Entrenados, armados y listos para dar clases... en un jardín de infantes

RITTMAN, Ohio.- Mandi es maestra jardinera en Ohio, y ya había hecho todo lo que estaba a su alcance para garantizar la seguridad de sus alumnos contra cualquier agresor armado.

Para empezar, colocó una estantería junto a la puerta del aula, en caso de necesitar bloquearla de apuro. Y en un balde de color naranja puso todos los elementos de emergencia provistos por el distrito escolar: un aerosol de gas pimienta, y una media tubo para sostener con firmeza y buen agarre un objeto contundente para arrojarle a un potencial atacante.

Pero después de la masacre de Uvalde, Texas, donde murieron 19 niños y dos maestros, Mandi se empezó a desesperar. La escuela donde trabaja Mandi es un edificio viejo, sin cierre automático en las puertas de las aulas, y en el predio no está custodiado por ningún oficial de policía.

“Nos sentimos desamparados”, dice. “Con lo que tenemos no alcanza.”

Así que decidió que necesitaba más poder de defensa: una pistola de 9 milímetros.

Mandi se anotó en el curso de entrenamiento que la habilitaría a llevar un arma a la escuela. Al igual que el resto de los entrevistados para este artículo, la docente pidió ser identificada solo por su nombre de pila, porque su distrito escolar restringe los datos de los empleados que portan armas de fuego.

Hasta hace una década, era sumamente inusual que el personal diario de una escuela portara armas. Hoy, después de una seguidilla al parecer interminable de tiroteos masivos en escuelas, esa estrategia se ha convertido en la principal solución que impulsan los republicanos y los defensores del derecho a las armas, que aseguran que permitir que los docentes y directivos de una escuela tengan armas les da una chance de defensa en caso de un ataque.

Al menos 29 estados norteamericanos permiten que personas que no son policías y personal de seguridad tengan armas dentro del predio escolar, según la Conferencia Nacional de Legislaturas de los Estados. Hasta el año 2018, última estadística de alcance nacional hasta la fecha, alrededor del 2,6% de las escuelas de Estados Unidos contaban con personal docente armado.

Desde entonces, esa cifra casi con certeza ha crecido.

En Florida, hay más de 1300 miembros del personal escolar que hacen de guardias armados en 45 de los 74 distritos escolares del estado, según datos oficiales. El programa fue creado después de la masacre de 2018 en la secundaria Marjory Stoneman Douglas de la ciudad de Parkland, donde un hombre armado asesinó a 17 personas.

En Texas, al menos 402 distritos escolares —un tercio del total en ese estado— participan de un programa que autoriza al personal docente y otras personas designadas a portar armas en la escuela, según la Asociación de Comités Escolares de Texas. Ese estado también tiene otro programa que exige mayor entrenamiento y al que adhiere un grupo más reducido de distritos escolares. Desde 2018, la participación en ambos programas viene aumentando sostenidamente.

Y en las semanas posteriores a la masacre de Uvalde, los legisladores de Ohio flexibilizaron los requisitos para que docentes y no docentes puedan portar armas en las escuelas.

La estrategia es ferozmente resistida por los demócratas, las asociaciones de policías, los sindicatos docentes y los defensores del control de armas, quienes aseguran que los programas de “portación oculta” de armas de fuego en las escuelas, lejos de resolver el problema, lo agravan. Y las encuestas entre el personal escolar muestran que la abrumadora mayoría de los docentes no quiere andar armado.

La flexibilización aprobada en Ohio es especialmente polémica porque exige apenas 24 horas de entrenamiento, y 8 horas más anualmente para obtener la renovación del permiso.

Hay pocos estudios sobre la portación de armas por parte del personal escolar, y sus resultados han encontrado poca o ninguna evidencia de su efectividad. Tampoco hay gran evidencia de que la presencia de guardias armados en las escuelas sea efectivo para prevenir los tiroteos escolares, que desde el punto de vista estadístico son inusuales.

Sin embargo, la idea de armar al personal escolar va ganando adeptos, con una ligera mayoría entre padres y adultos, según encuestas recientes.

De los cinco tiroteos escolares más letales registrados, cuatro —los de Newtown, Uvalde, Parkland y Santa Fe— ocurrieron durante los últimos 10 años.

Fue la posibilidad de sufrir un hecho similar la que llevó a Mandi y otros siete docentes a un campo de práctica de tiro enclavado entre campos de heno y calles de tierra en Rittman, en el noreste de Ohio.

Allí, durante tres días, Mandi practicó tiro, primeros auxilios ante una herida de bala —por ejemplo, a realizar un torniquete—, y a responder al ataque de un agresor armado que se mueve con agilidad. Disparar su arma bajo el sol abrasador del campo de práctica fue una experiencia diametralmente opuesta a su cotidianeidad en la salita de jardín, donde baila y canta para niños de 5 años y cubre las paredes del aula con sus dibujos. “Me dan abrazos todo el santo día.”

Y por otro lado está la perspectiva de tener que enfrentarse con un hombre armado. ¿Tres días de entrenamiento podían prepararla para algo tan impensable?

Mandi y los otros docentes llegaron de Ohio y de lugares tan lejanos como Oklahoma para completar el curso de 26 horas de FASTER Saves Lives, un programa líder de entrenamiento con armas para personal escolar. El programa es dirigido por la Fundación y Asociación de Armas de Fuego Buckeye un importante grupo de presión a favor de las armas en Ohio, que también apoyó la nueva ley para armar al personal escolar.

La fundación estima que durante la última década lleva invertidos más de 1 millón de dólares en capacitar a más de 2600 educadores.

Esa estrategia está en línea con uno de los argumentos centrales de la Asociación Nacional del Rifle y de los lobistas a favor de las armas: “La única forma de detener a un tipo malo con un arma es que el bueno también tenga un arma”.

Desde ese punto de vista, los maestros son “los buenos” absolutos y definitivos.

“Les confiamos a nuestros hijos todos los días”, dice Jim Irvine, piloto de aerolínea, histórico defensor del derecho a las armas, presidente de la Fundación y director voluntario del programa FASTER.

Su filosofía es que para salvar vidas durante un tiroteo escolar hay que actuar con rapidez, y que las escuelas no pueden darse el lujo de esperar que llegue la policía.

En la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, en 2012, la primera llamada al 911 se hizo a unos cinco minutos de iniciado el ataque y el primer patrullero llegó menos de cuatro minutos después. Así y todo, 20 niños y seis adultos fueron asesinados. En la masacre de Parkland, el atacante mató a 17 personas en poco menos de seis minutos.

Incluso en Uvalde, donde la policía fue criticada por demorarse más de una hora en actuar, según el informe oficial el atacante disparó más de 100 veces en los primeros tres minutos.

“Es todo una cuestión de tiempo”, dice Irvine. “Es lo único que importa.”

El director del distrito escolar donde trabaja Mandi dijo que los candidatos a portar armas deben ser aprobados por la junta escolar. Además de pasar por la capacitación del programa FASTER, deben reunirse anualmente con el departamento de policía y su permiso puede ser revocado si no demuestran estar debidamente preparados.

En el programa FASTER, gran parte del entrenamiento se centra en el manejo de las armas de fuego. El grupo de Mandi practicó tiro durante horas: de cerca y de lejos, para diestros y zurdos, con pequeños blancos circulares y con siluetas humanas de tamaño real.

Los instructores corrigieron cuestiones técnicas y de seguridad, cronometraron los tiros de cada participante y les recomendaron actuar sin dudarlo y con seguridad en sí mismos.

Al finalizar el curso y según la nueva legislación de Ohio, Mandi y sus compañeros estaban suficientemente capacitados para portar un arma dentro de la escuela. Son parte de una fuerza sigilosa y bastante experimental que va creciendo en las escuelas.

Sus resultados siguen siendo una absoluta incógnita.

Aunque hay anécdotas de ciudadanos armados que intervinieron en tiroteos públicos, como el reciente caso en un centro comercial de Indiana, “eso es una anomalía”, dijo Jaclyn Schildkraut, profesora adjunta de derecho penal en la Universidad Estatal de Nueva York en Oswego, y experta en el estudio de tiroteos masivos.

La mayoría de las veces, los tiroteos masivos terminan cuando el atacante recibe un disparo, es reducido por la policía, se suicida en el lugar o abandona la escena de los hechos.

A Mandi, estar armada en el salón de clases le pareció una mejor solución que un aerosol de gas pimienta o una media tubo para agarrar mejor el bate de béisbol.

Y como quiere continuar su entrenamiento, dice que va todas las semanas al campo de tiro para practicar.

Aunque reconoce que hay otras políticas importantes que podrían ayudar a prevenir los tiroteos, Mandi siente que no puede darse el lujo de que esos cambios finalmente lleguen.

“El momento de proteger y salvar a los chicos es ahora”, dice la docente.

Por Sarah Mervosh

Traducción de Jaime Arrambide