Yahoo Noticias El vergonzoso ridículo del gobierno de AMLO por los 8 militares liberados del caso Ayotzinapa
El caso Ayotzinapa no ha tenido reposo. Referido a la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014. Nueve años después, el Estado Mexicano, con los gobiernos anterior y presente, no ha sido capaz de llegar a una conclusión definitiva, que deje satisfechos a los agraviados, es decir, a los padres de los jóvenes que invocan con la consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Se desconoce el número de horas empleadas en la investigación del caso. El número de personas participantes, los miles de fojas que contiene la totalidad de los expedientes, los millones de pesos dedicados al esclarecimiento de este crimen, la cantidad de notas informativas, reportajes, editoriales, artículos y demás, publicados en prensa, radio y televisión.
El caso Ayotzinapa no sólo ha sido por nueve años un asunto judicial y de búsqueda de la justicia, también, se convirtió en un asunto político, cuando desde la propaganda se le utilizó para erosionar al sexenio anterior y construir, mediante promesas hoy no cumplidas, llegar a la verdad.
Muchos hombres y mujeres han sido detenidos, llevados a prisión, mantenidos en la cárcel y al final, dejados en libertad por los jueces que no han encontrado sustento en los delitos que la Procuraduría, antes y la Fiscalía General de la República hoy, imputa a los acusados. En repetidas ocasiones los jueces han señalado que las pruebas son insuficientes y los expedientes están mal documentados.
La dinámica del caso Ayotzinapa sigue vigente, en el episodio actual la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, al acatar la sentencia del Primer Tribunal en materia Penal, ordenó revisar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de ocho militares acusados por el caso Ayotzinapa y en consecuencia ordenó su liberación, por lo que llevarán su proceso en libertad por el delito de desaparición forzada.
Como en ocasiones anteriores se repitió el argumento de que las pruebas presentadas por la FGR no fueron suficientes para mantenerlos en prisión. Adicionalmente, desde su detención en julio del año pasado, su caso fue litigado por abogados de origen militar.
En su conferencia mañanera el presidente López Obrador se inconformó con la liberación. Comentó que en el Poder Judicial hay un interés político con la liberación de los ocho militares involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, porque buscan desprestigiar al Ejército y a él hacerlo que dar mal.
La liberación de los ocho militares no fue un suceso que tomó por sorpresa a López Obrador. Informó que envió una carta a la ministra Norma Piña para advertirle sobre esa posibilidad. Al respecto agregó: “Le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que dé a conocer esa carta, y como si le hubiésemos dicho: libérelos, hace como 15 días, porque ya lo veíamos venir”.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, atendió la instrucción del presidente e hizo pública la carta que envió a la ministra presidenta de la SCJN. En ese texto advierte sobre el riesgo de modificar las medidas cautelares que harían ilocalizables a los militares y de la trascendencia de este asunto para el Estado por las afectaciones a los derechos humanos de los desaparecidos y de sus padres y madres.
Atendiendo a la instrucción del Presidente @lopezobrador_, hacemos pública la carta que enviamos a la ministra Norma Piña desde el 12 de diciembre sobre la posible liberación de 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa.
Ahí le advertimos del riesgo de modificar las medidas… pic.twitter.com/q4B1hX2UTi— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 23, 2024
Las últimas líneas de la carta se pueden interpretar como una instrucción al Poder Judicial. Como si estuviera subordinado al Poder Ejecutivo. “Confiamos en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho, garantizará los derechos humanos de las víctimas y sancionará a los responsables a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia.
Sin más por el momento y esperando tenga a bien considerar lo vertido en el presente oficio, quedo de Usted".
Es un hecho que la petición del presidente y su secretaria de gobernación no fue atendida por la ministra presidenta de la SCJN, porque no está en sus facultades instruir a los jueces el sentido de sus sentencias. Adicionalmente, el caso se empezó a litigar desde julio de 2023 y solo intervinieron los abogados militares de los imputados. La FGR fue omisa en su participación, pudiendo imputar el amparo que llevó a la revisión de la prisión preventiva y su desenlace, al ganar la continuidad de su proceso en libertad y no lo hizo. Posiblemente le hizo falta una carta similar a la que recibió la SCJN.
¿La Ministra Presidente es “jefa” de los 1,500 Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito? ¡No!
Somos totalmente independientes y autónomos, tanto de los otros poderes, como de nuestro poder mismo.
Sólo nos hincamos ante la Constitución con el fin protegerte contra los actos…— Osiris Cedeño Muñoz (@OsirisCedeno) January 23, 2024
El envío de la carta del presidente a la ministra Norma Piña, pone en evidencia la ignorancia sobre la esencia del Poder Judicial, en cuanto a la autonomía de sus diferentes niveles en la toma de decisiones judiciales. Conocer y asesorar al presidente al respecto es función de la Consejería Jurídica de presidencia, también de la secretaria de Gobernación. Ser omiso solo puede ser calificado como ineptitud o mala intención. López Obrador expuso al ridículo a su secretaria de gobernación.
Ahora el desenlace, previsible desde hace meses, planteó a López Obrador la oportunidad de desviar la responsabilidad sobre la liberación de los militares hacia el Poder Judicial, acusándolo de intereses políticos que solo existen en Palacio Nacional. Su estrategia le permite ubicar la no solución del caso Ayotzinapa en el Poder Judicial, argumentar que su gobierno hizo lo hizo lo posible por resolver el caso y al mismo tiempo, mantener la vigencia de su alianza con el Ejército.
El caso Ayotzinapa es un asunto político. Por ello mantiene en la cárcel como chivo expiatorio Jesús Murillo Karam, para quien la FGR pide una sentencia de 81 años. La verdad histórica está pendiente.
