Falso que ambientalistas no alertaron sobre Calica antes del sexenio de AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que “no hubo ambientalistas” que reclamaran por las actividades de la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) en los más de 30 años que ha extraído piedra de Quintana Roo. 

Sin embargo, se trata de una afirmación falsa. Hay fotos, testimonios e incluso un documental que confirman que ambientalistas alertaron sobre las actividades de Calica antes de que iniciara su gobierno.

“Calica hizo lo que quiso con la complicidad de los ambientalistas”, dijo en la conferencia matutina, reclamando supuesta hipocresía porque ahora denuncian el daño ambiental por el Tren Maya. 

“¿Cuándo llegaron los ambientalistas a Calica? ¿Cuándo?”, cuestionó el mandatario. “Los ambientalistas evidenciaron esos daños”, insistió una periodista. 

“Nada, nada”, aseguró López Obrador. 

Contrario a la declaración del mandatario, Iván Restrepo, director general del Centro de Ecología y Desarrollo (Cecodes), explicó que, en los 90 él mismo acompañó al Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) en las advertencias sobre este proyecto. 

“Si una batalla han dado realmente los ecologistas fue la batalla contra Calica (…) a mí me tocó encabezarla junto con el Grupo Ecológico del Mayab, ellas fueron las que dieron la primera voz de alerta”, dijo en entrevista con El Sabueso. 

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De acuerdo con sus columnas en La Jornada, tanto GEMA como grupos de ambientalistas locales comenzaron a protestar por Calica en 1986, obligando a la empresa, dedicada a extraer y exportar piedra caliza al extranjero, a emitir una “declaración de principios” donde se comprometía con el medio ambiente. 

Protestas por Calica antes del gobierno de AMLO

En 2016, Cancún fue la sede de la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad (COP13) a la que asistió el entonces presidente Enrique Peña Nieto. A las afueras del recinto, se tomó una fotografía donde Marciano Toledo Sánchez, el hoy regidor de Solidaridad -entonces activista social- y otros ambientalistas se manifestaron en contra de las actividades de Calica. 

“A todos los ambientalistas: Frenen el ecocidio y daños a nuestros mantos freáticos y la devastación de mineral pétreo de las empresas ecocidas: Calica (Vulcan) y ABC”, se lee en la imagen publicada por Quinta Fuerza en 2016.

Ese mismo año, Carlos Underwood y Sergio Santiago grabaron el documental “Erosión”, que se publicó hasta el 6 de junio de 2018, meses antes de que López Obrador llegara a la presidencia.

Este filme expone los conflictos ambientales en la zona norte de Quintana Roo, incluido el caso Calica. Sus imágenes, acompañadas de señalamientos por explotar “más de lo que tiene permitido” y de propiciar “el mayor desastre ambiental en la Península de Yucatán”, fueron incluso transmitidas en la mañanera del 4 de mayo de 2022. 

“El Gobierno Federal no citó la fuente (en la conferencia) y evitó decir la verdad: el documental denunciaba Calica desde 2016 y esos mismo activistas son los que hoy se oponen, no al desarrollo, sino al ecocidio del tramo 5 del Tren Maya”, señaló Underwood en una entrevista.

Además, Otto Von Bertrab, director General del Río Secreto, una reserva natural cercana a la zona de explotación de Calica, advirtió a Canal 10 de Playa del Carmen las consecuencias de la minería de esta empresa. 

“Es triste que ves en un mapa satelital y ves agujeros kársticos en nuestra Península. Probablemente en algún momento dijeron ‘es un negocio, generará empleos’, hoy yo te puedo decir que fue un error, están en zonas turísticas con potencial de ecoturismo, (con potencial) de ser responsables con la naturaleza”, aseguró.

Otro evento que hizo a los activistas levantar la voz, fue en 2017, luego de que el diputado local Carlos Toledo publicó el video de un sobrevuelo de la zona de Calica, que exponía las consecuencias de la extracción. 

Organizaciones como La Tierra Nuestra Casa se pronunciaron al respecto y señalaron: “Condenamos y exigimos se castigue a los responsables de este ecocidio en la Riviera Maya”. 

Además, un exhorto del Senado de la República, emitido desde el 26 de abril de 2017 y firmado por la entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva, Blanca Alcalá Ruiz, señala que a finales de los ochenta la sociedad civil en Quintana Roo mostró preocupación por la ecología gracias a varios proyectos que impactarían la zona. 

“Uno de los eventos que propició el inicio del movimiento ambientalista en Quintana Roo fue la entrada en operación de la empresa Calica”, se lee en el archivo, que también señala la afectación al patrimonio cultural por la presencia de sitios arqueológicos en esa zona.

En 2018, meses antes de que López Obrador llegara a la presidencia, se registró una nueva protesta encabezada por Marciano Toledo,  afuera de las instalaciones de Calica. 

“Están ofreciendo 50 millones de dólares de soborno para que se cambie el uso de suelo, no lo permitamos, señalemos a esos vende patrias, si lo llegan a hacer”, asegura en un video publicado por Noticaribe en enero de ese año. 

Toledo, además de entrar al servicio público, lidera la organización Grupo Cívico Político 28 de Julio, que también denunció el ecocidio de Calica antes del sexenio de López Obrador. 

Calica y sus permisos de extracción

El negocio de Calica, ahora llamada Sac-Tun, pertenecía a Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) y Vulcan Material Company, un gran productor de piedra triturada, arena, grava, entre otros insumos para la construcción, que en 2001 compró las acciones de su socio. 

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A grandes rasgos, un primer permiso, otorgado en 1986, permitía a Calica extraer roca caliza por debajo del manto freático en el predio “La Rosita”. Para 1996 el gobierno permitiría la extracción superficial en “El Corchalito” y “La Adelita”.

Cuatro años después, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), dirigida entonces por Julia Carabias, autorizó una vigencia de 20 años para la extracción subterránea de material pétreo. 

El 5 de mayo de 2022, y luego de ser señalada también por López Obrador, Carabias reconoció en una carta que el permiso fue entregado. No sin antes asegurar que fue tras revisar manifestaciones de impacto ambiental y aclarar que la autorización se dio para extraer piedra por debajo de dos predios que ya trabajaba la empresa y con “estrictas medidas para mitigar el daños”.

A partir de ese año y ya en el sexenio de López Obrador, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró y sancionó a Calica en varias ocasiones por “aprovechamiento de roca mayor de lo autorizado” y por daños graves a los ecosistemas.

Las autoridades también denunciaron a Calica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el desastre en Quintana Roo, pero ahora buscan llegar a un acuerdo para adquirir 2 mil hectáreas de zona afectada por entre 6 y 8 millones de pesos. ¿El objetivo? Convertir una parte del terreno en un centro de diversión y el resto en una reserva natural protegida.