Fiscales federales amplían pesquisa sobre el supuesto mal manejo de registros secretos por parte de Trump

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Department of Justice/PACER

El Departamento de Justicia está ampliando un caso penal contra Donald Trump que alega que el ex presidente obstruyó una investigación del jurado de instrucción al no entregar documentos clasificados de seguridad nacional ubicados en su oficina y en un área de almacenamiento en su casa de Palm Beach que luego fueron encontrados durante un registro del FBI este mes, según una nueva presentación judicial.

Los fiscales dijeron que Trump y sus abogados no cumplieron con una citación en mayo después de que un representante del ex presidente jurara en una declaración jurada que habían realizado una “búsqueda diligente” de docenas de cajas que habían sido retiradas de la Casa Blanca a su propiedad de Mar-a-Lago después que dejó el cargo.

El custodio de los registros de Trump afirmó que el ex presidente había devuelto todos los “documentos que respondían” a la citación del jurado de instrucción federal de Washington DC en junio, lo que los fiscales dijeron que no era cierto en su presentación.

La citación, que normalmente se mantiene sellada para que no sea vista por el público, se hizo pública el martes por la noche junto con la nueva presentación de los fiscales. Solicita “todos y cada uno de los documentos o escritos ... que lleven marcas de clasificación”, incluyendo numerosas referencias a registros Top Secret, Secret y Confidential que involucran asuntos de defensa nacional y armas nucleares.

Nuevos detalles de la investigación federal sobre la retirada por parte de Trump de cientos de materiales clasificados de la Casa Blanca fueron revelados en la presentación del Departamento de Justicia en oposición a la solicitud del ex presidente de un funcionario especial que examinara los posibles documentos con privilegios entre ejecutivo-cliente y abogado-cliente que podrían ser parte del los registros que los agentes del FBI se llevaron de Mar-a-Lago el 8 de agosto.

La jueza federal de distrito Aileen Cannon, que fue nominada por Trump para ocupar el cargo en el sur de la Florida, ya indicó su “intención preliminar” de conceder la solicitud de sus abogados de un maestro especial y planea celebrar una audiencia sobre el delicado asunto el jueves en el tribunal federal de West Palm Beach.

Esa medida podría ser poco común en los tribunales federales de la Florida, pero no en Nueva York, donde se nombraron funcionarios especiales para revisar materiales potencialmente con privilegios entre abogados y clientes en los registros del FBI en las oficinas de los abogados privados de Trump, Rudy Giuliani y Michael Cohen, este último condenado.

Los fiscales federales en Miami y Washington expresaron su oposición en la presentación de 36 páginas con 18 páginas de pruebas, diciendo que no hay ninguna base legal para que se designe un funcionario especial, incluyendo que Trump no tiene “capacidad” para hacer esa solicitud porque los documentos presidenciales, gubernamentales y clasificados que se llevó a su casa pertenecen todos a los Archivos Nacionales y Administración de Registros.

Además, los fiscales afirmaron que hay un “subconjunto limitado” de documentos potencialmente privilegiados que ya habían sido apartados por equipos de “filtro” con el FBI que no forman parte de la brigada de investigación que indaga el supuesto mal manejo de los registros clasificados por parte de Trump. Por último, argumentaron que incluso la jueza Cannon no tiene la autoridad para suprimir o devolver la evidencia a Trump, como sus abogados solicitaron en una demanda civil, concluyendo que si nombra a un funcionario especial eso “obstaculizaría la investigación penal en curso del gobierno”.

Un ‘gran lío’

Varios observadores Observadores dijeron que los abogados de Trump están desdibujando las líneas sobre los documentos “privilegiados”, señalando que no hay privilegio “ejecutivo” porque sus registros como presidente pertenecen al gobierno de Estados Unidos, mientras que los que potencialmente involucran la correspondencia con sus abogados son una preocupación legítima. Aun así, dijeron que la solicitud de un funcionario especial requeriría una autorización de seguridad nacional, una estrategia que pudiera retrasar la investigación del Departamento de Justicia sobre Trump más allá de las elecciones intermedias de noviembre.

“Quieren retrasar esto tanto como sea posible”, dijo el veterano abogado de defensa penal Mark Schnapp, ex fiscal federal de alto nivel en Miami.

Añadió que, irónicamente, el impulso de Trump para el nombramiento de un funcionario especial ha abierto la investigación de los federales al público, creando un “gran lío” para él porque el Departamento de Justicia se ha visto obligado a divulgar evidencia incriminatoria sobre la retirada de registros clasificados que hizo el ex presidente de la Casa Blanca. “Como dice el refrán, ten cuidado con lo que deseas”, dijo Schnapp.

En su presentación más reciente, los fiscales expusieron mucho más que argumentos legales, afirmando que Trump y su equipo de abogados desobedecieron las solicitudes iniciales del gobierno federal y una citación del jurado de instrucción en mayo para entregar todos sus registros en Mar-a-Lago. Señalaron que varios registros clasificados altamente “sensibles” fueron encontrados en la oficina del 45to. presidente y en un área de almacenamiento en su casa de Palm Beach durante el registro del FBI a principios de este mes.

“A pesar de la representación del abogado [de Trump] el 3 de junio de 2022, de que los materiales de la Casa Blanca solo se encontraban en el Área de Almacenamiento [en Mar-a-Lago], se encontraron documentos clasificados tanto en el Área de Almacenamiento como en la oficina del ex presidente”, dijo la presentación de los fiscales.

“Además, el registro arrojó serias dudas sobre la afirmación de la certificación ... de que se había realizado una ‘búsqueda diligente’ de los registros que respondían a la citación del jurado de instrucción”, señaló la presentación.

Durante el registro del 8 de agosto en la casa de Trump, los agentes del FBI incautaron 33 cajas y otros elementos de evidencia que contenían más de 100 registros clasificados, incluyendo “información secreta al más alto nivel”. Solo en el área de almacenamiento, los agentes del FBI encontraron 76 documentos con “marcas de secreto”. Pero además, también incautaron tres documentos clasificados que se encontraban en los escritorios del despacho del presidente, según la presentación.

“El hecho que el FBI, en cuestión de horas, recuperó el doble de documentos con marcas de secreto que la ‘búsqueda diligente’ para la cual el abogado del ex presidente y otros representantes tuvieron semanas pone en duda las declaraciones hechas en la certificación del 3 de junio y arroja dudas sobre el grado de cooperación en este asunto”, dijeron los fiscales en su presentación.

Cajas de documentos

En respuesta a la citación del jurado de instrucción, Trump y sus abogados entregaron lo siguiente: “38 documentos únicos con marcas de clasificación, incluyendo 5 documentos marcados como CONFIDENTIAL, 16 documentos marcados como SECRETO y 17 documentos marcados como SECRETO MÁXIMO”, según la presentación de los fiscales.

Los fiscales dijeron además que el ex presidente y sus abogados “no ofrecieron ninguna explicación de por qué las cajas de registros del gobierno, incluyendo 38 documentos con marcas de secreto, permanecieron en [Mar-a-Lago] casi cinco meses” después de que inicialmente habían entregado 15 cajas con documentos secretos a los Archivos Nacionales en enero después de meses de solicitudes sobre su devolución.

La ampliación de la investigación penal sobre Trump dio un giro dramático el 5 de agosto, cuando los agentes del FBI obtuvieron el permiso de un juez federal para registrar su casa tras descubrir que el ex presidente había sacado ilegalmente 184 documentos secretos de la Casa Blanca y los había guardado en lugares “no autorizados” en su residencia de Palm Beach. Muchos de esos documentos estaban relacionados con “información de defensa nacional”, según una declaración jurada divulgada la semana pasada.

El propio Trump había entregado voluntariamente esos documentos clasificados —mezclados entre revistas, periódicos, fotos, cartas, notas y otro material diverso— en las 15 cajas enviadas a los Archivos Nacionales en enero, después que la agencia federal responsable de custodiar los documentos presidenciales y gubernamentales exigió al ex presidente que devolviera sus registros a Washington.

El descubrimiento de esos documentos secretos formó el conjunto de evidencia que el Departamento de Justicia citó en la orden de registro del FBI que fue aprobada por el juez magistrado tres días antes del registro del FBI en la casa de Trump en Mar-a-Lago. “El gobierno está llevando a cabo una investigación penal en relación con la retirada y el almacenamiento indebido de información clasificada en espacios no autorizados, así como la ocultación o retirada ilegal de registros del gobierno”, escribió un agente del FBI no identificado en la declaración jurada de 32 páginas que apoyó la orden de registro de la agencia.

“Además, hay causa probable para creer que otros documentos que contenían NDI [información de defensa nacional] clasificada o que son registros presidenciales sujetos a requisitos de retención de registros actualmente permanecen en” la residencia de Trump, escribió el agente en la declaración jurada, señalando que ha recibido capacitación en investigaciones de contrainteligencia y espionaje. “También hay causa probable para creer que se encontrará evidencia de obstrucción” en su casa.

El agente del FBI señaló que la investigación comenzó como resultado de una “remisión” de la Administración de Archivos y Registros Nacionales de Estados Unidos al Departamento de Justicia el 9 de febrero. Esa remisión, junto con el material encontrado en mayo cuando los agentes examinaron las 15 cajas que Trump había devuelto, así como la información de varios testigos, condujo al registro del FBI en Mar-a-Lago el 8 de agosto.

Trump, que asegura que había desclasificado todos esos documentos sensibles antes de dejar el cargo, arremetió contra el FBI y el Departamento de Justicia por llevar a cabo lo que ha descrito como otra “cacería de brujas” contra él. La orden de registro del FBI, que fue divulgada previamente por el juez magistrado Reinhart después de que las organizaciones de noticias le pidieran que la desvelara, indicaba que el Departamento de Justicia está construyendo un posible caso penal contra Trump basado en acusaciones de sustracción ilegal de material clasificado, de cometer actos de espionaje y de obstruir la justicia, incluida la destrucción de registros.

El miércoles, Trump se burló de la publicación por parte del Departamento de Justicia de una fotografía como parte de su presentación judicial que mostraba una variedad de documentos clasificados esparcidos por el suelo de Mar-a-Lago durante el registro del FBI el 8 de agosto.

“Terrible la forma en que el FBI, durante el allanamiento de Mar-a-Lago, arrojó documentos al azar por todo el piso (¡quizás pretendiendo que fui yo quien lo hizo!), y luego comenzó a tomar fotos de ellos para que el público los viera”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales, Truth Social. “¿Pensaron que querían mantenerlos como Secreto? ¡Menos mal que los desclasifiqué!”