Yahoo Noticias Un fiscal pidió investigar a Mauricio Macri por el armado de un presunto plan sistemático de inteligencia ilegal
El fiscal federal Franco Picardi pidió que el expresidente Mauricio Macri sea investigado por el presunto armado, durante su gobierno, de un “plan sistemático y organizado” de inteligencia ilegal.
Picardi es el fiscal de la causa en la que están procesados los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani acusados de haber ordenado tareas de espionaje prohibido contra Cristina Kirchner en su casa y en el Instituto Patria, entre julio y agosto de 2018. En ese expediente, Picardi solicitó este lunes que sean elevados a juicio Arribas, Majdalani, el extitular de la Dirección Operacional de Contrainteligencia Martín Coste y el exresponsable del área de Operaciones Especiales de esa dirección Alan Ruiz. Pero además, en esa misma causa, hizo otra presentación en la que apuntó contra Macri: lo acusó de haber sido el responsable último del supuesto espionaje ilegal y pidió que se investiguen las comunicaciones y las visitas de funcionarios de la AFI que recibió en Olivos y la Casa Rosada entre junio y noviembre de 2018.
El fiscal consideró que el análisis de las pruebas reunidas en este caso y en más de una decena de otras causas permite establecer “una sospecha razonable de que las prácticas de inteligencia realizadas sobrepasando el marco legal vigente (...) durante la anterior administración del Poder Ejecutivo Nacional fueron configurativas de un plan sistemático y organizado desde altas esferas del Estado para lograr objetivos políticos y personales, ciertamente alejados de un interés estatal legítimo o convincente”.
Picardi hizo sus presentaciones ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que ahora deberá decidir si avanza con el proceso de elevación a juicio de la causa por el supuesto espionaje del que fue víctima Cristina Kirchner -algo que no tenía previsto hacer por el momento- y qué trámite le da a la denuncia de Picardi contra Macri.
El expresidente no tenía hasta ahora ninguna causa abierta por espionaje ilegal. Estuvo procesado en el caso que investiga el seguimiento de familiares de los tripulantes del ARA San Juan (lo procesó el juez federal de Dolores Martín Bava el año pasado), pero cuando la causa pasó a Comodoro Py fue sobreseído por la Cámara Federal. En cuanto a las demás causas que complican a funcionarios de su gobierno, en ninguna está imputado.
Picardi sostuvo en su presentación de este lunes que del análisis “en conjunto y comparativo” de distintas denuncias de actividades de la AFI durante el gobierno de Macri surgen “rasgos llamativa y sospechosamente similares”. Dijo que hay elementos para creer que las distintas “acciones de inteligencia vedadas” llevadas a cabo en ese período “se ajustaron a un sistema” que “fue organizado, en tanto se estableció un mecanismo de coordinación de personas y medios adecuados para lograr el fin pretendido”. Según Picardi, hay pruebas para creer que el responsable de ese sistema fue Macri, “superior inmediato de los procesados Arribas y Majdalani”.
De carrera judicial, Picardi es fiscal federal desde 2015. Fue designado cuando Alejandra Gils Carbó era procuradora. Antes, había sido subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia. Integraba el grupo de camporistas del equipo de Julián Álvarez, el entonces número dos del ministerio.
Los argumentos contra Macri
Los fundamentos en los que el fiscal sostiene su pedido para avanzar contra el expresidente son:
- La relación directa que hay entre el titular del Poder Ejecutivo y las máximas autoridades de la AFI, que son designadas por él y le responden sin intermediarios. “Más aún -dijo Picardi-: la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional establece expresamente que el Presidente de la Nación constituye la autoridad política superior del sistema de Inteligencia Nacional.”
- Que a principios de 2016, Macri dictó actos “que aumentaron el presupuesto de la AFI, a la vez que fomentaron la opacidad en la administración de los recursos y posibilitaron un diseño institucional que supuso un relajamiento de controles internos”.
- Que más allá de la AFI, hubo otras “agencias gubernamentales” que durante el gobierno de Macri se involucraron de forma “activa o pasiva” en actos de espionaje. Por ejemplo, destaca que en la causa conocida como “Gestapo”, que investiga el supuesto armado de causas contra Juan Pablo “Pata” Medina intervinieron, además de la AFI, funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal. Para Picardi, eso permite creer que hubo alguien, por encima, que coordinó la intervención de funcionarios que no respondían a un mismo jefe. El fiscal alude también a la coordinación entre agentes de la AFI y del Servicio Penitenciario Federal, que salieron a la luz en las causas que investigan las pinchaduras de teléfonos en la cárcel de Ezeiza.
- Los “intereses personales” de Arribas y el propio Macri detrás de algunas actividades de espionaje ilegal, como “los seguimientos que se establecieron en perjuicio de Salvatore Pica, la pareja de Florencia Macri, hermana del expresidente, y del periodista Hugo Alconada Mon”. Sobre Alconada, Picardi afirma: “Este último dio cuenta de publicaciones suyas en el diario LA NACION en fechas cercanas a la producción de inteligencia ilegal que padeció, de evidencias de participaciones de Arribas como posible intermediario de sobornos que fueron pagados por la constructora brasilera Odebretch en nuestro país, de posibles intervenciones ilegales de Gianfranco Macri, hermano de Mauricio Macri, en el llamado caso “Panama Papers”, y sobre aportes y gastos sospechosos de las propias campañas electorales del expresidente la Nación.
- Los mensajes sobre “el circuito de datos de inteligencia” cruzados entre agentes de la AFI y “al menos una funcionaria del Poder Ejecutivo”. Esa funcionaria es Susana Martinengo, que era coordinadora de Documentación Presidencial. En una comunicación que cita Picardi, ella le dice a Leandro Araque, un exespía que después sería procesado: “Lea, volveme a pasar el informe, que le interesa al 1 y lo borré. Dale. Pasámelo que lo está esperando”.
- “La creación de seis bases nuevas [de la AFI] en territorio de la provincia de Buenos Aires” a partir de mediados de 2016, que se crearon con el objetivo declarado de investigar delitos federales pero se habrían destinado, según un fallo del juzgado federal de Dolores, “a realizar, de manera prácticamente exclusiva, espionaje político en la provincia de Buenos Aires”. Arribas y Majdalani fueron procesados por estos hechos, pero la Cámara Federal revocó esos procesamientos y dictó la falta de mérito de ambos.
- Las características comunes de los espiados, que se caracterizaban por “sus actividades públicas” y, en particular, “de orden político partidarias”. Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Luis Barrionuevo, Emilio Monzó y Diego Santilli son algunas de las presuntas víctimas del sistema de seguimientos ilegales. También los gremialistas Hugo y Pablo Moyano, y Medina.
Picardi destaca en su denuncia que Arribas y Majdalani están procesados, también, por falsedad ideológica, por haber producido documentos falsos para intentar dotar de legalidad las maniobras de inteligencia prohibida.
Medidas de prueba
En su presentación de este lunes, titulada “Postulo extracción de testimonios y medidas de prueba”, Picardi solicitó que se le pida a la AFI el detalle de “todas las líneas telefónicas institucionales” que se les asignaron a Macri, Arribas, Majdalani, Ruiz, Juan Sebastián De Stéfano y Bernando Miguens entre junio y noviembre de 2018, y que la AFI proporcione los equipos de telefonía celular que ellos usaron.
También que la Dajudeco -que tiene a su cargo las escuchas ordenadas por la Justicia- entregue el registro de todas las comunicaciones producidas entre las líneas de teléfonos de esas mismas personas. Y que la Jefatura de Gabinete aporte “los registros completos de ingresos y egresos a la Quinta Presidencial de Olivos y a la Casa Rosada”, entre junio y noviembre de 2018 de Arribas, Majdalani, De Stéfano y Miguens, así como un detalle de “todos los ingresos que se produjeron en ambas sedes en aquellos días en los que se verifiquen visitas de las personas nombradas”.
