Educación, servicio esencial. Hay provincias que ya perdieron 38 días de clase durante este ciclo lectivo

En lo que va del año, en la mayoría de las provincias no se cumplieron los días de clases planificados. En busca de garantizar que las escuelas estén abiertas durante las huelgas docentes y no docentes, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara a la educación como un “servicio estratégico esencial”, que no quedó exento de críticas por la dificultad para su implementación y por quienes consideran que no resolverá los problemas de la crisis educativa.

El proyecto aprobado, que ahora deberá pasar por el Senado, plantea un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias: las autoridades escolares deberán garantizar la apertura de los establecimientos en sus horarios habituales y el servicio de alimentación escolar los días de huelga.

Formosa, Mendoza, San Luis y Santiago del Estero no tuvieron días sin clases, según el relevamiento de la organización Coalición por la Educación, una agrupación de padres, docentes, expertos y representantes de diferentes organizaciones sociales, que contabiliza cuántos días de clase se dictaron, cuántos se perdieron y por qué razones. En el otro extremo se encuentra Misiones, en donde hasta mitad de año solo habían tenido 44 días de clase “normales” de los 82 planificados, alcanzando 38 días de paro; Neuquén donde hubo 22 días de paro y Santa Fe con 16.

El principal reclamo son los salarios. En marzo 2024, el último dato publicado por el Ministerio de Capital Humano, el salario de bolsillo de un docente de educación primaria de una jornada simple con 10 años de antigüedad fue $416.215.

En mayo, la protesta de los empleados estatales en Misiones por una fuerte recomposición salarial tuvo a los docentes, junto con los policías, como protagonistas. Lideraron incluso un acto inédito de atrevimiento y desafío al poder: marcharon a la casa de Carlos Rovira, el máximo jefe del peronismo misionero.

En el caso de Neuquén en la primera mitad de año hubo apenas cuatro semanas de clases completa para primaria y tres para secundaria. Solo a modo de ejemplo, las clases debían comenzar el 4 de marzo, pero lo hicieron recién el 11 y esa semanas, los estudiantes apenas asistieron dos días al aula, los otros tres hubo paro. Al conflicto sindical uno de los principales factores que complica el panorama educativo de esta provincia es la cantidad de jornadas pedagógicas o institucionales que tiene.

En la Capital Federal, en tanto, suman 10 días sin clase y en la provincia 14. En ambas jurisdicciones solo una de las huelgas superó un acatamiento del 50%, el paro general nacional. En el caso del distrito gobernado por Axel Kicillof hubo siete medidas de fuerza con un impacto menor al 10%, dos cuyo acatamiento impactó entre un 10% y un 25% y otras dos superaron el 25% sin alcanzar el 50%. Al cierre de esta nota, LA NACION no recibió respuesta de la Dirección General de Cultura y Educación, dirigida por Alberto Sileoni. Tampoco contestaron la consulta de este medio el sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba), cuyo secretario general es Roberto Baradel, un dirigente leal a Kicillof.

En tanto, en la Ciudad, fueron siete las medidas de fuerza. Los datos del Ministerio de Educación porteño, según contestaron a LA NACION, también contabilizaron siete jornadas de paro de la Unión de trabajadores de la educación (UTE) y la Asociación Docente Ademys en lo que va del año, entre los que se cuentan: el 26 de febrero en defensa del Fonid, infraestructura, salario y jubilaciones docentes; el 4 de marzo donde además del aumento de sueldos pidieron por un boleto educativo y reclamaron por el aumento del transporte, los servicios, los útiles y los alimentos; el 8 de marzo por el Día de la Mujer y con la consigna “Plata para educación, no para la deuda”; el 4 de abril por los 17 años del asesinato de Carlos Fuentealba y en reclamos de financiamiento para educación; el 23 de abril con la marcha federal universitaria; el paro nacional del 9 de mayo y el 23 de mayo también por el financiamiento educativo y en solidaridad con la lucha de Misiones.

“Hay dos cuestiones que resumen el nivel de conflictividad este año a nivel educativo. Por un lado, el presupuesto y el financiamiento. Un gobierno [nacional] que dejó de girar el Fonid, que cubre parte de los salarios docentes, y el Fondo Compensador a las provincias. Por otro lado, el financiamiento que incluye el aspecto salarial y también el aspecto de sostener concretamente la educación, como es el caso del presupuesto universitario. Un gobierno que hace esto al mismo tiempo arma vouchers y bonos para quienes asisten a las escuelas privadas. Una política de vaciamiento que han llevado adelante todas las jurisdicciones”, apuntó Mariana Scayola, secretaria general de Ademys.

Y cerró: “El otro eje de ataque del Gobierno es contra el derecho a huelga de las organizaciones sindicales. Inició el año jactándose públicamente de no convocar a la paritaria nacional. Y ahora saca la ley de esencialidad. Entonces, al mismo tiempo que ataca el presupuesto, que ataca los salarios, que recorta, avanza con reformas educativas y demás en las jurisdicciones, pretenden cercenar el derecho a la protesta”.

“El reclamo a nivel nacional es por financiamiento educativo”, resumió en diálogo con LA NACION María José Gutiérrez, secretaria general de UTE. “Dentro de ese concepto el salario es solo un vector, pero no es el único. Entendemos que la educación es un derecho y el Estado debe garantizarlo con políticas públicas que aseguren la inclusión y también la calidad”, detalló.

“Si quieren soluciones, esta no es la manera, la forma es con presupuesto educativo, inversión, creación de escuelas, no es la manera nombrar a la educación un servicio, es un derecho social para todas y todos”, consideró sobre la ley que se aprobó en Diputados.

La diferencia entre considerar a la educación como un derecho o un servicio esencial fue uno de los puntos en los que se centró el debate y, a la vez, los límites entre esto y el derecho a huelga de los docentes. Además de las dudas para implementarla se cuestionó, también, que no apunta a solucionar los problemas de fondo de la crisis educativa.

Según establece el artículo 4° de la norma serán los directivos de cada establecimiento quienes tendrán que decidir e informar el personal asignado para asegurar las guardias al inicio de cada ciclo lectivo. En caso de que las huelgas duren entre uno o dos días, deberán contar con la asistencia del 30% del personal directivo, docente y no docente de todos los niveles de la educación obligatoria. Si se extendiera por tres o más, el porcentaje deberá ser del 50% de la nómina.

“Es una buena iniciativa pero está fuera de la problemática actual, no es el problema que ocurre en las escuelas. La mayoría de los docentes sí quieren ir a trabajar. Estamos atravesando dos problemas en el país. En primer lugar, no hay docentes. Cada año baja la cantidad de egresados de los profesorados. ¿Por qué no hay? Se terminó esa fantasía, ilusión y romanticismo de que el docente es docente por vocación; también quiere ganar dinero y hoy es pobre. La falta de docentes responde a los salarios bajos”, dijo a LA NACION Facundo Lancioni, secretario general de Seduca, uno de los gremios más jóvenes que rechaza los paros como metodología.