Exige California a Florida y DeSantis registros de vuelos de migrantes a Sacramento

El procurador general de California, Rob Bonta, exigió el miércoles más respuestas sobre los dos vuelos privados que trasladaron a 36 migrantes latinoamericanos a Sacramento a principios de este mes, y presentó una solicitud de registros públicos a las autoridades de Florida, incluida la oficina del gobernador Ron DeSantis, quien se ha atribuido el mérito del llamado programa de reubicación de migrantes.

Tres docenas de migrantes, todos adultos y la mayoría de ellos procedentes de Venezuela, fueron trasladados en avión a los aeropuertos del área de Sacramento los días 2 y 5 de junio desde El Paso, Texas, con una escala en Nuevo México.

La oficina de Bonta presentó el miércoles un par de solicitudes de registros públicos –una a la oficina de DeSantis y otra a la División de Gestión de Emergencias de Florida– como “parte de una investigación policial en curso sobre las condiciones en las que los migrantes en busca de asilo fueron llevados a California”, dijo Bonta en un comunicado.

El Departamento de Justicia de California “inició rápidamente una investigación sobre las circunstancias en las que estas personas fueron llevadas a California, quién financió su viaje y si se les proporcionó información falsa”, prosigue el comunicado de Bonta.

La oficina del gobernador de Florida confirmó que fue responsable de esos dos vuelos, pero sostiene que los 36 migrantes solicitantes de asilo dieron su consentimiento para el viaje.

Funcionarios de DeSantis compartieron un enlace a un video de Rumble que supuestamente muestra a los migrantes firmando dispensas y abordando el avión con destino a California; el video no identifica a las personas que hablan en él, y The Sacramento Bee no pudo confirmar la veracidad del video.

Las autoridades de California afirman que los migrantes que llegaron –los 16 primeros fueron dejados en la puerta de la Diócesis Católica romana de Sacramento– tenían documentos que indicaban que formaban parte del “programa de transporte voluntario de migrantes” de Florida. Algunos de los solicitantes de asilo que llegaban tenían citas inminentes con el tribunal de inmigración, incluso en distintos estados, algunos tan lejanos como Nueva York y Florida, según las autoridades.

Los documentos sugerían que Florida había contratado a Vertol Systems Co. para llevar a cabo los vuelos. Se trata de la misma empresa que Florida contrató el pasado otoño para transportar a 49 inmigrantes desde San Antonio, Texas, a Martha’s Vineyard, Massachusetts.

Los registros de vuelo revisados por The Bee mostraron que los dos vuelos fletados recientes a Sacramento fueron operados por una empresa conocida como Berry Aviation.

La semana pasada, la División de Gestión de Emergencias de Florida hizo pública una copia ampliamente tachada de las propuestas de tres empresas que licitaron por el contrato del programa de vuelos de inmigrantes, incluida Vertol, después de que el periódico hermano de The Bee, Miami Herald, amenazara con presentar una demanda judicial por los documentos.

Gran parte de los documentos publicados estaba tachada, y los funcionarios de Florida alegaron que se trataba de “información confidencial de secreto comercial”.

El máximo responsable de la aplicación de la ley en California solicita ahora que los funcionarios de Florida presenten la versión no tachada de esos documentos, así como varias otras categorías de documentos.

Entre ellos se incluyen las comunicaciones entre las dos oficinas gubernamentales de Florida y cualquiera de los inmigrantes que fueron transportados a California; las comunicaciones entre las dos oficinas y el Departamento de Transporte de Florida; y las comunicaciones entre las dos oficinas y cualquier entidad involucrada en el programa, incluidas Vertol Systems y Berry Aviation.

Bonta y el gobernador Gavin Newsom culparon a DeSantis de inmediato después de los dos vuelos, y ambos sugirieron que California pudiera presentar cargos penales por secuestro, aunque expertos legales dicen que es poco probable que eso ocurra.

“Necesitamos entender las circunstancias que llevaron a la implementación de esta operación –que aparentemente fue pagada con dólares de los contribuyentes de Florida– y las decisiones y directivas que llevaron a este acto cuestionable”, escribió Bonta en la declaración del miércoles.

“La información recopilada será crucial para determinar si se ha violado la ley y, en caso afirmativo, qué medidas posteriores son necesarias para evitar que se repita tal desprecio por los derechos humanos”.

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