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Ecuador: Ordenan prisión para exasambleísta y jueces por presunto vínculo con narcotráfico

QUITO (AP) — La justicia de Ecuador dispuso el martes prisión preventiva para un exlegislador, la expresidenta de la corte de la provincia del Guayas y otras siete personas, en el marco de una investigación en torno a su presunta relación con grupos del narcotráfico.

El juez Javier de la Cadena señaló que la fiscalía presentó elementos suficientes en contra del exlegislador por el partido Social Cristiano, Pablo Muentes, y la presidenta de la corte Fabiola Gallardo, a quienes se les describe como presuntos cabecillas de una red de delincuencia organizada ligada al narcotráfico.

La fiscalía precisó vía X, antes Twitter, que además de la prisión para los nueve detenidos, el magistrado también ordenó medidas alternativas para otras dos personas “todos procesados por presunta delincuencia organizada”. La fiscalía también prohibió la venta o transferencia de bienes muebles e inmuebles por un valor de 3,9 millones de dólares, y ordenó que se congelaran las cuentas de los procesados.

Entre los detenidos hay seis jueces y exjueces de la Corte de Justicia de la provincia del Guayas, a quienes se les señala por su presunta vinculación con organizaciones de narcotraficantes y sus nexos con ese organismo judicial, especialmente de Guayaquil, eje comercial del país.

Tras los operativos, la fiscal General Diana Salazar había señalado que “la justicia no puede ser un espacio para el narcotráfico y la corrupción, no permitiremos que estos malos elementos continúen campantes”.

El caso forma parte de una investigación que a principios de enero culminó con la desarticulación de una red de policías, jueces y abogados que operaban una red de apoyo para Leandro Norero, un importante narcotraficante de Ecuador.

Los hallazgos de enero pasado dejaron al descubierto los presuntos vínculos entre autoridades y grupos del crimen organizado y dejó como resultado la detención de 31 personas, incluidas Wilman Terán, titular del órgano supervisor de los jueces en el país; y al general Pablo Ramírez, quien hasta hace unos días fue jefe de la Policía Antinarcóticos.

Las bandas del crimen organizado no solo habían tejido una sólida estructura de apoyo entre políticos, policías y jueces, sino que, en conjunto con cárteles de Colombia y México, también buscan controlar espacios como cárceles y algunas provincias que son consideradas rutas y zonas de distribución de drogas, de acuerdo con las autoridades.