Florida se desvió de prácticas habituales al elaborar reporte sobre la atención a transexuales

Días antes de que una agencia estatal empezara a investigar si Medicaid debía cubrir la atención médica a los transexuales de la Florida, los funcionarios empezaron a reunir a expertos conocidos por ir en contra de la corriente científica dominante.

El reporte resultante y la norma estatal revocaron la cobertura de Medicaid de los tratamientos para la disforia de género, como los inhibidores de la pubertad y la terapia hormonal. Fue desestimada por un juez federal, quien en su orden de junio calificó la norma de “ejercicio de política, no de buena medicina”.

Cientos de páginas de testimonios de empleados estatales y registros internos de la agencia recopilados como parte del caso federal muestran la estrecha coordinación del estado con consultores que adoptaron posturas contrarias a las principales organizaciones médicas sobre cómo tratar la disforia de género. El estado pagó decenas de miles a esos consultores. Uno de ellos se hizo tan amigo de un alto funcionario de la agencia que empezó a llamarlo “poderoso Jason” y “J-man” a través de mensajes de texto.

El testimonio judicial de los empleados estatales también revela cómo una agencia bajo el gobernador Ron DeSantis se desvió de sus propios procedimientos para compilar un reporte centrado en un tema que se convirtió en un pilar importante de la campaña presidencial del gobernador. El empleado estatal que fue el autor principal del reporte declaró que el proceso comenzó con una solicitud de la oficina del gobernador; también dijo que no había visto ningún otro caso en el que el estado usara este tipo de reporte para reevaluar tratamientos ya cubiertos por Medicaid.

Una vez terminado el reporte sobre Medicaid, al menos dos empleados de la Agencia para la Administración de la Asistencia Sanitaria (AHCA) que participaron en él recibieron aumentos muy por encima de la norma comparada con los de sus compañeros, de acuerdo con lo que muestran los datos estatales.

“Parecía un esfuerzo muy motivado políticamente para excluir a un grupo de personas de la cobertura”, dijo Jeff English, antiguo empleado de la agencia.

Las organizaciones médicas apoyan el tratamiento

Las principales organizaciones, como la Academia Americana de Pediatría (AAP), apoyan las intervenciones médicas para la disforia de género cuando son apropiadas desde el punto de vista del desarrollo.

English dijo que normalmente su trabajo era hacer el tipo de reporte que se elaboraba, pero no esta vez. Testificó que los funcionarios de la agencia asignaron a otros la tarea porque su supervisor sabía que English percibía este reporte como “una conclusión en busca de un argumento”.

“Me sentía orgulloso de elaborar reportes justos, precisos y bien documentados”, le dijo English a Tampa Bay Times. “Y ese no era uno de esos”.

En respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico, Bailey Smith, portavoz de la agencia, negó que se desviara del proceso normal a la hora de elaborar el reporte, incluida la selección del personal para completarlo.

“Ninguna persona ha sido la única responsable de todos los reportes en la agencia”, dijo. “El hecho es que el uso de inhibidores de la pubertad y hormonas de sexo cruzado ha aumentado en más del 63% desde 2017, en parte porque Estados Unidos lleva décadas de retraso con respecto a otras naciones desarrolladas en la orientación para la supuesta ‘atención de afirmación de género’”.

English dijo que la forma en la que el estado socavó sus propios procesos al producir este reporte dañó la moral dentro de la agencia, que, junto con otros segmentos del gobierno estatal de la Florida, ha visto una alta rotación en los últimos años.

“Cuando el proceso y el procedimiento empiezan a quedarse en el camino, eso contribuye a que disminuya la moral, porque la gente [empieza] a [...] cuestionar la forma en la que se están haciendo las cosas”, dijo English.

Los asesores eran “parte del equipo”

En la sentencia de junio, el juez federal de distrito Robert Hinkle escribió que el reporte era, “desde el principio, un esfuerzo sesgado para justificar un resultado predeterminado, no un análisis justo de las pruebas”. Hinkle, juez del Distrito Norte de la Florida y fue nombrado por el ex presidente Bill Clinton, es el mismo que declaró que DeSantis se equivocó al destituir al fiscal estatal de Hillsborough Andrew Warren, pero que no podía devolverle su puesto porque carecía de jurisdicción.

En el caso de Medicaid, Hinkle citó otras incoherencias en el proceso de la agencia estatal. Los funcionarios normalmente solo preparaban este tipo de reporte cuando consideraban un nuevo tratamiento para la cobertura de Medicaid, “pero aquí, aparentemente por primera vez en la historia”, la agencia preparó un reporte sobre tratamientos ya aprobados, escribió Hinkle, y trajeron a expertos que eran “conocidos de antemano por su firme oposición a la atención de afirmación de género”.

El estado apeló la sentencia de Hinkle. En su declaración, Matt Brackett, el autor principal del reporte, dijo que la agencia recurrió a consultores porque esperaban un litigio y necesitaban “un reporte lo más sólido posible”.

El estado contrató a siete consultores por un máximo de unos $322,000, según los registros, y ha desembolsado al menos $93,000.

Romina Brignardello-Peterson, investigadora canadiense, cobró $34,800, de acuerdo con una base de datos de pagos del estado, lo que la convierte en la consultora mejor pagada hasta la fecha. Brignardello-Peterson trabajó anteriormente para Society for Evidence Based Gender Medicine (SEGM). Un grupo de científicos de la Universidad de Yale, en una respuesta pública criticando el reporte de la Florida, llamó a esa sociedad un “grupo activista que se opone a la atención médica estándar para la disforia de género”.

Se le pagaron al menos $15,900 a Andre Van Mol, médico de California y miembro destacado del conservador Colegio Americano de Pediatras (ACPeds), una organización concebida como alternativa a la corriente dominante de AAP. Entre las creencias de este grupo figura la de que los niños salen peor parados cuando son criados por parejas del mismo sexo y que los jóvenes homosexuales pueden “volver” a ser heterosexuales con asesoramiento, de acuerdo con una página de su portal digital.

El estado también le pagó al menos $12,400 a Quentin Van Meter, un endocrinólogo infantil de Atlanta que anteriormente fue presidente del grupo de pediatras conservadores, según muestran los registros estatales.

Los consultores han sido oradores frecuentes sobre el tema

Los consultores contratados por la Florida han viajado por todo el país hablando en los tribunales y las legislaturas para enfrentar las cuestiones relacionadas con los derechos de los transexuales en todo el país, incluso en Ohio, Arkansas y Alabama.

De acuerdo con Pennsylvania Capital-Star, un medio de comunicación sin ánimo de lucro que forma parte de una red nacional de cobertura de los gobiernos estatales, un juez de Texas consideró anteriormente que Van Meter estaba “desacreditado como experto” en tratamientos hormonales (quien también testificó en la Cámara de Pennsylvania sobre el tema de la atención médica a transexuales).

Los otros consultores son Miriam Grossman, psiquiatra infantil neoyorquina cuyo portal digital afirma que “cree que cada niño nace en el cuerpo correcto”; Patrick Lappert, cirujano plástico y diácono católico de Alabama que dijo que la visión transgénero de la identidad es un ataque a los conceptos cristianos fundamentales; James Cantor, psicólogo e investigador sexual canadiense que escribió una respuesta contraria a la política de AAP que apoya la atención médica de la disforia de género; y Gerard Kevin Donovan, bioeticista de Georgetown que escribió que “las denigraciones actuales” empezaron con las píldoras anticonceptivas.

La mayoría de los consultores no respondieron a las preguntas enviadas por correo electrónico o declinaron hacer comentarios. Cantor, en un correo electrónico, dijo que no es parcial en contra de la atención de afirmación de género, sino que de hecho ha apoyado la financiación pública para la transición médica para los adultos, dijo.

“No me opongo ideológicamente a la transición mediacada de menores, pero, como concluyeron todas las revisiones sistemáticas, las pruebas no apoyan el fácil acceso que muchas personas desean”, escribió.

Tema y opiniones polarizantes

Cantor también se mostró en desacuerdo con la idea de que el reporte de la Florida estuviera impulsado por la política.

“Dada la enorme polarización de opiniones sobre el tema, cualquier conclusión que parezca favorecer a una de las partes será tachada de política por la otra”, dijo Cantor. “En el contexto actual, no puedo imaginar a nadie a quien todas las partes acepten como neutral y objetivo”.

Brignardello-Petersen dijo que ella “nunca ha expresado opiniones en torno a la atención que afirma el género, ni en el reporte ni en ningún otro sitio”.

“Como experta en evaluar y sintetizar pruebas, AHCA me pidió, en calidad de consultora, que proporcionara evaluaciones profesionales de las pruebas científicas publicadas usando la metodología de las mejores prácticas”, escribió.

Un responsable de la agencia también buscaba personas que hablaran en contra de la transición médica y estaba dispuesto a pagarle a un consultor para que las encontrara. Jason Weida, quien ahora es secretario de la agencia, le pidió a un consultor que reclutara a floridanos que se arrepintieran del tratamiento de reafirmación de género o a médicos que se volvieran en contra de la práctica, de acuerdo con lo que muestran los mensajes de texto.

Algunos de los consultores también aparecieron en una audiencia en julio de 2022 sobre la exclusión de Medicaid y se opusieron cuando los miembros del público criticaron el reporte del estado. Múltiples consultores en la audiencia facturaron a los contribuyentes miles de dólares por su tiempo.

Mientras los empleados estatales elaboraban el reporte sobre Medicaid, Van Mol le envió por correo electrónico a Weida artículos en los que teorizaba acerca de los “financiadores” del “movimiento trans”, argumentando que estaba relacionado con empresas farmacéuticas.

Ambos mantuvieron el contacto después de la entrada en vigor de la norma de Medicaid y mientras continuaban los litigios sobre la misma. En noviembre, Van Mol le envió un mensaje de texto a Weida para decirle que era un “bajón” no haber testificado ante la Junta de Medicina —que prohibía el tratamiento médico de la disforia de género en niños—, pero dijo que era “muy sabio de tu parte y, por lo tanto, por parte de la Junta, haber seguido mi consejo” de que hablaran los especialistas.

“Formar parte del equipo que impulsa la causa correcta es lo que cuenta, no pulir mi ego :)“, dijo Van Mol en un mensaje.

Premio para los trabajadores del estado que redactaron el reporte

Luego de la publicación del reporte, Weida concedió a los empleados estatales que lo redactaron un “premio a la excelencia” en una ceremonia interna de la agencia en junio, según muestran las fotos publicadas en LinkedIn.

Cuando se le preguntó por los mensajes de texto entre Van Mol y Weida, así como por las fotos de la ceremonia de entrega de premios, Smith, portavoz de la agencia de asistencia de salud, dijo que Times había visto ambos mediante “acoso en línea”. Las capturas de pantalla de los mensajes de texto se incluyeron en documentos judiciales como parte del juicio federal, mientras que las fotos de LinkedIn se hicieron públicas.

Los datos salariales públicos muestran que al menos dos de los funcionarios implicados en la aplicación de esa polémica recomendación recibieron aumentos muy por encima de lo normal.

Cole Giering, administrador de programas de la agencia, ganaba $20,000 más en junio de 2023 que con el mismo cargo a principios del año pasado. Su aumento del 33% en el plazo de 18 meses es unas cinco veces superior a la media de los empleados que ocupaban el mismo puesto, de acuerdo con una base de datos estatal analizada por Times.

Nai Chen, un farmacéutico veterano que participó en la elaboración del reporte, recibió un aumento de unos $13,000 en el mismo periodo, un 13% más. Otros farmacéuticos de alto nivel que no formaron parte del reporte recibieron aumentos ligeramente superiores al 5%, según muestra la base de datos salariales.

Cuando se le preguntó acerca de las diferencias en el pago, Smith dijo que la agencia “proporciona aumentos salariales basados en el mérito para retener a los empleados”. Ninguno de los empleados respondió a los correos electrónicos en los que se les pedían comentarios.

Varios otros funcionarios involucrados en el reporte, incluyendo Brackett, no figuran en la base de datos de salarios y la agencia no ha proporcionado su información salarial.

“Una desviación importante”

Scott Rivkees, quien dirigió el Departamento de Salud de la Florida desde 2019 hasta 2021, dijo que normalmente el tema “delicado y sensible” de cómo tratar la disforia de género se ha dejado en manos del paciente, su familia y sus médicos.

Estados como la Florida que están interviniendo marcan “una desviación importante de cómo se practica típicamente la medicina”, dijo Rivkees en una entrevista.

El reporte de Medicaid no es la primera vez en la administración de DeSantis en la que el proceso para proporcionar orientación sobre ciertos temas de salud parece haber sido influenciado por consideraciones políticas. En abril, Tampa Bay Times informó que los funcionarios de salud de la Florida eliminaron datos clave de un reporte sobre la seguridad de las vacunas COVID-19 que socavaron su recomendación contra los hombres jóvenes para que recibieran las vacunas.

Brackett, el autor principal del reporte de Medicaid, testificó que era una “primicia” que la agencia desarrollara un eslogan para el tipo de reporte que elaboraban: la agencia tituló el paquete final de la investigación “Let Kids Be Kids” (Dejemos que los niños sean niños).

Casi un año después, DeSantis firmó un amplio paquete de proyectos de ley criticados por apuntar a la comunidad LGBTQ+, incluido un proyecto de ley que prohíbe los inhibidores de la pubertad y la terapia hormonal para niños con disforia de género, bajo el mismo título.

En un correo electrónico después de la audiencia de la norma de la Florida, Grossman, uno de los consultores, escribió que le encantó cómo la audiencia aplaudía cada vez que se mencionaba a DeSantis.

“¿A qué estado vamos ahora?”, escribió Grossman a algunos de los otros consultores y a Weida. “Estoy preparado”.

El editor de datos de Tampa Bay Times Langston Taylor contribuyó a este reportaje.