Yahoo Noticias Las empresas de 'fast fashion' podrían ser sancionadas en la UE por usar marketing agresivo
Los ministros de Medio Ambiente de la UE han acordado que los países puedan imponer gravámenes a los minoristas de ropa que facturan mucho y pierden dinero, en función del grado en que sus prácticas comerciales fomenten el consumo excesivo y generen más residuos.
Las medidas, acordadas en una cumbre del Consejo de la UE celebrada el lunes 17 de junio, formarían parte de una revisión de las normas de la UE sobre la prevención y la gestión de residuos dirigida específicamente a las industrias textil y alimentaria mediante la aplicación del principio de "quien contamina, paga", haciendo obligatorios los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (RAP).
Esto significaría que las empresas pagarían una contribución proporcional a los costes de recogida, clasificación, transporte y tratamiento de los residuos de prendas de vestir y calzado. La tasa se modularía en función de factores como la durabilidad y el impacto ambiental de la producción.
Pero los ministros quieren ir más lejos en lo que se refiere a la moda de usar y tirar, añadiendo a la directiva un reconocimiento explícito de que la mayoría de la ropa se desecha ahora antes de gastarse. Implícitamente culpan a las estrategias de marketing agresivas de esta tendencia creciente.
Las medidas han hecho saltar las alarmas en el sector textil
Las autoridades nacionales deben tener potestad para "modular las contribuciones financieras de los productores en función de las prácticas que conduzcan a esa generación excesiva de residuos textiles, en particular en relación con las estrategias industriales y comerciales", acordaron en un mandato de negociación con el Parlamento Europeo.
Las medidas para hacer frente al creciente impacto medioambiental de la moda de usar y tirar han hecho saltar las alarmas en el sector textil, especialmente en las empresas cuyo modelo de negocio se basa en una enorme y rápida rotación de prendas de producción barata que se venden a través de páginas web y aplicaciones.
Una de estas empresas, Shein, ya se ha encontrado en la línea de fuego legislativa con una propuesta francesa de un impuesto sobre la moda rápida a partir de cinco euros por artículo, aunque ahora está congelada a la espera de las elecciones anticipadas.
Shein, una empresa china con sede en Singapur, experimentó un crecimiento meteórico durante la pandemia y recientemente se ha visto sometida a una estricta normativa europea reservada a las "grandes plataformas en línea", afirma que su modelo a la carta minimiza la sobreproducción y beneficia a los consumidores con escasos recursos.
Los expertos afirman que es una oportunidad "para ir más allá"
Valérie Boiten, de la ONG Ellen MacArthur Foundation, considera que el endurecimiento de la normativa es "una oportunidad para ir más allá del enfoque tradicional de recogida y reciclaje" y centrarse también en el diseño, reparación y reutilización de productos para alejarse del modelo actual.
En un informe sobre el impacto del 'fast fashion', la fundación señalaba que más del 80% de los textiles desechados se incineran, se depositan en vertederos o acaban contaminando el medio ambiente, y que la recogida selectiva y la recirculación no pueden ser económicamente viables sin un sistema de RPE basado en tasas.
En última instancia, tenemos que abandonar el actual modelo, que extrae principalmente recursos no renovables para colocar nuevos artículos en el mercado", declaró Boiten a 'Euronews'. "La EPR puede ayudar a conseguirlo, aunque no es la única solución necesaria".
Theresa Mörsen, del grupo Zero Waste Europe, elogió a los Estados miembros que "tuvieron el buen sentido de expresar abiertamente sus intenciones de acabar con la moda rápida" mientras negociaban la reforma.
Las normas más estrictas sobre la moda de usar y tirar reflejan una propuesta conjunta presentada a principios de mes por Austria, Finlandia, Francia y los Países Bajos. La legislación está sujeta a nuevas modificaciones en las negociaciones con el Parlamento Europeo, que aprobó su mandato de negociación en febrero.
