Ecuador apunta a un grupo narco por el crimen del fiscal y acelera la investigación

GUAYAQUIL.– El llamado Bloque de Seguridad ecuatoriano, compuesto por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, propinó una respuesta rápida al crimen organizado después del asesinato del miércoles del fiscal antimafia César Suárez en Guayaquil, una provocación más en medio del desafío narco contra el Estado.

Gracias a varios allanamientos nocturnos, agentes policiales detuvieron al presunto sicario, perteneciente a la banda de los Chone Killers, que disparó contra el funcionario del Ministerio Público desde el asiento trasero de su vehículo, y a uno de los conductores.

En paralelo, el Ejército volvió a desplegar a más de 1000 militares para intervenir la cárcel regional de Guayaquil, de donde escapó José Adolfo Macías, alias Fito, el caudillo de Los Choneros, una evasión que influyó directamente en el decreto de estado de excepción y posterior declaración de “conflicto armado interno” por parte del presidente Daniel Noboa.

Las mismas imágenes se repitieron este jueves, con los presos tumbados boca abajo en el patio central, con las manos esposadas y en calzoncillos, mientras los soldados registraban sus celdas en busca de armas.

El comando, compuesto por cuatro personas, interceptó a Suárez con dos vehículos y lo acribilló. En total fueron 18 balazos, realizados con un fusil y una pistola desde una camioneta de gran cilindrada. El sicario que se encuentra prófugo disparó desde el asiento del conductor y el detenido lo hizo con el arma larga desde la parte de atrás del mismo auto. De inmediato se dirigieron a un barrio cercano, donde prendieron fuego al vehículo principal. Desde allí se trasladaron a sus escondites en una moto y en un taxi, conducido por el mismo conductor del atentado, que portaba una chaquetilla verde como las que usan los agentes de tráfico.

Suárez contaba con la protección de un solo escolta, pese a los innumerables “casos connotados”, como reconoció la policía de Guayaquil, pero que el miércoles no lo acompañaba porque sólo tenía previsto realizar una audiencia telemática. Su familia asegura que fue engañado para acudir a un encuentro que no quiso detallar.

“Reconocemos su trabajo valiente, era reconocido aquí. Al hablar de las investigaciones de delincuencia organizada, los casos de mayor connotación y peligrosidad los realizaba él”, destacó el general Víctor Herrera, al frente de la policía en el Guayas.

El fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, respetado catedrático de Derecho Constitucional que incluso se postuló como juez anticorrupción, estaba a cargo desde hace una semana del asalto violento contra el canal TC Televisión, el más popular del país. Un comando de 13 pandilleros de Los Tiguerones tomó por la fuerza las instalaciones televisivas, un caso tipificado como terrorismo, al tratarse de una de las 22 bandas descriptas como tal en el decreto gubernamental.

Pero no era el único importante. El propio fiscal publicó en su cuenta de Facebook la condena contra ocho imputados por terrorismo, quienes atacaron unidades policiales e hirieron a agentes en Durán, el municipio colindante a Guayaquil que es conocido como la Sinaloa de Ecuador. Los Chone Killers son dominantes en Durán. El último gran alijo de cocaína, de cuatro toneladas y media, también recayó en su despacho.

Prófugo

Suárez cargaba además sobre sus espaldas uno de los casos paralelos a la operación Metástasis, que liderada por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, involucró al narco Leandro Norero, conocido como El Patrón, con políticos, jueces y periodistas. Se trata del caso de corrupción hospitalaria que señaló directamente al empresario Daniel Salcedo, detenido el martes pasado en Panamá y extraditado a Quito horas después del atentado.

Tanto a Salcedo como Xavier Jordán, buscado en un centenar de países, se los acusa de ser estrechos colaboradores de El Patrón, asesinado en octubre de 2022 en la cárcel de Cotopaxi. El primero se encargaba, según los chats publicados por la Fiscalía, de gestionar sobornos a los jueces. Desde el 5 de enero estaba condenado a 13 años de cárcel por lavado de activos.

El atentado de los Chone Killers se cobró la vida del séptimo fiscal ecuatoriano desde 2019. Al reconocido Edgar Escobar lo mataron a las afueras de la propia Fiscalía en Guayaquil, en 2022. Y a Leonardo Palacios, el último antes de Suárez, le pegaron varios tiros en Durán.

La noticia cayó como una bomba entre los miembros de la judicatura y entre sus compañeros, que expresaron su condena a través de las redes sociales. A la cabeza, Salazar, que este jueves puso de ejemplo a Suárez tras conocerse la detención del fiscal Hugo P., señalado en un nuevo caso de tráfico de influencias en el país andino. “La Fiscalía no descansará en su proceso de autodepuración, no permitiremos que otros fiscales sirvan de intermediarios de prófugos de la justicia”, dijo Salazar.

Además de este fiscal también fue detenida la abogada Blanca Chicaiza, defensora de otro de los capos famosos del Ecuador de las bandas. Se trata de Fabricio Colón Pico, el polémico Capitán Pico, protagonista de la segunda fuga que puso al gobierno de Noboa contra las cuerdas.

El cabecilla de Los Lobos, la banda acusada de participar en el magnicidio contra el periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio, intentó negociar su entrega directamente con el mandatario, sin éxito.

Salazar también ordenó la apertura de una investigación en contra de José Serrano, exministro de Interior. El antiguo colaborador del expresidente ecuatoriano Rafael Correa aseguró que el fiscal asesinado seguía la pista de una de las novias de Fito, al que se cree escondido en Colombia.