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Ecuador, entre desastres naturales y crisis política

Quito, 30 mar (EFE).- Un sismo, inundaciones y un gigantesco alud han golpeado en las últimas semanas a Ecuador, que también está sumido en una crisis política, que ahora ha abierto un nuevo capítulo luego de que la Corte Constitucional diese luz verde para que el Parlamento lleve adelante un juicio político de censura contra el presiente del país, el conservador Guillermo Lasso.

El pasado domingo, un alud ocurrido en la ciudad andina de Alausí dejó hasta el momento 14 personas fallecidas, 33 heridas y 67 desaparecidas, según el reporte oficial del miércoles.

Asimismo, 395 personas damnificadas, 163 viviendas afectadas y daños en vías de comunicación, entre otros.

Ese desastre natural se sumó al sismo de magnitud 6,6 en la provincia del Guayas, que se sintió el pasado 18 de marzo en 13 de las 24 provincias del país, y que dejó 14 fallecidos, 494 heridos, 2.636 personas afectadas, así como afectaciones en 732 viviendas y 331 unidades educativas, entre otros daños.

Además, las lluvias han dejado hasta el momento 22 fallecidos, cerca de 39.000 personas afectadas, así como 7.293 viviendas averiadas, entre otras consecuencias del temporal que afecta a todo el país con especial énfasis en las provincias de Los Ríos, Guayas, El Oro, Cotopaxi y Bolívar.

El Gobierno ha desplegado a sus instituciones para atender las emergencias, y la población se ha sumado con donaciones, e incluso apoyo personal, como en el caso de Alausí, donde continúa la búsqueda de posibles víctimas, pues se desconoce cuántas casas quedaron bajo toneladas de tierra y cuántas personas estaban al momento del desastre.

Ello, porque algunos vecinos habían estado evacuando la zona ante el temor de un desastre, pues desde hace varios meses se advertía la presencia de grietas que hacían temer un corrimiento de tierras.

INESTABILIDAD POLÍTICA

Con la atención puesta aún en los efectos de los desastres naturales, Ecuador está ahora también atento a lo que ocurra en el Parlamento, que debe recibir la notificación de la Corte Constitucional para avanzar en el proceso contra Lasso, a quien la oposición le acusa de peculado (malversación de fondos públicos).

La Corte presentó un informe favorable de "admisibilidad" al juicio político, del que excluyó la causal de "concusión", delito por el cual el gobernante también era acusado por la oposición, encabezada por el correísmo.

Ya en la Asamblea, de mayoría opositora, el Consejo de Administración Legislativa tiene tres días para conocer el dictamen de la Corte y pasarlo a la Comisión de Fiscalización, que notificará al presidente y a los interpelantes para que, en 10 días, presenten las pruebas.

La Comisión tendrá otros 10 días para procesar las pruebas, explicó a EFE una fuente de la Asamblea al anotar que, concluido ese plazo, la Comisión elaborará un informe motivado en 10 días adicionales, en el que recomienda continuar, o no, con el juicio.

Tras ello, el presidente del Parlamento, en el plazo máximo de tres días, dispondrá la difusión del informe, y tras 48 horas de esa difusión, en el plazo de cinco días, el presidente deberá incorporar en el orden del día para conocimiento del pleno.

CRÍTICAS A ACUSACIÓN

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, opinó que con el informe de la Corte, "prácticamente este proceso se cae", pues el juicio político empezó con una acusación sobre presuntos vínculos de Lasso con una estructura narcodelictiva, y también una acusación sobre una supuesta estructura de corrupción en el sector eléctrico, denunciada con base a audios revelados por un medio digital de prensa.

Villavicencio indicó en el canal Teleamazonas que la acusación de presunto peculado se basa en una investigación -que él lideró desde 2018- sobre supuesta corrupción en el sector petrolero.

En esa investigación se señaló que "hay una grave corrupción en Flopec (Flota Petrolera Ecuatoriana), en la contratación de buques", dijo al recordar que la Contraloría emitió un informe que menciona un presunto perjuicio de 6,1 millones de dólares, con responsabilidad sobre el Gobierno presidido por Lenín Moreno (2017-2021).

"La acusación, entonces, se extiende a responsabilizar al presidente Guillermo Lasso, a Hernán Luque (expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas) y a Osvaldo Rosero (gerente de Flopec)", porque supuestamente ellos conocían de los perjuicios "y permitieron que el contrato sobreviva y firmaron otro contrato", explicó.

El dictamen de la Corte ha avivado también la teoría de la llamada "muerte cruzada", con la que Lasso podría disolver el Parlamento, anticipar las elecciones y gobernar un año por decretos.

(c) Agencia EFE