Fiscal estatal de Miami contrata a experto en ética mientras abogados defensores exigen reformas

Ante acusaciones de que fiscales deshonestos operan libremente en su oficina, la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, contrató al jefe de ética del condado para que se una a su equipo de liderazgo y está considerando una solicitud para crear una unidad de integridad de la fiscalía.

José Arrojo, director ejecutivo de la Comisión de Ética y Confianza Pública de Miami-Dade, anunció su renuncia, efectiva el 9 de junio, para incorporarse a la oficina de Fernández Rundle.

“Se me brindó la oportunidad de regresar a nuestro equipo de liderazgo de la fiscal estatal cuando la Sra. Fernández Rundle comience su noveno mandato en el cargo, por lo que sigo empeñado en servir a la comunidad”, escribió Arrojo en una carta de renuncia el 7 de mayo.

José Arrojo, director de la Comisión de Ética de Miami-Dade, anunció que regresa a la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, donde reportará a la fiscal estatak Katherine Fernández Rundle.
José Arrojo, director de la Comisión de Ética de Miami-Dade, anunció que regresa a la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, donde reportará a la fiscal estatak Katherine Fernández Rundle.

Su cambio de trabajo ocurre en momentos que la fiscalía enfrenta peticiones de reforma. Líderes de la sección de Miami de la Asociación de Abogados Penalistas de la Florida se reunieron con la fiscal estatal la semana pasada sobre lo que describen como mala conducta de parte de fiscales en casos penales.

Los abogados defensores están pidiendo a Fernández Rundle la creación de una nueva unidad, a cargo de una persona externa que nunca haya trabajado en la oficina. La unidad examinaría las condenas en las que se haya alegado mala conducta, asesoraría a los fiscales sobre asuntos éticos en los casos en curso y atendería las preocupaciones de los abogados defensores.

Lauren Field Krasnoff, presidenta de la sección, dijo que ella y la presidenta electa Zena Duncan se reunieron con Fernández Rundle el jueves, y que Arrojo también estuvo en la reunión.

Las preguntas del Miami Herald a la Fiscalía Estatal sobre la reunión y sobre el nuevo papel de Arrojo no obtuvieron respuesta el lunes. Arrojo dijo en una respuesta por correo electrónico al Herald que reportará directamente a Fernández Rundle, pero sus “deberes y asignaciones exactas” como asistente principal de la fiscal estatal aún no se han determinado.

En una nota interna, Fernández Rundle dijo que había “desarrollado experiencia en el gobierno local ético” y que aportaría un “conjunto de habilidades únicas” después de proporcionar orientación ética y opiniones a los funcionarios del condado y de la ciudad, miembros del consejo y empleados en Miami-Dade.

Las críticas a la oficina de Fernández Rundle se encendieron tras un embarazoso episodio judicial en marzo, cuando un juez expulsó a dos fiscales por su mala conducta de un caso de sentencia de pena de muerte.

Krasnoff dijo que los problemas van más allá de uno o dos fiscales. Dijo que llevó a la reunión más de una docena de ejemplos específicos de clara mala conducta de los fiscales. En su opinión, la reunión fue bien, aunque no se tomó ninguna decisión.

“Fue una buena reunión”, dijo Krasnoff. “La fiscal estatal escuchó y se mostró receptiva a nuestra visión de los problemas de su oficina”.

En un correo electrónico enviado el domingo a los abogados de su organización, dijo que había subrayado que la mayoría de los problemas ya se habían planteado a la Fiscalía Estatal, pero que “rara vez los fiscales enfrentaban consecuencias por sus acciones”.

Continuó: “También volvimos una y otra vez a nuestro punto principal de que el problema es mayor que estos ejemplos individuales, y que es deber de la Fiscalía Estatal investigar y resolver los problemas”.

Dijo que Fernández Rundle pidió 45 días para considerar las propuestas antes de reunirse de nuevo.

Arrojo fue fiscal más de 20 años y renunció 2018 para irse a la Comisión de Ética. Una nueva ley estatal aprobada este año por la Legislatura estatal limita severamente la autoridad de los vigilantes de ética como lo era él, despojándolos de la capacidad de iniciar sus propias investigaciones sobre posibles actos de corrupción pública y fechorías. La ley fue aprobada el 7 de marzo, pero ha permanecido inmóvil; no ha sido presentada al gobernador para que la firme.