Ecuador pide estatus de protección temporal a sus migrantes en Estados Unidos ante guerra interna
QUITO (AP) — Ecuador pidió a Estados Unidos que apruebe el Estatus de Protección Temporal para los connacionales que viven en ese país, argumentando que se encuentra en medio de una lucha interna en contra de bandas del crimen organizado, informó el miércoles la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.
Este sistema de protección temporal permitiría que ecuatorianos con permanencia no regularizada en Estados Unidos puedan acceder a la seguridad social, a trabajos formales, recibir remuneración adecuada y evitar los procesos de deportación.
Las autoridades estiman que 2,4 millones de ecuatorianos viven en el exterior y que al menos un millón de ellos está en Estados Unidos y anualmente envían remesas por cerca de 6.000 millones de dólares.
En declaraciones a un grupo de periodistas, la Sommerfeld aseveró que la solicitud fue enviada a Homeland Security, parte del Departamento de Estado estadounidense que procesa esos requerimientos. “La petición ha sido enviada hoy formalmente y esperamos la puedan tramitar en los próximos días”, aseveró la responsable de la diplomacia ecuatoriana.
Aclaró que la gestión está hecha desde Ecuador, pero que la decisión la toma Estados Unidos. Es “importante que se hable con claridad y transparencia... Las expectativas deben ser moderadas porque no depende únicamente de Ecuador”.
No se dieron detalles sobre cuándo aplicaría, en caso de que Estados Unidos acceda a la petición, ni si se beneficiarían los ecuatorianos que ya están en ese país o los que lleguen a futuro.
William Murillo, presidente de la organización 1800 Migrante, en Estados Unidos, dijo en diálogo con AP que el pedido de protección temporal formulado por Ecuador es un tema político y no jurídico y que el presidente estadounidense, Joe Biden, “aunque tiene la posibilidad de decidir, en la práctica se ve complicado porque estamos en un año electoral”.
Añadió que el año 2021 fueron detenidos y expulsados de Estados Unidos unos 97.000 ecuatorianos que ingresaron irregularmente, en 2022 la cifra bajó a 25.000 porque México y Guatemala comenzaron a pedir visa, pero en 2023 la cifra subió a 117.000. Aseguró que “esas cifras ocultan que al menos otros 250.000 que también llegaron por vías irregulares aún permanecen en suelo estadounidense”.
El anuncio se produce cuando se encuentra en Quito una misión de alto nivel de Estados Unidos, presidida por Christopher Dodd, enviado especial para las Américas del presidente de Estados Unidos. Aparte de abordar temas de cooperación en seguridad, también se trataron cuestiones de comercio, desarrollo y producción.
Desde inicios de 2021 bandas del crimen organizado ligadas al narcotráfico han desencadenado una ola de inseguridad con muertes violentas, extorsiones, secuestros y reiterados motines en las cárceles que llegó a otro nivel la semana pasada cuando un grupo de encapuchados tomó un canal de televisión con armas y explosivos, un asalto sin precedentes que fue transmitido en vivo.
Días antes se esfumó de una cárcel de Guayaquil Adolfo Macías, alias “Fito”, el peligroso líder de la mayor organización criminal del país, Los Choneros. Luego huyó otro líder regional de otra banda, Fabricio Pico, quienes no han sido localizados.
Ante ello, el presidente Daniel Noboa decretó un estado de conflicto armado interno desde el 9 de agosto, lo que permite la acción conjunta de militares y policías en las cárceles, tomadas por bandas criminales, y en las calles.
Para neutralizar la mala imagen producida por esta condición de violencia generalizada en el país, Sommerfeld aseveró que Ecuador lleva adelante una campaña para solicitar apoyo a través de diferentes líderes globales para que visiten o promuevan inversión en Ecuador.
“Hemos recibido el apoyo de todos los países”, manifestó y precisó que la ayuda internacional en equipos empezó a llegar esta semana desde Estados Unidos. También otros países han expresado su decisión de apoyo, el último de ellos, Brasil, sobre todo, en entrenamiento de equipos tácticos para combatir el crimen organizado.