Fiscales de Palm Beach tratan de mantener sellada declaración de ex del fiscal estatal

Ella es una devota de Donald Trump, tanto que llamó a su perro de tres patas “Ivanka”. Él es un funcionario electo en uno de los condados más azules de la Florida y no es fan del ex presidente. Rápidamente, su matrimonio fracasó. En un comunicado de prensa anunciando la disolución, lo llamaron “el divorcio Trump”.

Los divorcios de alto perfil de los ricos, famosos e influyentes son un elemento básico de Palm Beach. Pero esta ruptura, entre Lynn Aronberg, ex porrista de los Miami Dolphins, y Dave Aronberg, fiscal estatal demócrata del Condado Palm Beach, dio un giro decididamente inesperado.

La “separación amistosa” —así se describe en el comunicado de prensa emitido en julio de 2017, poco más de dos años después de las nupcias— dejó de serlo cuando la oficina de Aronberg presentó cargos penales contra un millonario llamado Glenn Straub, urbanizador propietario del Palm Beach Polo and Country Club que es amigo de Lynn Aronberg. Como parte de la defensa legal de Straub, sus abogados tomaron declaración a Lynn Aronberg.

Lo que dijo bajo juramento durante tres días de interrogatorio es aparentemente delicado. Los fiscales pidieron al juez que presidía el tribunal que sellara la declaración jurada, una acción inusual.

Salvo algunas excepciones relacionadas con asuntos familiares, se supone que lo que ocurre en los tribunales está abierto al escrutinio público. Después que el Miami Herald y el Palm Beach Post conocieron que la la declaración había sido sellada, presentaron una solicitud al juez de circuito de Broward Tim Bailey para que la hiciera pública. El miércoles se celebró una audiencia sobre el asunto. No se tomó ninguna decisión.

Lo que parece claro es que en el curso de tratar de blindar el contenido de un documento, Aronberg ha llamado la atención sobre lo que hay en él.

Straub, de Wellington, está acusado de hurto y fraude. Los abogados de Straub —que en realidad era amigo de ambos— hicieron declarar a la esposa durante tres días, el 2 de julio de 2021, el 14 de diciembre de 2021 y el 1 de marzo de 2022.

Los fiscales pidieron entonces al juez Bailey, quien preside el caso después de que fue trasladado de Palm Beach a Broward debido a la participación en el caso del principal fiscal de Palm Beach, que sellara la declaración jurada, petición que concedió. Bailey también ordenó a las partes que no discutieran con nadie el contenido de la declaración.

En su orden del 30 de septiembre de 2021 para sellar la declaración, Bailey no ofreció ninguna razón para mantener el testimonio en secreto. Solo escribió que la declaración “permanecerá sin ser presentada hasta nueva orden judicial y ninguna parte, incluidos sus abogados o investigadores, difundirá ninguna información relacionada con la declaración”.

Exigió que cualquier otro testimonio de Lynn Aronberg “será igualmente [confidencial] según el acuerdo de las partes”.

Dave Aronberg declinó discutir el inusual litigio con el Miami Herald. Su portavoz en la Fiscalía Estatal, Marc Freeman, emitió una declaración el jueves por la mañana en su nombre: “Hay claros intereses políticos en juego con los esfuerzos por arrastrar al señor Aronberg a un caso penal en el que no ha tenido ninguna participación. En vista de estos esfuerzos, el señor Aronberg contrató a un abogado para asegurar que está representado como ciudadano privado”.

En un correo electrónico, Guy P. Fronstin, abogado de Lynn Aronberg, aceptó ponerse en contacto con ella en nombre del Herald. En el momento de la publicación, no había respondido más.

No está claro cómo encaja Lynn Aronberg en el rompecabezas. En una declaración judicial, los fiscales escribieron que ella “no tiene conocimiento de primera mano” de los delitos de los que se acusa a Straub.

Los abogados de Aronberg escribieron en una moción del 8 de julio que la divulgación de “asuntos sensibles” de la declaración jurada “infringiría su privacidad”.

En su litigio, el Herald, junto con la compañía Gannett, propietaria del Palm Beach Post, argumentó que el documento sellado involucra “asuntos de gran interés público relativos a las acusaciones criminales contra un prominente empresario local y también involucra al fiscal estatal”.

“Este caso suscita un escrutinio público especialmente elevado porque Straub también tiene fuertes conexiones con poderosas figuras públicas dentro de la comunidad”, decía el escrito.

La acusación, de hecho, es un drama con un reparto que incluye a algunos de los personajes más influyentes —o pintorescos— del Condado Palm Beach.

Dave Aronberg fue elegido fiscal estatal por primera vez en 2012. Antes de eso, prestó servicio en el Senado estatal durante ocho años, a partir de 2002. A pesar de ser demócrata, Aronberg fue nombrado zar antidrogas por la entonces procuradora general republicana de la Florida Pam Bondi.

Más recientemente, Dave Aronberg se ha convertido en un entrevistado habitual de los medios de comunicación por cable, comentando sobre política y asuntos jurídicos con regularidad, especialmente en la MSNBC.

Lynn Aronberg fue porrista de los Dolphins en 2006-2007, una temporada en la que hubo poco que animar, ya que el equipo perdió todos los partidos menos uno. Ahora es el rostro de una empresa de relaciones públicas con su mismo nombre, en cuyo portal digital aparecen múltiples fotos de ella con Donald Trump, Melania Trump, Bill Clinton y Tony Blair. Algunos elementos de su matrimonio se hicieron públicos, como el compromiso en la Torre Eiffel y la boda al atardecer en un complejo turístico de St. Pete Beach, ambos relatados por el entonces columnista de chismes José Lambiet. (“Exclusivo: el fiscal estatal Dave Aronberg se casa con la ex porrista de los Miami Dolphins Lynn Lewis en una ceremonia al atardecer”, publicó un titular).

El abogado de Straub, Michael Gottlieb, también es político: demócrata con una oficina de distrito en Sunrise, ocupa un escaño en la Cámara de la Florida. Straub también está representado por Jeffrey Colbath, magistrado en jefe del Condado Palm Beach ya retirado. La contratación de Colbath llevó a varios otros jueces a recusarse.

Para complementar el drama, José Lambiet hace una nueva aparición El ex colaborador del Herald y del Post en diferentes momentos, es ahora un investigador privado que, al parecer, era buen amigo de Lynn Aronberg y fue contratado por el equipo legal de Straub.

Los cargos contra Straub surgen de la ruptura de otra relación. Straub estuvo involucrado durante unos tres años con una mujer de Wellington llamada Jessica Nicodemo. La policía escribió en la demanda de arresto de Straub que él había “hecho innumerables amenazas de arruinar su independencia financiera ... si ella terminaba su relación” o no seguía las reglas que él estableció requiriendo que ella “se reportara” con él constantemente.

“Straub se volvió muy controlador y [Nicodemo] quería salir de la relación”, afirma la policía.

En represalia, afirma la policía, Straub presentó dos embargos, por un total de $77,380, contra propiedades que Nicodemo poseía en 2016. En marzo de 2017, un detective de la policía del Condado Palm Beach intervino una llamada telefónica encubierta entre Straub y Nicodemo. Durante la conversación, escribió el detective, Straub reconoció que los cargos eran falsos, con la intención de lograr que su novia lo dejara.

“Straub le dijo a Nicodemo que ella era una parte intrincada de su futuro”, dice la declaración jurada del detective. “Straub admitió que los cargos se hicieron para protegerlo y mantener a Nicodemo en su relación con él porque no quiere perder a Nicodemo”.

El caso sigue pendiente.

En la audiencia del miércoles, Bailey dijo que las normas que rigen los casos penales generalmente requieren que los registros del tribunal estén abiertos al público. Citando dichas normas, Bailey dijo que “el público debe tener acceso a todos los registros judiciales... excepto para evitar el perjuicio de una parte por revelar” un asunto que debe permanecer confidencial.

Dana McElroy, quien representó al Herald y al Post, argumentó que había un “derecho constitucional de acceso a los registros”.

Una disputa separada involucró la reciente solicitud de Straub de presentar ciertas mociones selladas, lo que significa que solo el juez y el fiscal verían los documentos. Gottlieb dijo que los registros contendrían información médica que su cliente no deseaba compartir públicamente.

Bailey dijo que tenía la facultad de retener esos registros solo en “circunstancias limitadas”.

“Puede hacerlo si el tema justifica que el juez no permita el acceso público a esa información”, dijo Bailey.

Bailey dijo que los registros suelen sellarse cuando su divulgación pondría en peligro el derecho del acusado a un juicio justo. “No me da la impresión de que se trate de un argumento de que el acusado no tendrá” un juicio justo si los alegatos del tribunal se divulgan ampliamente, dijo. Fue entonces cuando Gottlieb dijo que pide privacidad para plantear un “asunto médico”.

McElroy dijo: “Incluso cuando un tribunal esté tomando la determinación de sellar un registro particular, esas audiencias son públicas. Son uniformemente públicas”.