Escándalo por los exámenes que les toman a los dentistas extranjeros para poder ejercer en España

MADRID.– María Alejandra De Toni, de 32 años, nunca pudo trabajar de lo que estudió. Llegó a Valencia desde Venezuela tras termina la carrera de Odontología para cursar un máster y ejercer como dentista en España. El día que terminó de estudiar, empezaron las trabas para homologar su título, un proceso que para los profesionales extranjeros puede tardar varios meses, o incluso años cuando se trata de títulos extracomunitarios. Primero tuvo que esperar que una comisión analizara su petición: la resolución llegó después de dos años, y condicionaba su homologación a un examen de ortodoncia para demostrar sus habilidades en esta área. La prueba, a cuyas preguntas ha tenido acceso El País, se celebró a finales de marzo, y fue un desastre en muchos aspectos. “Fue una burla y una estafa para todos los que la hicimos. Había preguntas fuera del temario. Otras que daban como correctas respuestas que no estaban respaldadas en los libros académicos. No me sorprende que, una vez más, nadie obtenga su homologación”, denuncia De Toni.

El examen —que convoca la Conferencia de Decanos de Odontología (CRADO) y que se celebró de forma simultánea en 15 universidades públicas y privadas el 24 de marzo— se dio tras muchos años de espera y reivindicaciones por parte de los miles de licenciados extracomunitarios que viven en España. La primera vez que se hizo siguiendo esta modalidad fue en 2021. Se desconoce si habrá una tercera convocatoria después de la que se celebró en marzo. De Toni pagó 120 euros para hacerlo en la Universidad de Santiago de Compostela, un precio que sube hasta los 700 euros en las facultades privadas, a pesar de ser exactamente la misma prueba. Este año acudieron 1.000 profesionales, algunos de los cuales fueron evaluados en más de una asignatura.

Solamente 42 de los 1828 exámenes que se celebraron tuvieron un resultado positivo, es decir, un 2,3% del total. En 2021 el resultado fue incluso peor: 21 aprobados de 2093 exámenes (el 1%), según datos de la CRADO.

Cuando se publicaron las plantillas con los resultados, los profesionales empezaron a denunciar en bloque la dificultad de la prueba y la poca transparencia de todo el proceso. “Estudiás un poco en el aire, no sabés exactamente lo que te van a preguntar. Sin bibliografía, lo único que nos guía es el plan de estudios del grado de las carreras españolas”, explica De Toni.

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Esta dentista venezolana se graduó en su país como primera de su promoción, tiene un posgrado en Endodoncia en la Universidad de Valencia y recibió una distinción por su trabajo de fin de máster. Tras terminar los estudios, empezó incluso a dar clase en la facultad. Sin embargo, no consiguió más de 12 puntos, sobre 33 preguntas, en el examen de homologación de ortodoncia, la asignatura en la cual necesitaba volver a estudiar. Las materias y la cantidad son diferentes por cada profesional, y dependen de la universidad de origen y del currículum que estudiaron. “No es que la gente no haya aprobado el examen porque es difícil, no lo aprueba porque es imposible”, añade.

David Suárez Quintanilla, catedrático de Ortodoncia en la Universidad de Santiago de Compostela, también tiene sus reservas. “Me sorprendí mucho cuando vi el contenido del test. Las preguntas eran completamente descabelladas, respuestas poco claras. Pero sobre todo era extremadamente difícil. Dudo mucho de que la mayoría de los profesores de Ortodoncia lo hubieran aprobado, incluido yo mismo”, reconoce Quintanilla, quien ha visto uno de estos exámenes de la prueba de su especialidad.

El catedrático admite que el proceso de homologación no es fácil para los profesionales latinoamericanos —nueve de cada 10 solicitudes provienen de estos países, según datos del Ministerio de Universidades—, que en muchos casos tienen conocimientos por haber ya ejercido la profesión en su país de procedencia, pero han perdido el hábito de estudio y no rinden a la hora de hacer un examen de tipo test. “Lo normal en este tipo de exámenes es que haya un 20% de aprobados, no un 5% o menos, como es el caso. Está claro que hay que plantearse otro tipo de prueba”, afirma.

Una batalla que viene de lejos

La batalla de los dentistas extranjeros para poder ejercer en España viene de lejos. La profesión, que hace unos años era una garantía de sueldos altos y calidad de vida, está en declive, debido sobre todo a la inmensa cantidad de graduados que salen de las 23 facultades del país. El Consejo General de Dentistas cifra en 1900 los dentistas que cada año buscan un hueco en el mercado laboral. “Hay gente que ahora mismo no cobra más del salario mínimo trabajando en clínicas”, explica su presidente, Óscar Castro.

En el año 2000, había 17.000 dentistas colegiados en España. Ahora son 40.000, lo que supone que haya unos 85 dentistas por cada 100.000 habitantes. Es imposible saber cuántos de estos profesionales son extranjeros, ya que el registro de colegiados no hace distinción entre graduados. Lo que sí se conoce es el número de dentistas extranjeros a la espera de conseguir la homologación: 6.650, según el ministerio.

Son las mismas universidades las que preparan los exámenes. Hay 35 materias que se sortean y reparten entre los centros públicos y privados que conforman la conferencia de decanos, y los catedráticos de estas asignaturas formulan las preguntas. Lluís Giner, decano de la Universitat Internacional de Catalunya y presidente de la CRADO, reconoce que lo hacen por “compromiso” con el ministerio, pero que “no es su trabajo”. “Intentamos ser lo más transparentes posible, el examen se pudo hacer sin problemas. Estamos a la espera de evaluar las reclamaciones. Está claro que hay que mejorar en muchos aspectos, como muestran los resultados”, admite Giner. No responde sobre la dificultad de las preguntas.

Las irregularidades para homologar los títulos no se limitan al examen. Empiezan, de hecho, a la hora de obtener la resolución de una comisión de 13 expertos formada por miembros de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), el profesorado, los decanos y una representación del Ministerio de Universidades. Camila Rodríguez, argentina de 34 años, estuvo esperando cuatro años por su resolución. Cuando finalmente llegó, el resultado fue “favorable condicionado”, es decir, que tenía que volver a formarse en seis materias.

“A otras compañeras de facultad que se graduaron conmigo les pidieron menos asignaturas. ¿Cómo puede ser que personas que hayan estudiado exactamente lo mismo tengan un resultado tan diferente?”, pregunta indignada.

Desde que llegó a España, hace seis años, Rodríguez intentó en dos ocasiones conseguir la homologación: primero en 2021, cuando a los aspirantes no se les proporcionó ni un temario para preparar la prueba, y luego en marzo de este año, cuando sí había temario, aunque no una bibliografía específica. En ninguno de los casos consiguió aprobar, a pesar de llevar ya varios años preparándose y trabajando como auxiliar en una clínica dental, el único empleo relacionado con su profesión que puede ejercer sin la homologación. Asegura que otros compañeros están trabajando en el sector de la hostelería. “Uno piensa que nuestras quejas se limitan al aspecto económico, mientras que la afectación es sobre todo a nivel psíquico. He pasado por una depresión enorme en estos años, y estuve llorando semanas después de los exámenes. España tiene todo el derecho de cerrar el proceso de homologación, pero no tienen ningún derecho a seguir engañándonos y jugar con nuestra salud mental”, afirma.

Por Clara Ángela Brascia