EEUU deporta a otros 17 presuntos criminales a El Salvador en polémica operación

En una operación de alto perfil, la administración de Donald Trump deportó el fin de semana a El Salvador a 17 personas acusadas de ser delincuentes extranjeros, incluyendo presuntos miembros de la temida megabanda venezolana Tren de Aragua y de la violenta MS-13, dijo el Departamento de Estado al anunciar que dentro del grupo se encontraban asesinos y violadores.

La medida se produce apenas semanas después de que Estados Unidos trasladara a más de 230 venezolanos a territorio salvadoreño el pasado 15 de marzo, y haciendo caso omiso de varias órdenes judiciales federales que suspenden ese tipo de deportaciones.

Un juez de Washington, D.C., bloqueó recientemente la aplicación de la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros del 1798, la cual permite la deportación de inmigrantes sin previo aviso. No obstante, la administración Trump ha defendido su postura alegando que el Tren de Aragua representa una amenaza creciente dentro de las fronteras estadounidenses.

“Anoche, en una exitosa operación antiterrorista con nuestros aliados en El Salvador, el ejército de EE.UU. transfirió a un grupo de 17 delincuentes violentos de las organizaciones Tren de Aragua y MS-13, incluidos asesinos y violadores. Estos criminales ya no aterrorizarán a nuestras comunidades y ciudadanos”, secretario de Estado, Marco Rubio, anunció a través de su cuenta de X.

Un comunicado de prensa del Departamento de Estado dijo que las deportaciones se realizaron como parte de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que designa a las pandillas como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Tras el anuncio del Departamento de Estado, el juez federal de distrito James Boasbert en Washington, quien emitió el fallo que bloquea la implementación de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar venezolanos a El Salvador, convocó una audiencia el jueves para solicitar al gobierno que explique por qué las nuevas deportaciones no han violado su orden de restricción temporal.

Argumentando que el juez de Washington intenta despojar al presidente de su capacidad para defender al país, el gobierno previamente había solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que interviniera en la acalorada batalla legal por el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, normativa normalmente usada en tiempos de guerra que Trump invocó a principios de este mes para deportar rápidamente a presuntos miembros de la pandilla venezolana.

“Este caso trata sobre quién decide cómo manejar las operaciones críticas de seguridad nacional: el presidente, como lo establece claramente la Constitución, o los tribunales”, declaró a los jueces la procuradora general interina Sarah Harris. “Hay mucho en juego. La nación no puede permitirse una respuesta equivocada”.

Además de aparentemente hacer caso omiso de la decisión judicial en Washington, las deportaciones del domingo a El Salvador también parecen ir en contra de un fallo emitido el viernes en Boston, que prohíbe el traslado de migrantes deportados a terceros países sin que se les permita impugnar su expulsión en tribunales.

Las deportaciones de venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador han avivado el debate sobre la política migratoria de Estados Unidos, generando preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos y al debido proceso legal.

Desde El Salvador, el presidente Nayib Bukele también se pronunció en X (Twitter) sobre la peligrosidad de los deportados.

“Todas las personas son asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluidos seis violadores de niños. Esta operación es un paso más en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado internacional”, dijo el mandatario salvadoreño.

La agresiva estrategia migratoria del gobierno de Trump ha incrementado el número de personas que Estados Unidos deporta a terceros países, principalmente a naciones latinoamericanas como México, Guatemala, Panamá y El Salvador, en un esfuerzo por aliviar la presión sobre sus centros de detención.

Sin embargo, defensores de derechos humanos argumentan que los migrantes deportados enfrentan violencia, explotación e inseguridad jurídica, lo que viola el derecho internacional y pone en peligro la vida, en particular la de quienes son enviados a la megacárcel de El Salvador.

Según el régimen socialista de Caracas, la mayoría de los 17 migrantes enviados a El Salvador son venezolanos, pero ninguno de ellos figura entre los delincuentes que aparecen en la lista de alerta roja de Interpol.

En declaraciones brindadas en una rueda de prensa, el fiscal general de Maduro, Tarek Saab, dijo que el número total de venezolanos detenidos en El Salvador asciende ahora a unos 250, y afirmó que todos ellos se encuentran encarcelados injustamente en el país centroamericano.

Hoy conocimos sobre 15 personas más enviadas, deportadas a El Salvador, con lo que rondan los 250 secuestrados en El Salvador”, dijo. “La gran pregunta es la siguiente: ¿Cuál ha sido la cifra de casos donde algún venezolano haya cometido algún delito como homicidio en los Estados Unidos. No llegaría ni a 0,01%. De la nada quieren justificar estas aberraciones y se le aplique la Ley de Enemigos Extranjeros, incluso a menores de edad”.