Yahoo Noticias Esposo que demandó a su exesposa por abortar ahora enfrenta demanda de sus amigas
En marzo, un hombre de Texas, Marcus Silva, demandó a tres mujeres por 1 millón de dólares cada una porque ayudaron a su exesposa a abortar el verano pasado con el uso de píldoras. La demanda alegaba que la interrupción del embarazo calificaba como muerte por negligencia según la ley estatal, y presentó mensajes de texto entre su exesposa y las mujeres como evidencia.
En esta era posterior al fallo Roe, la demanda horrorizó a los defensores del derecho al aborto y galvanizó a los opositores. Ambas partes lo ven como un caso de prueba que busca disuadir a cualquier persona de ayudar a las mujeres a acceder al aborto en estados donde el procedimiento ahora está prohibido o severamente restringido.
Esta semana, dos de las mujeres, Jackie Noyola y Amy Carpenter, presentaron su respuesta ante el tribunal: están contrademandando a Silva por invasión de la privacidad, además de ofrecer una serie de defensas a las denuncias de Silva. Noyola y Carpenter, quienes son amigas cercanas de Brittni Silva, la exesposa de Marcus Silva, dijeron que el hombre había revisado teléfono de ella sin su consentimiento y leído sus mensajes privados.
Los defensores del derecho al aborto han alertado sobre cómo la información privada podría usarse en casos civiles y penales contra las personas que abortan y quienes las ayudan. En Nebraska, los fiscales utilizaron mensajes de Facebook entre una madre y su hija para presentar cargos contra ellas tras el aborto de la hija.
Para Noyola y Carpenter, la experiencia de ser demandadas ha sido difícil, afirmó su abogado, Rusty Hardin. “Están siendo empujadas a la arena pública, con su bienestar financiero en riesgo”, dijo. “Creían firmemente que estaban ayudando a una amiga en un momento de extrema necesidad”.
El abogado de Marcus Silva, Jonathan Mitchell, exprocurador general de Texas, ha defendido el uso de demandas privadas para disuadir el aborto.
Fue el artífice de la ley de Texas, aprobada en 2021, que provocó que las clínicas del estado dejaran de realizar abortos después de las seis semanas de gestación, al delegar a los ciudadanos particulares la aplicación de la ley a través de demandas por sentencias en efectivo de 10.000 dólares por procedimiento. Mitchell no respondió a las solicitudes de comentarios.
El argumento de Mitchell en este caso utiliza el estatuto de muerte por negligencia del estado para buscar indemnización por daños y perjuicios en nombre de Marcus Silva.
La demanda alega que, según esa ley estatal, los derechos de un feto son equivalentes a los de un adulto. Si el argumento de Mitchell tiene éxito, significaría una victoria legal para el concepto de la personalidad del feto, un objetivo de muchos opositores al aborto.
La denuncia de Silva se basa en una serie de fotos que tomó de mensajes de texto entre Noyola, Carpenter y Brittni Silva. (La tercera mujer a la que demandó, quien según él fue quien le suministró las píldoras abortivas a su esposa, aún no ha respondido en la corte y no pudo ser contactada para hacer comentarios).
Según los mensajes de texto, las amigas de Brittni Silva la ayudaron a fechar su embarazo, que estaba a principios del primer trimestre, y a averiguar cómo conseguir pastillas para interrumpirlo.
“Jackie, tu ayuda significa mucho para mí”, escribió Brittni Silva.
Marcus Silva no está demandando a su exesposa. La contrademanda de sus amigas incluye un informe policial presentado por Silva en el que admitió que “revisó el teléfono de su esposa”.
“Hay claras violaciones de la ley de Texas en este caso con respecto al acceso ilegal al teléfono”, afirmó Charles Rhodes, profesor de Derecho en South Texas College of Law Houston. “Y esa es una situación que probablemente ocurrirá en otros casos”.
Sin un mensaje privado o alguna evidencia como una búsqueda en Google a la que otra persona pudiera acceder sin necesidad de autorización, Rhodes pregunta: “¿De qué otra manera obtuvo la evidencia que necesitaba para presentar su demanda?”.
En su contrademanda, Noyola y Carpenter incluyeron más mensajes de texto, todos ellos, dijeron sus abogados, con el consentimiento de Brittni Silva. Brittni Silva se negó a comentar.
Brittni Silva afirmó que Marcus Silva tenía un historial de comportamiento emocionalmente abusivo. En sus mensajes de texto a sus amigas, contó que él había quemado las fotos de su boda y había amenazado al perro de la familia. En una ocasión, Brittni Silva les dijo a sus amigas que había llamado a la policía porque la estaba acosando.
Solicitó el divorcio en mayo de 2022, pero siguió viviendo con Marcus Silva.
En su demanda, Marcus Silva afirma que se enteró hace poco del aborto de su exesposa. Pero en un informe policial que presentó el 18 de julio de 2022, declaró que encontró los mensajes de texto el 12 de julio, y que al día siguiente hurgó en el bolso de su expareja y encontró una píldora abortiva, la cual volvió a poner en su lugar. El aborto se realizó el 14 de julio. Marcus Silva esperó para confrontar a Brittni Silva al respecto.
“Así que ahora dice que si no le doy mi ‘mente, cuerpo y alma’ hasta el final del divorcio, el cual va a alargar todo lo posible, va a asegurarse de que vaya a la cárcel por haberlo hecho”, escribió Brittni Silva a sus amigas el 23 de julio.
El caso tiene otras complejidades jurídicas. En Texas es un delito practicarle un aborto a otra persona, pero no autoadministrarse un aborto. Además, el aborto en cuestión tuvo lugar antes de que entrara en vigor la prohibición del aborto en Texas. “La mujer en este caso claramente estaba en su derecho de interrumpir su propio embarazo, lo que significa que esta sería una aplicación muy inusual del estatuto de muerte por negligencia”, afirmó Joanna Grossman, profesora de Derecho en la Universidad Metodista del Sur.
Rhodes, por otro lado, piensa que “la intención del estatuto de muerte por negligencia de Texas, cuando se modificó en 2003, era permitir demandas de muerte por negligencia contra personas que colaboraron en un aborto que no se realizó legalmente”.
Ninguna de las mujeres en la demanda de Marcus Silva enfrentará cargos penales, afirmó en marzo Jack Roady, fiscal de distrito en el condado de Galveston, la jurisdicción pertinente.
c.2023 The New York Times Company
