Yahoo Noticias Demanda expone "condiciones brutales" para migrantes embarazadas en detención
San Diego (CA), 17 ene (EFE News).- El caso de una mujer salvadoreña que perdió un embarazo en el centro de detención de Otay Mesa (California) revela "condiciones brutales" contra las mujeres embarazadas recluidas en centros de detención, declaró este viernes la abogada de la víctima, que ha interpuesto una demanda legal.
Rubia Mabel Morales tuvo un aborto hace un año por "condiciones deliberadamente punitivas" de la corporación privada que controla la mayoría de los centros de detención, CoreCivic, y del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), de acuerdo con la abogada Joy Bertrand.
"La señora Morales no es la única mujer que ha pedido un embarazo en ese centro de detenciones; sin embargo, su caso podría demostrar que a este punto ya no es solo incompetencia", dijo la abogada a Efe.
Después de pasar días en una "hielera" de la Patrulla Fronteriza, Rubia Morales fue enviada la noche de Navidad de 2017 al centro de detención, donde se encontró con "comida difícil de digerir y sin valor nutricional", además de que "se le impedía dormir y soportaba bajas temperaturas sin una manta", indica la demanda, interpuesta esta semana.
La migrante pidió ayuda reiteradamente a los celadores mediante un procedimiento en que se pide por escrito asistencia médica, pero de acuerdo con la denuncia pasan semanas antes de que se conceda una autorización para consulta, y entonces hay que esperar entre semanas y meses para poder asistir a la cita.
La única ayuda que la señora Morales recibió, dice la demanda, fue le autorizaran a comprar toallas sanitarias para recoger sangrado, a un costo de un dólar cada una, el equivalente al pago de un día completo de trabajo al interior del mismo centro de detención.
En esas condiciones Morales tuvo un aborto espontáneo el 15 de enero de 2018. En un hospital donde finalmente fue atendida, el personal dijo a la migrante que su embarazo pudo salvarse si un médico la hubiera atendido antes.
La demanda fue presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al que corresponde el ICE, y contra CoreCivic, con sede en Maryland. El texto dice que el ICE ignoró sus propios procedimientos de proporcionar cuidados médicos, en tanto CoreCivic se caracteriza por aletargar la atención médica al punto que registra varias muertes.
La demanda es también contra siete celadores y supervisores que ignoraron las peticiones de auxilio de Morales, quien no fue detenida por cargos criminales, carece de antecedentes, y ahora se encuentra en libertad bajo fianza mientras se resuelve su petición de asilo.
La demanda establece que el caso de la señora Morales esté lejos de ser único, pues "desde los comicios de 2016 el número de mujeres embarazadas detenidas por el ICE aumentó en 52 por ciento; de 1.377 en 2016 a 2.094 en 2018".
Sin embargo, "ninguno de los centros del ICE está equipado con unidades médicas que proporcionen cuidados especializados para mujeres embarazadas", añade.
Debido a eso hubo 28 embarazos perdidos de mujeres bajo custodia del ICE en centros de detención tan solo en 2017.
(c) Agencia EFE
