Los eurodiputados apoyan controles medioambientales y de derechos humanos a las grandes empresas

FOTO ARCHIVO: Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas

Por Huw Jones

LONDRES, 25 abr (Reuters) - Los legisladores de la Unión Europea respaldaron el martes las normas que obligan a miles de grandes empresas a identificar y mitigar abusos contra los derechos humanos, como el trabajo infantil o la esclavitud, y daños medioambientales por parte de los proveedores.

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo votó a favor del proyecto de Directiva de la UE sobre la diligencia debida en la sostenibilidad de las empresas.

El acuerdo interpartidista permite a los legisladores entablar negociaciones con los Estados miembros, que ya han alcanzado una posición común entre ellos, sobre la versión final, que probablemente comenzará a aplicarse por fases en torno a 2030.

Las empresas de la UE tendrían que cumplir la normativa si emplean a más de 250 personas y facturan más de 40 millones de euros (44 millones de dólares), una red mayor de la que desean los Estados miembros.

Las empresas no comunitarias de Estados Unidos y otros países con un volumen de negocios neto de al menos 40 millones de euros en el bloque también estarían cubiertas.

El acuerdo del martes excluía del ámbito de aplicación a las pequeñas y medianas empresas tras la oposición de los partidos de centro-derecha.

Los legisladores respaldaron el requisito legal de que los directores de empresas con más de 1.000 empleados sean responsables de aplicar un plan de reducción de las emisiones de carbono. Los Estados miembros deberán establecer sanciones en caso de incumplimiento.

Los Estados miembros acordaron el pasado diciembre incluir el sector de los servicios financieros como opción. El martes, los eurodiputados hicieron obligatoria la inclusión del sector, aunque con algunas concesiones para áreas como la gestión de activos.

"Es decepcionante que los eurodiputados hayan respaldado planes que significarían que muchas de las mayores empresas de la UE no tendrían que mover un dedo hasta 2030; es un tiempo que no podemos permitirnos perder", declaró Aurelie Skrobik, activista de responsabilidad corporativa de Global Witness.

El objetivo de los legisladores es iniciar las negociaciones con los Estados miembros de la UE para alcanzar un acuerdo definitivo a finales de año, después de que el pleno del Parlamento vote el acuerdo del martes en torno al 1 de junio.

La fecha de entrada en vigor de los servicios financieros y el número de empresas incluidas en su ámbito de aplicación serán aspectos clave de las negociaciones con los Estados miembros, pero los grupos de presión climáticos afirman que algunos legisladores podrían cuestionar partes del acuerdo del martes durante la votación en el pleno de junio.

(1 dólar = 0,9078 euros)

(Reporte de Huw Jones; Edición de Mark Potter, editado en español por José Muñoz)