Eliminación de violencias, legislación integral y atención a la salud: pendientes rumbo a la 46 Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+
La eliminación de todo tipo de violencias hacia las poblaciones de la diversidad sexual ante un alto índice de homicidios, así como la falta de una legislación integral que reconozca todos los derechos y garantice la atención de las necesidades específicas de las personas trans son algunos de los pendientes rumbo a la edición 46 de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+, que partirá este sábado del Ángel de la Independencia a las 10:00 de la mañana.
A estos se suma el rezago en la atención a temas prioritarios de salud relacionados con algunas de estas poblaciones, como los obstáculos que persisten para un acceso más generalizado y amplio a nivel nacional de tratamientos para prevenir el VIH, al igual que estrategias específicas para abordar fenómenos asociados a prácticas sexuales principalmente entre hombres que tienen sexo con hombres, como el incremento de consumos problemáticos de cristal.
Violencia contra personas LGBT: van 41 homicidios en 2024
Entre enero de 2021 y marzo de 2024, en México se cometieron 272 homicidios de personas LGBT, cifra que, de acuerdo con activistas, muestra que la seguridad y la justicia son una deuda histórica con esta población, principalmente con mujeres trans y hombres gay que hacen uso de aplicaciones para citas, los grupos más afectadas por la violencia, de acuerdo con la documentación de casos realizada por organizaciones de la sociedad civil.
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Debido a que no existen datos oficiales sobre el número de personas de la diversidad sexual víctimas de crímenes relacionados con su identidad, la organización Letra Ese y la plataforma Visible realizan un registro de agresiones y homicidios cometidos contra esta población, mediante el cual documentaron que en 2021 ocurrieron 78 asesinatos, en 2022 fueron 87 y 66 para 2023.
Aunque estos datos muestran una tendencia a la baja, Jair Martínez, integrante de Letra Ese, señala que en los primeros tres meses de 2024 se registraron al menos 41 asesinatos contra personas LGBT, por lo que “todo apunta a que estamos de nuevo en una dinámica de ascenso de la violencia“, además de que “se pudo dar cuenta de un aumento en el uso de armas de fuego para cometer los crímenes, así como de los casos de cuerpos mutilados, maniatados y con evidencias de tortura”.
Veracruz, Guanajuato, Guerrero, Ciudad de México y Puebla son los estados en los que se han documentado más homicidios contra personas de la diversidad sexual, aunque Letra Ese destaca que en los últimos años se han registrado asesinatos de este tipo en 23 entidades del país.
“Si bien los homicidios son el rostro más visible, hemos encontrado que hay un montón de violencias que preceden los asesinatos, como las amenazas contra activistas y defensores de derechos humanos, o la vandalización de los hogares y trabajos de personas de la diversidad sexual, insultos, golpes y otro tipo de agresiones que dan cuenta de la violencia no es algo que ocurre de un día para otro, sino que es todo un proceso que viven de forma generalizada las personas LGBT“, apunta Martínez.
De acuerdo con el activista, en estos casos “persiste un alto grado de impunidad y de prejuicio en las instituciones, en el mismo personal de investigación”, que si bien no es exclusivo de los crímenes cometidos contra la población LGBT, afecta de manera diferenciada a este grupo que históricamente ha sido violentado y discriminado.
Frente a este panorama, el integrante de Letra Ese lamenta que para las empresas y autoridades “la población LGBT solo existimos en junio, con campañas de visibilización, pero más allá de eso no existen acciones de prevención de la violencia, nos faltan mecanismo de identificación de patrones, ni siquiera tenemos un registro que permita dimensionar la problemática”.
“Organizaciones como Letra Ese y otras se están encargando de hacer esta documentación, con el subregistro que implica que nuestras fuentes de información sean medios de comunicación y redes sociales, pero la información ahí está… Ahora, lo que queda es que las instituciones se encarguen de diseñar mecanismos de prevención”, agrega Jair.
Ley Integral Trans: Falta de legislación y políticas ponen en riesgo su vida
Han pasado más de seis meses desde que la diputada María Clemente García presentó ante el Congreso la iniciativa que busca expedir la Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans, sin que esta haya sido discutida o aprobada, lo que activistas como Victoria Sámano interpretan como un reflejo de la falta de voluntad política para reconocer los derechos de esta población.
“Los pendientes en la agenda LGBT son muchísimos, sobre todo con la población trans, que continúa sin un reconocimiento de su identidad y sus derechos, mismos que fueron agrupados en una ‘Ley integral trans’, con la que se busca que se atiendan las problemáticas que enfrentan en el acceso a vivienda, al trabajo, la educación, la salud, la seguridad y la justicia”, explica Victoria.
“Esa es la propuesta a la que estamos apostando, porque si continuamos exigiendo nuestros derechos de la misma forma como hasta ahora, tema por tema, como el reconocimiento a la identidad, el acceso a medicamentos para terapias de reemplazo hormonal, un cupo laboral, pues probablemente nos llevará mucho tiempo el poder impulsar todos los temas y necesidades que tiene la población trans”, agrega la integrante de la asociación Lleca-Escuchando la calle.
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La iniciativa apunta que “la falta de legislación y políticas públicas que garanticen el acceso a los derechos vitales para el bienestar de una persona trans, pone en riesgo su vida, pues por un lado no determina las directrices obligatorias y claras para su atención y por otro genera una especie de permisibilidad para emitir violencias y vejaciones hacia ellas, quedando en la impunidad”.
Por ello, Sámano subraya que debe ser prioritaria para la siguiente legislatura, ya que hasta ahora “vemos que la voluntad de los partidos políticos para impulsar el tema es poca, porque sigue habiendo prejuicios sobre las personas trans, mucha desinformación, y pues nadie se quiere aventar ese paquete, porque probablemente pueda tener un costo político, porque la sociedad aún no nos acepta”.
Victoria lamenta que esta discriminación se traduzca en violencia transfeminicida, pues tan solo en 2024, en la Ciudad de México han sido asesinadas ocho mujeres trans, de acuerdo con el registro de la Asamblea Nacional Trans No Binarie, entre ellas las activistas Samantha Fonseca, Vanessa, Debaly Vilchis y Debanny García.
“Es por eso que en la Marcha del Orgullo, nuestras consignas serán para visibilizar estos temas y reconocer a las víctimas de transfeminicidios, vamos a realizar un conteo y a nombrarlas”, detalla la activista, quien asegura que se mantendrán firmes en la exigencia de que se apruebe lo antes posible la Ley integral trans.
Atención y prevención del VIH: esfuerzos aislados
Al menos tres cuartas partes de los nuevos casos de VIH en México se dan entre hombres gays y mujeres trans, lo cual se relaciona con la vulnerabilidad que aún enfrentan estas poblaciones en situaciones relacionadas con la salud, pero también con la falta de estrategias más contundentes para la prevención entre estos grupos, subraya Ricardo Baruch, especialista en salud pública y derechos humanos.
“Durante el sexenio que acaba prácticamente no hubo campañas o esfuerzos comunicativos por parte de la federación, entonces esperaríamos que esto se pueda nuevamente implementar, pero también algunas estrategias como la PrEP (profilaxis de preexposición), que ya desde algunos años se introdujo en algunos lugares de México y sigue siendo poco accesible para mucha gente, o mucha no sabe ni siquiera que existe”, señala.
Los tratamientos de profilaxis de preexposición –PrEP por sus siglas– son antirretrovirales en tableta que se toman una vez al día para prevenir el contagio de VIH. Aunque fueron implementados a nivel nacional en 2021, en febrero de 2023 Animal Político documentó que en nueve estados de México ninguna persona los recibió durante ese año y el siguiente.
Ante ello, son necesarias estrategias más activas para invitar a las personas que tienen potencialmente mayor riesgo a que los soliciten. Baruch atribuye las fallas en la distribución a una falta de fortaleza en la rectoría del Censida, que antes tenía una mucho mayor coordinación con los servicios de salud de los estados, de los que, además, depende a veces por completo la implementación y se niegan a hacer esfuerzos más amplios.
Por ejemplo, en la Ciudad de México alrededor de 40% de la distribución de tratamientos PrEP depende de la colaboración con organizaciones de la sociedad civil. El activista apunta que este es el mejor ejemplo de que cuando hay voluntad, es posible hacer funcionar la prevención con recursos económicos y alianzas suficientes.
Además de que este sistema solo se ha adoptado en la capital del país, los posibles usuarios de PrEP en otras entidades se enfrentan también al mal diseño de los programas, que en años anteriores implicó incluso la pérdida de medicamentos, porque los médicos no tenían claridad de las poblaciones a las que debían dirigirse.
Aunado a ello, la coordinación entre los sistemas de salud ha sido compleja. En el IMSS, por ejemplo, el programa de PrEP se ha implementado desde hace más de un año, pero no en todas sus instalaciones hospitalarias el personal cuenta con la información o el abasto suficiente.
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Después de casi cuatro años, hoy existen menos de 20 mil personas usuarias de PrEP. En contraste, en México el número de nuevos casos de VIH no ha descendido en los últimos seis años, con un total sostenido de entre 16 mil y 18 casos por año —a excepción de 2020, cuando disminuyó el registro—. Hasta el 15 de abril de 2024, se han contabilizado más de 4 mil 500, de acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud.
En tanto, el avance en torno a la eliminación del estigma hacia las personas que viven con VIH también ha sido lento, y el que hay se debe a las organizaciones, señala Baruch. En ese aspecto, el apoyo de instituciones públicas ha sido prácticamente nulo.
Aunque existen buenos tratamientos para VIH en México –y ya con menos complicaciones para su acceso, como ocurrió a principios de esta administración–, en otros países ya existen nuevos, como el inyectable bimestral, que aún no se explora en nuestro país, lo cual requiere de una mayor inversión en la infraestructura y el fortalecimiento del sector salud.
Consumo de cristal: las organizaciones frente al rezago del sector público
Desde 2019, y mucho más marcadamente a partir de la pandemia por covid-19, diversas organizaciones detectaron un incremento en el consumo problemático de cristal en poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, relacionado con prácticas conocidas como chemsex –consumo de drogas para facilitar o intensificar la actividad sexual–.
Aaron Rojas, director de Inspira Cambio AC –organización dedicada a la salud sexual de poblaciones de la diversidad sexual–, aún recuerda los primeros casos que les llevaron a poner un acento en el tema. La organización ya tenía experiencia en reducción de daños con usuarios de sustancias en la frontera norte del país, pero el chemsex era una novedad en aquel 2019.
Luego, con la llegada del covid, Inspira no detuvo sus operaciones y ante la alerta para quienes vivían con VIH, empezaron a recibir cada vez más solicitudes de apoyo de hombres que reconocían que tenían un consumo problemático de cristal.
Así comenzaron a generar contenidos y guías digitales que buscan responder a cuestionamientos en torno a cómo gestionar el consumo y tener prácticas protegidas. Tomaron el ejemplo de otros países donde se han desarrollado proyectos innovadores y el Estado ha respondido, porque en el nuestro “llevamos muchos años donde no hemos visto una respuesta como tal”.
De su iniciativa, nacieron también los “jueves de dulcerxs”, reuniones primero virtuales y luego presenciales, con la finalidad de abrir un espacio de escucha. “Fue increíble porque no creíamos que de esa magnitud era la necesidad de las personas, entonces a partir de ese momento hemos sostenido mucho los espacios y las actividades de escucha”, cuenta Rojas.
Ante el rezago del sector público frente al tema, crearon más herramientas, como el espacio digital Sácate la duda, donde el ABCDrogrario da elementos básicos a las personas para que gestionen su consumo, incluida una calculadora que ante cuestionamientos específicos, arroja un kit de medidas. Así se dieron cuenta de la dimensión de la demanda de atención.
Si bien, aclara el activista, hay personas que saben gestionar su consumo y tienen redes de apoyo, existe el extremo contrario en el que se desarrolla una dependencia de la sustancia y es más difícil controlar una situación que se desborda. A lo largo de su trabajo, se toparon también con la realidad de que en México no existen fondos para trabajar con el tema de drogas.
En ese punto, empezaron a tocar las puertas de lo que en aquel momento todavía era Conadic –ahora Conasama–, lo que resultó en un diálogo semanal, y después en la creación de un comité de reducción de riesgos y daños en la Ciudad de México, que hace algunos esfuerzos para llegar de manera directa a los lugares de encuentro, lo cual aún falta replicar en los estados.
“Lo que sí hace falta es voluntad. A pesar de que en Ciudad de México a veces no logramos llegar a los lugares, al menos hay una disposición de continuar con el proyecto, se hace público en los medios de las instituciones y darle visibilidad a la problemática es muy importante, y que la den las instituciones públicas”, apunta Rojas.
La preocupación ahora, además de una atención pública con mayor alcance, es el aumento en casos de hepatitis C y sífilis entre hombres que tienen sexo con hombres. De acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas 2024 de las Naciones Unidas, el consumo sigue siendo uno de los principales motores de la epidemia mundial de hepatitis C; el 23 % de las nuevas infecciones son atribuibles a prácticas de inyección no seguras.
El reporte de este año ya refiere el uso de drogas sintéticas en contexto sexual entre hombres que tienen sexo con hombres, que se asocian a un riesgo más elevado de contraer VIH y hepatitis. La corta duración del efecto placentero puede conducir también a una necesidad de dosis más frecuentes y prácticas de consumo inseguro, indica el documento.
A esto se suma el reto de la atención de primer contacto en el servicio público con personas consumidoras, donde prevalece un estigma y un trato diferenciado a partir de prejuicios personales, cuando el sistema de salud tiene reconocidos e institucionalizados esos servicios, incluso en medio de una política de criminalización del consumo.
Por otro lado, prevalece la carencia de suficientes espacios, libres de estigmas, para la atención a consumos problemáticos. “Hay pocos espacios, y pocas personas saben que esos espacios existen y son públicos, pero mientras no se cambie la narrativa a nivel de país, a nivel de política y a nivel estructural, si yo estoy en un brote psicótico por consumo de cristal, lo último en lo que voy a pensar es en ir a una institución pública a pedir que me ayuden”, afirma Rojas.
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Un estudio conjunto entre Inspira Cambio y la Facultad de Medicina de la UNAM describe, además, que entre las afectaciones al bienestar asociadas al consumo de sustancias están también las relacionadas con el riesgo de violencias, en medio del contexto de inseguridad nacional, así como el prohibicionismo de los servicios médicos y policiales.
Tanto Rojas como Baruch califican como un acierto que esta semana Conasama haya hecho pública su propia guía, pero al mismo tiempo representa apenas un paso que debió darse mucho antes, lo que habla de un rezago de años por parte del sector público.
“Ya contamos con varias personas en instituciones aliadas que han tenido un trabajo fuerte para impulsar estrategias específicas; está muy bien para que, por ahora, el sistema de salud se prepare para cuando lleguen las personas que eventualmente lo pudieran necesitar, sin que necesariamente se diga al mundo con un alarmismo respecto al consumo”, añade Baruch.
