Finalmente el kirchnerismo decidió no movilizar este viernes cuando Cristina haga su descargo

Manifestantes durante la vigilia en Recoleta
Manifestantes durante la vigilia en Recoleta

Este viernes, cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner exponga ante la justicia en el marco de la causa Vialidad, no habrá una movilización en su apoyo como se barajó en los últimos días . Así lo confirmaron a La Nación fuentes cercanas a la exmandataria, quienes explicaron que si bien se barajó la posibilidad de hacerlo, finalmente se decidió que no. “Hubo consultas y se decidió de movilizar”, explicaron a este diario aunque evitaron mayores precisiones respecto del motivo que llevó a esa decisión.

En tanto dejaron abierta la posibilidad de lo que sucederá al momento de conocerse el veredicto en el caso , previsto para los próximos meses. “Falta bastante. Después más adelante se verá”, dijeron. El fallo en el juicio podría conocerse entre noviembre y diciembre y lo que pueda generarse allí respecto de una eventual movilización enciende alarmas en el oficialismo. Incluso desde antes de que la vicepresidenta fuera atacada la noche del 1° de septiembre.

Este fin de semana había trascendido la posibilidad de que se realizara una movilización de apoyo a Kirchner este viernes, cuando culmine la tercera audiencia de alegatos de la defensa de Kirchner, encabezada por el penalista Carlos Beraldi, y ella misma haga su descargo en el caso. Quien primero verbalizó públicamente una posible movilización de apoyo fue el sindicalista Pablo Moyano, uno de los triunviros que conduce la CGT. Fue en una decisión que incluso generó algunas rispideces puertas adentro de la central, en la que el tema no había sido considerado aún. “La CGT está en estado de alerta y movilización. Se habla de un acto el 23 de septiembre, cuando la vicepresidenta declare y vamos a acompañar de forma masiva también a esa movilización”, dijo Moyano este jueves en una entrevista televisiva.

Moyano no fue el único que barajó la idea, que luego terminó dándose por tierra. Tanto en el Gobierno como en la filas del kirchnerismo duro y los movimientos sociales se evaluó la idea de dar un “acompañamiento” a la vicepresidenta, que enfrenta un pedido de pena de 12 años en el caso. Pero el caso también planteaba discrepancias en las distintas terminales donde consideraban que el tema era “sensible” no solo por una cuestión de seguridad sino también por la posibilidad de que se sintiera como una “advertencia” o ”intromisión” frente a la justicia.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - SEPTEMBER 01: Vice President of Argentina Cristina Fernandez (C) greets supporters that waited for outside her home at Recoleta neighborhood after opening a session at the National Congress on September 1, 2022 in Buenos Aires, Argentina. A man who triggered and did not fire a loaded gun at point-blank range toward Cristina Fernandez was detained outside her home on Thursday night. President of Argentina Alberto Fernandez in a national broadcast announced a national holiday for Friday September 2. (Photo by Tomas Cuesta/Getty Images)

La vicepresidenta enfrenta un escenario de seguridad complejo desde que fue atacada la noche del 1° de septiembre, en las puertas de su domicilio, en el barrio de Recoleta. Por el caso ya hay cuatro detenidos, en el marco de una investigación de la justicia federal. Desde entonces se extremaron las medidas de custodia de Kirchner, quien durante los diez días previos a su ataque había repetido la misma rutina de entrada y salida de su domicilio acercándose a la militancia que la apoyaba y en la que se infiltraron sus agresores.

Las fuentes consultadas por La Nación, que declinaron de responder sobre lo que puede pasar a futuro con las muestras de apoyo a Kirchner, como cuando se conozca el veredicto en el caso, focalizaron en lo que pasa actualmente en el debate. “Lo importante es concentrarse en los alegatos del doctor Beraldi que desde ayer están rebatiendo los argumentos de los fiscales (Diego) Luciani y (Sergio) Mola”, explicaron en referencia a lo que sucede actualmente en la causa en la que se juzga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en favor de Lázaro Báez.

“Si Mola y Luciani fueran empleados de una empresa privada ya estarían presentando sus renuncias”, sostuvieron cerca de la exmandataria. Fue al aludir que hoy “Beraldi rebatió con la prueba del operativo “limpien todo””, explicaron. “Los fiscales la pusieron a Cristina en una reunión en Santa Cruz en una reunión mientras ella estaba en Bariloche con (Miguel Ángel) Pichetto”, decían. Al tiempo que se manifestaban, en línea con los dichos de Kirchner, en que “lo que hicieron los fiscales ahora son acusaciones falsas” y “si la justicia actúa en serio debería haber un veredicto absolutorio”.