El científico que usa estadísticas para encontrar desaparecidos en El Salvador, Guatemala y México

Patrick Ball ha dedicado su vida a encontrar desaparecidos y condenar a los culpables. Uno de sus retos actuales es detectar las fosas comunes en territorio méxicano. En la gráfica, familiares de los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, realizaron una peregrinación a la Basílica de la Guadalupe al cumplirse 51 meses de su desaparición, en Ciudad de México (México). (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Patrick Ball es un sabueso de la verdad. Ese deseo de descubrir lo que otros quieren ocultar lo ha llevado a desarrollar fórmulas matemáticas para detectar desaparecidos.

Su trabajo consiste en aplicar métodos de medición científica para comprobar violaciones masivas de derechos humanos

“Las personas e instituciones que cometen asesinatos en masa siempre mienten. Las mentiras son grotescas y fáciles de desmentir”, dijo el experto estadístico y doctor en sociología en la Cumbre Europea de Código Abierto realizada en octubre de 2018 en Edimburgo, Escocia.

Patrick Ball ha encontrado víctimas de derechos humanos en muchos países sin salir de su oficina en California. (Captura hrdag.org)

El objetivo de las organizaciones de derechos humanos es dar voz a las víctimas para desmontar las mentiras oficiales. “Para eso tenemos que decir la verdad. Estar en lo correcto. Y para lograrlo las estadísticas tienen que estar bien hechas”, expresó.

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“Lo que me interesa es explicar una serie de eventos que indican que existe una política de violencia”. De esa manera es posible adjudicar responsabilidades políticas y condenar a los responsables.

Todo comenzó en El Salvador

El general Juan Orlando Zepeda durante un acto público en 2014. Un año más tarde, la Corte Suprema de El Salvador permitió las órdenes internacionales de arresto contra Zepeda y otros militares por crímenes contra la humanidad. El general se encuentra fugitivo desde 2016. (Captura de pantalla YouTube)

Su peculiar carrera como desarrollador de sistemas computacionales para detectar políticas genocidas comenzó en 1991 cuando elaboró las primeras bases de datos sobre las víctimas del general Juan Orlando Zepeda, ex viceministro de Defensa y el primer jefe del Departamento de Inteligencia de la Fuerza Armada de El Salvador.

Al concluir su análisis, Ball determinó que Zepeda había supervisado graves violaciones a los derechos humanos de 310 salvadoreños, con 210 ejecuciones arbitrarias, detenciones ilegales y torturas.

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Parte de sus experiencias durante ese proyecto fueron recogidas en el libro ¿Quien le hizo qué a quién? donde enfatiza la importancia de tener sólidas bases de datos y análisis estadísticos que no sólo revelen la verdad sino que sean muy difíciles de refutar.

Zepeda y otros militares investigados rechazaron las acusaciones de más de 500 violaciones a los derechos humanos y demandaron a los miembros de los Comisión de los Derechos Humanos de El Salvador, quienes hubieran parado en la cárcel si Ball hubiera cometido errores en la metodología.

Aunque Zepeda está prófugo de la justicia, la experiencia permitió a Ball iniciar una búsqueda por encontrar la verdad mediante la formulación de algoritmos que aún no ha concluido.

Triunfo contra la impunidad en Chad

El ex dictador de Chad Hissène Habré levanta su mano durante el juicio realizado en la ciudad de Dakar, Senegal, donde vivió cómodamente durante dos décadas hasta que fue acusado por los crímenes cometidos durante su gobierno. (AP Photo/Carley Petesch, File)

Una de las historias de éxito de Ball fue lograr la condena del ex presidente de Chad, Hissène Habré, por crímenes contra la humanidad en 2016.

El estudio detallado de 12 mil documentos mediante los modelos matemáticos de Ball comprobaron que durante el gobierno de Habré, entre 1982 y 1990, 40.000 personas fueron ejecutadas y 54.000 encarceladas de manera arbitraria.

Ball se siente orgulloso de los triunfos. “En Derechos Humanos no hay muchas victorias y por eso hay que celebrarlas. Somos un pequeño grupo de activistas que trabaja con los familiares de las víctimas y los sobrevivientes”.

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Para lograr la condena, un equipo de decididos trabajadores humanitarios limpió y clasificó 12 mil informes policiales encontrados entre la basura de un antiguo edificio gubernamental. Luego Ball trabajó en un tipo específico de documento, llamados informes de situación diaria, que revelaban el número de presos al iniciar y al terminar el día. También identificaban las liberaciones, los traslados y los decesos.

El análisis de 518 informes de 1085 días entre 1985 y 1988 permitieron a Ball determinar la tasa bruta de mortalidad, que llegó a alcanzar 0.6 prisioneros por cada 100 detenidos al día.

“Se trata de una cifra extraordinariamente alta. En ese momento era entre 90 y 540 veces más alta que la tasa de mortalidad de un adulto promedio en Chad”.

Pero si extrapolaban la cifra a otros contextos, un prisionero en una cárcel de Habré tenía entre 1,3 a 4,1 más probabilidades de morir que los prisioneros estadounidenses capturados por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.

Genocidio de ixiles en Guatemala

Indígenas ixiles durante una audiencia del juicio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt en Ciudad de Guatemala el 25 de agosto de 2015 (AFP/Archivos | Johan Ordóñez)

La primera vez que Ball ayudó a condenar a un mandatario fue en Guatemala en 2013, cuando el ex dictador Efraín Ríos Montt fue declarado culpable de genocidio.

Para probar la responsabilidad del general, Ball trabajó durante semanas en el desarrollo de códigos que permitieran determinar si existía un patrón de violencia acabó con las vidas de decenas de miles de víctimas durante los 36 años de guerra civil del país centroamericano. Otra interrogante era determinar cuántos guatemaltecos asesinados no estaban incluidos en ninguna de las listas de desaparecidos.

Primero comparó las listas de muertos del gobierno guatemalteco, la Iglesia Católica, la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas y de las Organizaciones no Gubernamentales. Luego detectó los nombres repetidos en las listas.

El siguiente paso fue calcular cuántos nombres no estaban en ninguna listas y si algunos grupos étnicos fueron excluidos sistemáticamente.

Las proyecciones de Ball concluyeron que nadie había registrado un 25% de todas las muertes en la región de la etnia Ixil en Guatemala entre abril de 1982 y julio de 1983.

Según sus cálculos, un indígena tenía 8 veces más probabilidades de ser asesinado por el ejército en la región Ixil a principios de la década de 1980 que cualquier otro guatemalteco. Ese dato apuntaba a un patrón de genocidio, que significa el exterminio deliberado y sistemático de un grupo social.

“Consideramos que el acusado, José Efraín Ríos Montt, tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y no lo detuvo a pesar de tener el poder para evitar su perpetración”, señaló el veredicto de quien ha sido considerado uno de los dictadores más crueles de América Latina.

Aunque Ríos Montt fue liberado y murió en su casa a los 91 años en abril de 2018, Ball probó que las órdenes del general provocaron la muerte de 1.771 indígenas ixiles y el desplazamiento de 29.000. La corte dictaminó que el motivo de la persecución de la comunidad ixil fue el racismo.

Una aguja en el pajar mexicano

Periodistas aseguran que en México se encuentra una tumba común clandestina cada dos días. Ball intenta predecir dónde están las osamentas de los que no han sido hayados. (Foto IBTimes)

El nuevo y nada fácil desafío de Ball es detectar fosas comunes en el inmenso territorio mexicano.

Según el proyecto periodístico A dónde van los desaparecidos, entre 2006 y 2016 “fueron descubiertos casi 2 mil entierros ilegales donde criminales desaparecieron personas”.

Las cifras oficiales admiten la existencia unas 1.000 fosas clandestina, la mitad de lo que alegan los periodistas.

Pero aún en los escenarios más conservadores, al menos 37.000 personas ha desaparecido sin dejar rastro en México desde 2007.

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Las autoridades responsabilizan a los enfrentamientos entre los carteles de las drogas de la mayoría de las muertes. Mientras organizaciones de derechos humanos insisten en que existe una trama de corrupción donde también estarían involucrados funcionarios públicos y agentes policiales.

El desafío de Ball es encontrar los cuerpos escondidos en lugares que nadie imagina.

Es difícil recordar que los lugares que no tienes marcados en el mapa es porque no tienes ningún dato. ¿Y por qué no tenemos ningún informe de esos lugares? La respuesta es porque están matando a las personas que hacen los informes de riesgo”. dijo Ball a la publicación Pacific Standard.

Muestra del código desarrollado por Ball para predecir los municipios con fosas clandestinas 2013 y 2014. (Captura pantalla hrdag.org)

El estadístico, que lidera el Human Rights Data Analysis Group, y sus aliados DataCivica y Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (UIA), comenzaron por realizar un levantamiento de los datos conocidos.

Según la publicación Animal Político, la base de datos confirmó que en 24 de los 38 municipios fronterizos con Estados Unidos existen informes de personas desaparecidas.

La mitad de las personas incluidas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas fueron vistas por última vez en 28 de los 2547 municipios de México. Situación que se agrava en Tamaulipas y Guerrero, donde ocurren 3 de cada 10 desapariciones.

Los investigadores también tienen claro que los municipios fronterizos con Estados Unidos concentran los homicidios con armas de fuego. Allí la medida de los homicidios es de 60 por cada 100 habitantes, mientras que en el resto de México se registra una media de 16 homicidios por cada 100 mil.

Aunque aún tienen mucho camino por recorrer los códigos predictivos de Ball están comenzando a dar resultados para convertirse en la voz de los desaparecidos que nadie ha denunciado.

Ball encontró 13 municipios con un 65% de probabilidades de tener tumbas sin marcar, pese a que no hay ninguna información de prensa ni del gobierno sobre desapariciones o asesinatos.

Se trata de los pequeños primeros pasos de un proyecto que pudiera mostrar a los activistas de derechos humanos dónde comenzar a buscar a los mexicanos que nunca volvieron a casa.