegal y que este no sea un inquilino actual o anterior.
Según el proyecto de ley, quien ocupe ilegalmente una vivienda y cause daños por valor de más de $1,000 comete un delito grave de segundo grado, castigado con hasta 15 años de cárcel.
El proyecto de ley también pretende adoptar medidas enérgicas contra las personas que ponen viviendas en venta o alquiler sin estar legalmente autorizadas para ello, buscando estafar a otras personas. El proyecto de ley lo convierte en un delito grave de primer grado, punible con hasta 30 años de prisión.
