Yahoo Noticias Excarceladas, pero no libres: los obstáculos que enfrentan las beneficiarias de la Ley de Utilidad Pública en Colombia
“Dios mío, le entregaste también la libertad a mi hijo”, dijo Patricia Cortés cuando salió de la cárcel El Buen Pastor el 17 de septiembre de 2024. Tenía la expectativa de poder garantizar la alimentación y la salud de su hijo al salir de prisión. Sin embargo, tras seis meses en libertad, aunque agradece ser beneficiaria de la Ley de Utilidad Pública, señala los vacíos de la norma: “Uno sale vulnerable de la cárcel”.
La ley, que permite que las mujeres cabeza de familia puedan cumplir su condena por fuera de prisión a cambio de un servicio comunitario no remunerado, es considerada la primera política penal con enfoque de género en Colombia y una referencia para América Latina. Sin embargo, a los dos años de su aprobación, siguen existiendo obstáculos para que las mujeres privadas de la libertad puedan acceder a la ley y reincorporarse a la sociedad de manera efectiva.
La ley que excarcela a las cuidadoras en Colombia
Cortés, de 22 años, ingresó a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, el 31 de octubre de 2023. Fue condenada a seis años y cinco meses de prisión por concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Su hijo nació cuatro días después.
Cuando escuchó por primera vez sobre la Ley de Utilidad Pública, le habían negado la prisión domiciliaria siete veces, dice.
Cumplía los tres requisitos para acceder al beneficio: ser mujer cabeza de familia, tener una condena inferior a los ocho años o por delitos relacionados con hurto o estupefacientes y haberlo cometido condiciones de marginalidad.
“Mi mamá vendía drogas y yo la acompañaba. Caí pendejamente, nos acusaron de ser cabecillas de una banda”, cuenta. Sin embargo, asegura que no tenía la intención de hacerle daño a nadie y que la necesidad fue lo que las motivó: “Somos ocho hermanos, cinco son menores de edad. Mi papá es habitante de calle. Mi mamá trabajaba en el parque central de Fusagasugá vendiendo maíz, burbujas, helado, pero lo que ganaba no alcanzaba para la casa”.
Este contexto, sumado a la documentación que recopiló su abogado, que incluía entrevistas a sus hermanos que demostraban cómo los había impactado el encarcelamiento, fue suficiente para que un juez les concediera el beneficio.
La Ley de Utilidad Pública fue sancionada el 8 de marzo de 2023 y desde entonces, hasta el 28 de febrero de 2025, 133 mujeres han quedado en libertad, según cifras del Ministerio de Justicia de Colombia. Una cifra muy baja si se tiene en cuenta que, entre 2.000 y 3.000 personas, de acuerdo con la organización sin fines de lucro Mujeres Libres, cumplen los requisitos para ser beneficiarias.
El desconocimiento de la ley y la dificultad para documentar el caso son algunos de los principales obstáculos que han identificado las organizaciones de la sociedad civil que le hacen seguimiento a la norma. A esto se suman las interpretaciones que hacen los jueces, quienes deciden si otorgan o no el beneficio, sobre el concepto de marginalidad y cuidado.
Para hacerle frente a esta problemática, organizaciones como Mujeres Libres, que trabaja para garantizar los derechos de las mujeres que están en prisión y sus familias, han realizado talleres de socialización de la norma en cárceles y con funcionarios de la rama judicial.
Sin embargo, asegura Claudia Cardona, directora de la organización, aun cuando las mujeres pueden superar estos obstáculos, se enfrentan a la inexistencia de una política pública para la salida de la cárcel, incluso aunque organismos del Estado hayan lanzado iniciativas para que facilitar el acceso a la ley. “Las mujeres no tienen trabajo, el sistema financiero se cierra, se enfrentan a la ruptura de vínculos familiares, no hay atención psicosocial. Uno está condenado de por vida”, concluye.
Los desafíos de salir de prisión
“Cuando salí de la cárcel no miré hacia atrás”, dice Cortés. Recibió la boleta de libertad el mismo día que su madre, a quién también le otorgaron el beneficio. Llegaron de sorpresa a su casa en Fusagasugá, un municipio a 70 km. de Bogotá, cerca de la medianoche. Su abuela lloró de la emoción mientras que algunos de sus hermanos no la reconocieron. “Era una completa extraña”, dice.
Adaptarse a su nueva cotidianidad no ha sido fácil. El curso de preparación para la libertad que hizo en la cárcel no le enseño cómo enfrentarse a la estigmatización: “Si tengo antecedentes, ¿cómo busco trabajo?”. Durante los seis meses que ha estado fuera de prisión, aunque tiene estudios técnicos como auxiliar de enfermería, solo ha recibido ofertas para trabajar por días como vigilante, conductora, vendedora informal y empleada doméstica.
Su prioridad en este momento es el servicio comunitario que presta, de lunes a viernes, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a través del cual conmuta su pena. Sin embargo, los horarios son un obstáculo para encontrar un empleo estable y, en consecuencia, obtener los recursos económicos para ejercer su rol de mujer cabeza de familia.
La ley de Utilidad Pública prometía la expedición de una política pública de empleabilidad orientada a mejorar la formación laboral en las cárceles y garantizar que las mujeres beneficiarias pudieran vincularse al mercado laboral. Sin embargo, el plazo de dos años que tenía el Ministerio de Trabajo, en alianza con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Comercio, está próximo a vencerse y no hay mayores avances en el diseño de la política.
CNN se ha contactado con el Ministerio de Justicia para obtener más información.
“¿Cómo hago para distribuir el tiempo entre mi hijo, el trabajo y el servicio social?”, dice Cortés. Es madre soltera y no tiene un círculo de apoyo que colabore con el cuidado de su hijo como sucedía en prisión. Aunque la ley colombiana permite que los hijos de las personas privadas de la libertad estén junto a sus madres en los centros de reclusión hasta los tres años, también les exige designar dos “acudientes”, que pueden hacerse cargo del menor durante salidas temporales o en otras situaciones como citas médicas. Durante la estadía de Cortés en prisión, ese rol lo asumió una mujer que pertenece a un grupo pastoral y que vive en Bogotá, a tres horas de distancia. Ahora, le ayuda cuidando a su hijo entre semana.
“Yo sé que el otro año mi hijo va a estar conmigo todos los días, por eso no me voy a derrumbar”, asegura Cortés mientras hace cuentas. En febrero de 2026 completaría el tiempo de servicio comunitario que le exige el Ministerio de Justicia. “Me voy a enfocar en completar mi condena (…) Quiero inscribirme a la universidad, estudiar derecho y ayudar a las mujeres en la cárcel, también me veo jugando profesionalmente fútbol de salón”.
La importancia de una política criminal con enfoque de género
Aun cuando existen obstáculos para su implementación, la Ley de Utilidad Pública es un referente en materia de enfoque de género porque tiene en cuenta el perfil de las mujeres que está en privadas de la libertad, asegura Liliana Sánchez, doctora en ciencias Jurídicas y vicerrectora de investigación de la Universidad Javeriana.
La investigación “Mujeres y prisión en Colombia”, de la que Sánchez es coautora, evidencia el contexto familiar de las mujeres infractoras, los motivos por los que ingresan al sistema de justicia penal y los efectos que tiene su encarcelamiento en sus familias.
Una de las principales conclusiones es que, antes de su detención, la mayoría de las mujeres era cabeza de familia, más de la mitad no había terminado la escuela secundaria y pertenecían a estratos socioeconómicos bajos.
Además, en tanto ellas eran las principales cuidadoras, su detención tuvo impactos adversos en sus hijos. La mayoría queda bajo el cuidado de la familia extensa y, en algunos casos, son separados de sus hermanos. En contraste, “cuando el detenido es el padre, los hijos siguen permaneciendo bajo el cuidado de la madre”, indica el informe.
Sobre el perfil delictivo de las mujeres, la investigación evidencia que los principales delitos por los que muchas de las mujeres son condenadas son tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y hurto. Es decir, según la investigación, muchas han cometido delitos no violentos y no representan un riesgo grave para la seguridad ciudadana.
La importancia de identificar estas diferencias entre hombres y mujeres “en términos del camino hacia el delito y los impactos diferenciados de la prisión”, señala Sánchez, radica en que se pueden formular políticas criminales más eficaces para evitar que las mujeres vuelvan a delinquir y que se exacerbe la desigualdad de género.
La “guerra contra las drogas” y su impacto desproporcional en las mujeres en América Latina
El panorama en América Latina no es diferente. En las últimas dos décadas se ha registrado un aumento exponencial de la población carcelaria femenina, según un informe de 2020 de la organización estadounidense de derechos humanos WOLA, que concluye que esta tendencia se debe a que las leyes contra las drogas afectan desproporcionadamente a las mujeres.
“Los roles en los que generalmente se reclutan a las mujeres en los mercados de drogas son roles de alta exposición (…) Cuando hay un operativo, son las primeras en ser detectadas en flagrancia y son rápidamente criminalizadas”, explica Isabel Pereira, coordinadora para la línea de política de drogas de la organización sin fines de lucro Dejusticia.
Sin embargo, la legislación no distingue los niveles de participación en el tráfico de drogas. “Todo está tipificado de la misma manera. Es lo mismo el gran capo de la red criminal que dirige una operación delictiva de estupefacientes que la señora que entrega los porros en una tienda”, señala.
Por eso es importante una política criminal con enfoque de género que adopte medidas para desviar a las mujeres del sistema penal, indican las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De lo contrario, se revictimiza y se perpetúan los círculos de pobreza.
Es una doble tragedia, asegura Pereira, el encarcelamiento tiene consecuencias dramáticas para las mujeres y es inefectiva en términos de política pública: “El Estado gasta grandes sumas en perseguir a las mujeres y tenerlas en la cárcel, pero no afecta la operación de los mercados de drogas en lo más mínimo”.
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