Estudiantes y juristas alientan a las universidades de California a contratar alumnos que entraron a Estados Unidos sin documentos

LOS ÁNGELES — Asistieron a la escuela en Estados Unidos, pasaron su infancia en barrios estadounidenses y crecieron como estadounidenses en todos los sentidos; de niños, fueron ingresados al país por sus padres, quienes entraron al país sin autorización, y no tienen el permiso legal para vivir en Estados Unidos.

El caos político y jurídico sobre el programa federal que desde 2012 ha protegido de la deportación a muchos de ellos, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), ha dejado en el limbo jurídico a miles de los llamados “dreamers” (inmigrantes cuya difícil situación ha recibido por momentos el apoyo tanto de los demócratas como de los republicanos). Según la ley federal, es ilegal contratar inmigrantes que no tienen personalidad jurídica y, por esa ley, muchos de estos jóvenes inmigrantes se graduarán de la universidad y tendrán que trabajar en empleos ilegales como niñeras y trabajadores de la construcción.

Ahora, una coalición de dirigentes estudiantiles inmigrantes y algunos de los expertos jurídicos de más alto nivel del país proponen que California, un estado que ha sido una incubadora de políticas progresistas sobre la inmigración, comience a emplear en los diez campus de la Universidad de California a estudiantes que no tienen permiso de estar en el país.

Esta propuesta, que casi con toda seguridad enfrentaría desafíos políticos y jurídicos, solicita que el estado desacate las interpretaciones actuales de una ley de inmigración federal de 1986 que prohíbe a los empleadores estadounidenses contratar inmigrantes que no tengan autorización de estar en el país. Pero un nuevo análisis jurídico elaborado en la Universidad de California, campus Los Ángeles (UCLA), y revisado en algunas de las principales facultades de derecho del país sostiene que esta ley no aplica a los estados.

El concepto de que quienes no están autorizados para estar en el país pudieran ser contratados para empleos estatales, apoyado por Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, campus Berkeley; Adam B. Cox, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, y académicos de Derecho Constitucional e Inmigración de las universidades de Cornell, Stanford y Yale, entre otras universidades, podría tener implicaciones para California, donde el sistema de la Universidad de California es el tercer empleador más grande, y para la población general de once millones de personas que viven en Estados Unidos sin permiso.

El miércoles, los dirigentes estudiantiles de la Universidad de California, campus Los Ángeles, presentaron una carta al presidente de la Universidad de California, Michael V. Drake, en la que le proponían oficialmente que el sistema de la universidad comenzara a contratar estudiantes indocumentados en el país para una variedad de puestos, entre ellos asistentes de investigación y docencia, así como becarios pagados.

“En la Universidad de California, a los estudiantes que no pueden acceder al DACA se les niegan de manera sistemática las ventajas que se les brindan a sus demás compañeros, como las oportunidades de empleo que fortalecerían la misión de la universidad en investigación, formación y servicios públicos”, decía la carta.

California, el estado del país que alberga la población más grande de inmigrantes que entraron a Estados Unidos de manera ilegal, tiene una historia de oponerse a los controles federales de inmigración; emite licencias de manejo a todos los residentes del estado sin tener en cuenta su situación migratoria y ofrece matrículas universitarias dentro del estado a estudiantes indocumentados. Hace poco, se convirtió en el primer estado en ofrecer atención médica financiada por el estado a todas las personas de bajos ingresos. Muchas ciudades, incluyendo Los Ángeles y San Francisco, se han declarado “ciudades santuario” que no cooperarán con las iniciativas federales para deportar a la gente solo por su situación migratoria.

Contratar estudiantes inmigrantes sería avanzar mucho más en esa dirección y los opositores afirmaron que era muy probable que esto originara tanto cambios jurídicos como posibles conflictos con el gobierno federal. El gobierno de Biden ha intentado ampliar la protección que ofrece el DACA y es poco probable que tome medidas coercitivas, pero un gobierno republicano podría adoptar un enfoque mucho más estricto, señaló Josh Blackman, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho del Colegio del Sur de Texas de Houston.

“Con el gobierno de Biden todo es diversión y juegos”, comentó. “Pero, si llega al gobierno un presidente republicano, en enero de 2025, California podría enfrentar litigios y algunas multas tremendas”.

En 20 años, la negociación en el Congreso sobre la legislación para plantear una solución no ha llegado a ninguna parte y los intentos del gobierno de Biden de fortalecer el programa DACA han sido entorpecidos en los tribunales. Según los recientes fallos de los tribunales, a quienes ya están inscritos en DACA se les permite seguir gozando de su protección, pero no se autorizan inscripciones nuevas, lo cual genera una creciente clase de inmigrantes jóvenes, muchos de ellos en edad universitaria, que no cuentan con los mismos derechos que los “dreamers” de mayor edad.

La clase de inmigrantes jóvenes que crecieron en Estados Unidos, pero que no pueden entrar al DACA está aumentando a un ritmo de 100.000 personas por año. Tan solo California alberga a más de 44.000 estudiantes universitarios que no pueden hacer su solicitud. Otros 27.000 se gradúan de bachillerato cada año en este estado.

Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Política y Ley Migratoria de la UCLA, mencionó que el año pasado comenzó a escuchar que los docentes hablaban de un problema que empeoraba con el aumento del número de alumnos sin las protecciones del DACA, estudiantes a quienes no se les podía pagar por trabajar como asistentes de investigación ni en otros puestos del campus.

El equipo de Arulanantham ya había llegado a la conclusión de que la ley federal que no permitía contratar personas sin una situación migratoria legal no vinculaba a los estados y comenzaron a celebrar sesiones de opinión con los especialistas de todo el país para estudiar sus argumentos.

Veintiséis especialistas aceptaron y, en un análisis jurídico publicado el miércoles junto con la carta de los estudiantes, concluyeron que cuando el Congreso aprobó la Ley de Control y Reforma de la Inmigración de 1986, no restringió la facultad histórica que tenían los estados para determinar a quién podían emplear. Los juristas también señalaron que, en repetidas ocasiones, la Corte Suprema ha encontrado que el Congreso no tiene la facultad de regular los gobiernos estatales en algunas áreas, como en el caso del empleo, sin un “lenguaje claro” que lo permita.

“Esta propuesta ha estado oculta a plena luz”, señaló Arulanantham. “Durante casi 40 años, las entidades estatales pensaron que estaban sujetas a la prohibición federal de contratar estudiantes indocumentados cuando, de hecho, no lo estaban”.

Otros expertos en derecho señalaron que podría ser difícil hacer este alegato. “Nadie ha leído este estatuto como estos profesores lo han hecho durante todos estos años”, comentó Blackman.

Los conservadores opositores afirmaron que contratar a estudiantes cuya situación migratoria es ilegal incentivaría una mayor inmigración ilegal.

“La ley dice que es ilegal contratar extranjeros indocumentados, y por una buena razón”, señaló Lora Ries, directora del equipo de inmigración y seguridad fronteriza en la Fundación Heritage y antigua subjefa de personal en el Departamento de Seguridad Nacional.

Pero el equipo jurídico de la UCLA ha contado con un apoyo considerable dentro de la comunidad universitaria.

“Algunos de los mejores alumnos que he tenido en mi trayectoria han sido estudiantes indocumentados. Sin embargo, no puedo contratarlos como asistentes de investigación o docencia. Esto no solo va en detrimento de su formación y carrera profesional, sino que afecta de manera negativa a la universidad en general”, comentó Kent Wong, director del Centro Laboral de la UCLA, un departamento de investigación que se enfoca en el movimiento laboral y los derechos de los trabajadores.

Ofrecerles a los alumnos la oportunidad de trabajar para sus universidades no impediría que fueran deportados ni cambiaría su situación migratoria. También es demasiado pronto para saber cómo recibirá la propuesta el presidente de la Universidad de California, los rectores de la universidad por separado y el Consejo de Rectores, un órgano designado por el gobernador que supervisa al sistema.

“Desde hace mucho, la Universidad de California está comprometida en apoyar a los estudiantes indocumentados”, mencionó en un comunicado Stett Holbrook, estratega de comunicación sénior de la oficina del presidente de la Universidad de California. “Estos temas son complejos y merecen una consideración cuidadosa y profunda”.

Los organizadores estudiantiles señalaron que tenían planeado movilizar a los estudiantes cuya situación migratoria fuera ilegal en los diez campus de la Universidad de California para que asistieran a las reuniones del Consejo de Rectores y promovieran el asunto con el equipo del presidente de la Universidad de California. Mencionaron que la campaña también iría dirigida a los funcionarios locales y estatales electos que pudieran ejercer presión en la directiva de la Universidad de California.

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