Ejidatarios y activistas reclaman inconsistencias en planes de ordenamiento territorial; la CDMX repondrá consulta

El pasado domingo, en la Ciudad de México se llevó a cabo una consulta para la aprobación del Plan General de Desarrollo (PGD) y el Plan General de Ordenamiento Territorial (PGOT), documentos en los que se establecen los criterios para el desarrollo de la capital hasta 2040. Sin embargo, ante las críticas de ejidatarios, asociaciones civiles y activistas por inconsistencias en las propuestas y falta de información, la consulta fue cancelada, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se repondrá todo el proceso para dialogarlo.

De acuerdo con los inconformes, los documentos presentados a consulta abren la puerta a que terrenos que actualmente forman parte de ejidos o áreas protegidas puedan ser vendidos, y no toman en cuenta las alertas por fenómenos hídricos y sísmicos que se prevén en el Atlas de Riesgos de la CDMX.

En respuesta al reclamo por la posible privatización, la jefa de gobierno expresó que este “rumor” es “absolutamente falso”, y aseguró que “si alguien ha peleado por la conservación, ha apoyado a ejidos y comunidades hemos sido nosotros”.

“Siempre hemos estado en contra de la privatización de las tierras sociales, y siempre hemos defendido los usos y costumbres de los pueblos originarios. Son otros los que han querido privatizar y nunca respetar a los pueblos originarios. Privilegiamos el diálogo y la consulta indígena como establece nuestra Constitución”, insistió.

Los proyectos a discusión

El Plan General de Desarrollo es el instrumento que definirá las políticas de largo plazo en la capital hasta 2040, y según el proyecto presentado, tiene como objetivo “impulsar la transformación hacia una ciudad de bienestar, de igualdad y derechos”.

El PGD plantea “un modelo de urbe caracterizado por la sostenibilidad, el ordenamiento territorial, la innovación, el transporte público eficiente, seguro y limpio, el impulso a las actividades físicas, creativas y la cultura, con atención especial a los territorios de mayor rezago”, y establece que será una “ciudad hospitalaria, que reciba a quienes la elijan para vivir, estudiar, trabajar y pasear, con apoyo a las personas migrantes o que busquen asilo y refugio”.

Las propuestas se encuentran articuladas en seis ejes. El primero de ellos, “ciudad de bienestar e igualitaria”, señala como objetivo específico “reducir la pobreza y la desigualdad económica, así como la carencia de alimentación y todas las dimensiones del bienestar”.

A través de 16 políticas y 76 programas sociales, este eje señala el compromiso del gobierno con los temas referentes a la pobreza, la alimentación, la salud pública, el derecho a la educación, la igualdad y la no discriminación.

El eje 2, “ciudad próspera, dinámica e innovadora”, propone 13 políticas y 52 programas enfocados en “impulsar la diversificación económica de la Ciudad de México para generar mayor riqueza, incentivando la productividad de las empresas y el empleo calificado en sectores estratégicos que se traduzcan en una mejor distribución de la pobreza y por tanto en bienestar social para la población”.

El tercer eje, “ciudad sustentable y resiliente”, está integrado por 17 políticas y 77 programas cuyo propósito es “recuperar la vegetación nativa de los jardines para el restablecimiento de la biodiversidad, incrementar las tasas netas de reforestación del suelo de conservación, aprovechar el suelo de conservación de manera sustentable e incrementar las áreas verdes”.

El eje 4, “ciudad con equilibrio, ordenamiento y gestión territorial”, conformado por 20 políticas y 76 programas, contempla la “promoción de menor huella ecológica y manejo integral de territorio, disminución de los asentamientos humanos irregulares, reforzamiento de centralidades existentes y generación de nuevas centralidades, impulso de la generación urbana, promoción de vivienda adecuada e incluyente, fortalecimiento de la cobertura equitativa de servicios, infraestructura física, espacios públicos, movilidad sustentable y accesibilidad urbana”.

En el quinto eje, “ciudad en paz y con justicia”, a través de 12 políticas y 49 programas, se desarrollan propuestas de prevención del delito, sistema policial profesional y acceso efectivo a la justicia con imparcialidad en la aplicación de la ley.

El último eje, “ciudad de gobierno honesto, cercano a la ciudadanía y buena administración”, establece 13 políticas y 45 programas referentes al “gobierno honesto y competente, austeridad, administración pública innovadora y gasto público eficiente e ingreso público sostenible”.

Sobre el ordenamiento territorial, el proyecto de PGOT es el primer instrumento con el que contará la capital para planear su crecimiento hasta 2035, tomando en cuenta los seis ejes del PGD, con el objetivo de “regular la transformación de la ciudad y asegurar la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y social para un desarrollo sustentable, compatible con los intereses de la sociedad”.

Hasta ahora, la Ley de Desarrollo Urbano establece en la CDMX dos clasificaciones de uso de suelo: el suelo de conservación y el suelo urbano. Sin embargo, dentro del proyecto de PGOT se incluye la creación de una tercera categoría: suelo rural.

Al respecto, el proyecto de Plan General de Ordenamiento Territorial señala que “el suelo rural es una nueva categoría establecida por la Constitución Política de la Ciudad de México”, cuya superficie se localiza principalmente en las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

Según el documento, esta categoría fue creada para que aproximadamente un 20% de la superficie considerada actualmente como suelo de conservación sea cambiado a este tipo y con ello se regularicen tierras para productividad agrícola, que al día de hoy se desarrolla con problemáticas como la baja de activos productivos, el rezago tecnológico y con falta de asistencia técnica.

También incluye un apartado sobre “destinos turísticos emergentes en la Ciudad de México”, es decir, las áreas donde están algunos atractivos “que no han sido puestos en valor y en algunos casos se encuentran deteriorados, pero que tienen alta potencialidad para desarrollar la actividad turística”, en los que se busca la reactivación económica.

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Los destinos contemplados son: el Barrio Culhuacán, Centro de Tlalpan, Ciudad deportiva Azcapotzalco, Ciudad deportiva Iztacalco, pueblo de Iztacalco, Clavería, Colectivo 18, Cuicuilco, Distrito Creativo Doctores, Escuadrón 201, Garibaldi-Lagunilla, Iztapalapa centro, Parque Cuitláhuac, Parque Tezozomoc, San Joaquín-Tacuba, San Juan Ciudadela, San Juan de Aragón, San Lorenzo Tezonco, Santa María la Ribera, Tacubaya, Tepito, Tlatelolco, La Merced, Centro de Azcapotzalco y Peñón de los Baños.

Otros destinos, ubicados en suelo rural y de conservación, son el pueblo del Ajusco, San Lorenzo Tlacoyucan, San Pedro Actopan, San Pedro Tláhuac, Santa Cruz Acapixtla, Santiago Zapotitla, Villa Milpa Alta, Xochimilco Centro, San Andrés Mixquic y Santa Rosa Xochiac.

Sobre la gobernanza territorial, el proyecto asegura que “se generarán consensos sobre el desarrollo y ordenamiento mediante un sistema democrático de consulta y participación en el que toda la ciudadanía tenga voz para contribuir con sus propuestas y visiones”.

Las críticas a los planes y su consulta

Donají Meza, integrante del grupo de Jóvenes Comuneras y Comuneros de Milpa Alta, explica en entrevista que, como campesina, le preocupa el tema de la defensa del territorio, ante la posibilidad de que 30 mil hectáreas del suelo de conservación sean destinadas a suelo rural, lo que ve como “una afectación a nuestros pueblos”.

“Nosotros nunca fuimos informados de la consulta, que además nos parece que responde a una lógica electoral a favor del gobierno. Hubo brigadas que quisieron aprobar cosas en reuniones con las autoridades tradicionales, pero no supimos más, por eso consideramos que las sesiones informativas fueron amañadas y no estuvieron apegadas al derecho que tenemos como pueblos a que se nos tome en cuenta”, reclama.

La joven milpaltense comenta que desde hace aproximadamente dos años en algunas comunidades tuvieron conocimiento de la intención de consultar el PGD y el PGOT, y ante la falta de información sobre estos por parte de las autoridades, comenzaron a organizar mesas para dialogar sobre sus preocupaciones entre los habitantes de diferentes pueblos, pero considera que el trabajo que han realizado por cuenta propia para dar a conocer el contenido de las propuestas es insuficiente.

La doctora Naxhelli Ruiz, del Instituto de Geografía de la UNAM e integrante del Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México —mecanismo de coordinación entre dependencias y entidades de la administración pública capitalina—, señala que desde este espacio se emitieron recomendaciones sobre la gestión de riesgos; sin embargo, considera que la visión que se plasmó en los proyectos continúa visualizando estos fenómenos como naturales e inevitables.

“Si tú ves el proyecto, están mencionadas las amenazas, pero simplemente las mencionan y no hay una visión de cómo gestionar los riesgos, porque siguen concentrándose en lo que nosotros llamamos una visión naturalista, que pareciera ser como que los fenómenos feos inevitablemente ocurren, cuando no es así. Lo preocupante es que la Ciudad de México tiene un enorme potencial de catástrofe y no aparece como una prioridad el pensar en soluciones ante los escenarios catastróficos”, comenta en entrevista.

Para la especialista, además, es necesario que tanto la formulación de los proyectos como la consulta para su aprobación estén realizados por un organismo que tome decisiones autónomas del gobierno capitalino, lo que a su parecer no ocurre con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP). Sin embargo, celebra la decisión de que las autoridades repongan el proceso de consulta, y espera que para el nuevo ejercicio sean incluidas todas las recomendaciones del Consejo de Resiliencia.

Mónica Tapia, directora de la asociación Ruta Cívica —que también forma parte del Consejo de Resiliencia—, afirma que el reclamo de la ciudadanía sobre el PGD y el PGOT no se debe a que está confundida, como ha dicho la jefa de gobierno, “sino porque está frustrada por el contenido de los documentos”.

“En lo que nos toca, hemos señalado que el no tomar en cuenta el Atlas de Riesgos impide atender a la ciudad que siempre está a punto de colapsar por inundaciones, temblores, socavones o fracturas, estamos en una emergencia climática y no se está tomando en cuenta para el ordenamiento territorial, lo que consideramos un error básico de planeación”, agrega.

Sobre la consulta, Tapia señala que “no se está escuchando a los grupos de profesionistas, académicos, activistas ni ciudadanos”, por lo que espera que para el ejercicio con el que se reponga el proceso de diálogo y votación de los documentos exista mayor apertura por parte de las autoridades, y mayor difusión de la información, en un lenguaje que sea sencillo de entender para toda la gente, porque hasta ahora muchas de las dudas se deben a los tecnicismos con los que se explican las propuestas.

Para la continuación de las actividades de la consulta, el IPDP informó que se pueden agendar reuniones por colonia a través del número telefónico 55 5130 2100, extensión 2339, donde personal del instituto brindará la información a la ciudadanía o gestionará una visita a la comunidad.

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