EEUU defiende deportaciones a Haití ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Funcionarios de la administración del presidente Joe Biden defendieron el jueves las políticas de inmigración del gobierno hacia los migrantes haitianos, incluida la deportación y repatriación de personas a la inestable nación caribeña a pesar de su espiral de violencia y la profundización de la crisis humanitaria.

“Trabajamos con aliados en el Caribe para garantizar el proceso de repatriación más rápido y humanitario posible, incluyendo la financiación de organizaciones internacionales asociadas para dar apoyo en la recepción y reintegración”, dijo Emily Mendrala, subsecretaria adjunta en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, que abarca Cuba, América Central y la migración regional, ante un panel de protectores de los derechos humanos.

“Estados Unidos sigue haciendo cumplir sus leyes de inmigración”, añadió. “Animamos a las personas de todas las nacionalidades que esperan visitar o residir o reunirse con su familia o buscar protección en Estados Unidos que sigan el creciente número de vías legales para hacerlo”.

Mendrala formó parte de una delegación de alto nivel del gobierno estadounidense que se dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante un tercer día de audiencias públicas sobre Haití. La sesión del jueves, al igual que la del martes, se centró en la migración y fue retransmitida en vivo desde Los Ángeles. Ella y otros colegas expusieron algunas de las vías legales para los ciudadanos haitianos, incluidas las nuevas normas fronterizas destinadas a ofrecer una alternativa a la migración irregular. Reiteraron que también el Departamento de Seguridad Nacional se estaba preparando para el levantamiento del Título 42, la controversial política de salud pública relacionada con la pandemia que permite a la administración expulsar rápidamente a los migrantes de vuelta a sus países de origen o a México.

La política, al igual que las nuevas normas que requieren que los migrantes haitianos y otros soliciten una autorización previa a través de una aplicación móvil para entrar en Estados Unidos, ha sido duramente criticada por activistas de la inmigración, que acusan a la administración de Biden de quitar a la gente el derecho a solicitar asilo en las fronteras estadounidenses.

“A principios de enero de 2023, Estados Unidos amplió un proceso de libertad condicional para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, a través del cual, a mediados de febrero, más de 11,300 haitianos han sido examinados e investigados exhaustivamente y han recibido autorización para viajar a Estados Unidos y permanecer hasta dos años”, dijo Mendrala sobre el nuevo programa de libertad condicional humanitaria. “Después de la implementación, vimos una marcada disminución en el número acumulado de las cuatro nacionalidades elegibles que llegan irregularmente a la frontera sur de Estados Unidos”.

La delegación estadounidense también incluyó a representantes del Departamento de Seguridad Nacional y al nuevo embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora. Cada uno expuso por separado la política de inmigración de Estados Unidos en relación con los migrantes haitianos. La audiencia pública había sido solicitada por varios grupos activistas de inmigración, entre ellos la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, la Robert F. Kennedy Human Rights y el Institute for Justice & Democracy en Haití. Todos ellos han acusado a las administraciones estadounidenses de prácticas de inmigración injustas en lel trato de los inmigrantes haitianos.

En una carta, los activistas argumentaron que a pesar de la violencia actual en Haití, donde pandillas fuertemente armadas persiguen, secuestran y violan a personas, la administración de Biden sigue devolviendo a los haitianos tanto en aviones chárter del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas como a bordo de los guardacostas estadounidenses cuando son interceptados en el mar.

Al solicitar la audiencia, acusaron a Estados Unidos de racismo y discriminación en la aplicación de sus leyes de inmigración contra los haitianos y otros migrantes negros, y de devolver a los haitianos a pesar de la amenaza a su seguridad. Esto incluye las continuas crisis humanitarias y de seguridad y las condiciones potencialmente mortales de las hacinadas e inhumanas prisiones haitianas.

“Los haitianos deportados desde Estados Unidos enfrentan amenazas graves e inminentes a sus derechos a la vida y a la libertad”, afirman los activistas en una carta en la que solicitaron la audiencia. “Pero incluso antes de su regreso forzoso a Haití, sufren otros graves abusos contra los derechos humanos a manos de las autoridades de inmigración estadounidenses, incluida la discriminación generalizada por motivos de raza y origen nacional, y la denegación del debido proceso durante la evaluación de sus solicitudes de protección humanitaria”.

Durante la audiencia, la Comisión escuchó el testimonio de Paul Pierrilus, nacido en St. Martin de padres haitianos y deportado a Haití el 11 de enero de 2021, a pesar de no tener ciudadanía haitiana y de no haber vivido nunca ahí. Arrestado y condenado por vender una sustancia controlada, se le expidió una deportación definitiva tras 15 años de controles de inmigración. Durante su testimonio grabado desde Puerto Príncipe, detalló presuntos abusos mientras estuvo bajo custodia del ICE en Estados Unidos antes de ser deportado y habló de los peligros constantes en Haití, donde tiene que mudarse cada pocos meses a causa de la violencia.

Los miembros de la Comisión también escucharon a la esposa de Patrick Julney. Julney fue encarcelado de inmediato en Puerto Príncipe tras bajar del avión en Haití en junio de 2022. La esposa de Julney y activistas alegaron que mientras estuvo encarcelado en Haití se pidió un rescate de $6,000.

“Los negros en Estados Unidos tienen 2.5 veces más probabilidades de ser arrestados que los blancos y, aunque son menos del 6% de la población indocumentada, son más del 20% de la población inmigrante que enfrenta la detención y deportación por motivos penales”, dijo Daniel Tse, de la Haitian Bridge Alliance, otro grupo activista que solicitó la audiencia.

Tse acusó a Estados Unidos de poner en el punto de mira a “haitianos y otros inmigrantes negros para perseguirlos penalmente por motivos de raza”.

“Lo que le ocurrió a Paul le ocurre a miles de inmigrantes negros en Estados Unidos. Puedo dar fe de ello porque yo también fui detenido por las autoridades de inmigración estadounidenses durante unos nueve meses cuando buscaba protección tras abandonar mi país natal, Camerún”, afirmó.

Los funcionarios estadounidenses no se refirieron a las acusaciones concretas ni a los asuntos planteados en los casos individuales. Sin embargo, se mantuvieron firmes en sus políticas y detallaron su proceso de devolución de migrantes.

Daniel Delgado, director en funciones de Política Fronteriza e Inmigración del DHS, señaló que, además del nuevo programa de libertad condicional humanitaria, los ciudadanos haitianos en Estados Unidos recibieron en diciembre una prórroga de 18 meses del Estatus de Protección Temporal (TPS) y una nueva designación por parte del secretario del DHS, Alejandro Mayorkas. Ambas decisiones beneficiarán a más de 210,000 haitianos, que podrán vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos, dijo.

“Los datos muestran que estos procesos están funcionando y que cuando se les presenta un proceso seguro, ordenado y legal, los individuos elegirán esto sobre el peligroso e irregular viaje a través de nuestro hemisferio”, dijo. “La migración marítima es algo que el departamento se toma muy en serio y que seguimos desaconsejando enérgicamente”.

Guerline Jozef, cofundadora de la Haitian Bridge Alliance, rechazó cualquier afirmación de que el TPS “fue un regalo”: “Tuvimos que luchar durante más de un año para demostrar la humanidad de los haitianos para que eso sucediera”.

“Devolver a la gente al mismo peligro del que han huido, eso no tiene nada de humano”, dijo.

Los miembros de la Comisión hicieron varias observaciones antes de concluir la audiencia. Joel Hernández García, de México, señaló que la situación en Haití es “explosiva”. Existe “un estado de terror” en el que ocurre un promedio de 15 secuestros al día, dijo.

“Si no se abordan las causas profundas de la migración, no podremos alcanzar los objetivos que la ONU se fijó hace cuatro años para lograr una migración segura, regular y ordenada. Ese debe ser el objetivo”, dijo Hernández. “Y eso hace necesario que en la región se adopten políticas, una política migratoria, con sentido de realidad, y conciencia de las causas de la migración pero con perspectiva de derechos humanos”.

Margarette May Macaulay, miembro de la Comisión de Jamaica y recién elegida presidenta de la Junta, concluyó expresando su malestar con el sistema de inmigración estadounidense. Tras haber visitado la frontera suroeste y los centros de detención, Macaulay afirmó: “Definitivamente son prisiones, no centros de detención”.

A continuación preguntó a la delegación estadounidense, que no tuvo tiempo de responder: “¿No tienen ustedes el principio de rehabilitación después de alguien que ha sido condenado por un acto criminal, especialmente aquellos categorizados como no violentos y que no serán un peligro para la sociedad?

“Porque la mayoría de los países de derecho consuetudinario sí lo tienen”, dijo, refiriéndose al caso de Pierrilus, cuya petición de testificar en persona no fue atendida por el gobierno estadounidense.

“Y me preocupa lo que parece ser esta excesiva autonomía absoluta del ICE porque ningún ... país de derecho consuetudinario deporta a nadie sin una audiencia en un tribunal de justicia. Así que espero que pueda explicar mejor lo que está ocurriendo en Estados Unidos porque, como usted dice, se les conoce como un país de leyes”.