El consejo de ministros ultima los detalles de la intervención en Cataluña

MADRID (Reuters) - El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y su consejo de ministros ultiman el sábado a media mañana una serie de medidas extraordinarias para intervenir la Generalitat de Cataluña tras un proceso de "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" "improrrogable".

Será la primera vez en las cuatro décadas de la joven democracia española en la que se aplican medidas excepcionales por las que el Estado asume las competencias de un gobierno regional como consecuencia de la deriva independentista de sus dirigentes.

La finalidad de las medidas es, según un argumentario distribuido por el gobierno, restaurar el orden constitucional, asegurar la neutralidad institucional, garantizar los servicios públicos y la actividad económica y preservar los derechos de los ciudadanos.

Desde el Ejecutivo se asegura que la situación es "improrrogable" y que "es preciso" atajarla mediante la activación de las facultades que el artículo 155 de la Constitución previsto para el supuesto de que una comunidad no cumpla sus obligaciones.

En el documento explicativo, el Gobierno central recordó que, al margen de lo "intolerable" de la actitud de la Generalitat, "la deriva independentista y su expresión en planteamientos ilegales, están afectando gravemente a la vida política, económica y social en Cataluña".

Las medidas, que inicialmente están apoyadas por PSOE y Ciudadanos, dos fuerzas que, junto con el gobernante Partido Popular suman 254 de los 350 diputados de la Cámara Baja nacional, habrán de ser refrendadas en el Senado de mayoría Popular.

La mesa del Senado ya estaba reunida el sábado para fijar el calendario del debate y aprobación de las medidas, que podrían entrar en vigor a partir del pleno que celebra la cámara alta el próximo viernes 27 de octubre y podrían suponer la celebración de elecciones regionales en Cataluña el próximo mes de enero.

El argumentario del Gobierno habla de un "profundo deterioro de las bases de la convivencia, del bienestar social y del crecimiento económico en la Comunidad Autónoma", y habla de riesgos para el progreso.

Aunque no detalla las medidas a aplicar, se especula con la destitución del Govern, la intervención de la policía regional o incluso la televisión pública catalana.

"Los precedentes hasta ahora detallados ponen de manifiesto las reiteradas desatenciones al orden constitucional y la contumacia mostrada por los impulsores del denominado proceso soberanista, desde las distintas instituciones en las que tienen algún tipo de poder o influencia, ignorando e incluso contraviniendo abiertamente el marco legislativo", dice el documento del gobierno.