¿Está Duterte detrás del reclamo de "gobierno revolucionario" en Filipinas?

Manila, 27 ago (EFE).- En medio de la grave crisis sanitaria y económica por la pandemia de COVID-19, un grupo pro-Duterte ha abogado públicamente por instaurar en Filipinas un "gobierno revolucionario" liderado por el propio mandatario, lo que ha inquietado a amplios sectores de la sociedad que temen que sea un intento de perpetuar el dutertismo en el poder.

El pasado fin de semana, el Comité Ejecutivo Nacional Alcalde Roa Duterte (MRRD-NECC, en inglés) presentó una iniciativa popular, en una asamblea en la que participaron más de 300 personas, para la creación de un gobierno revolucionario encabezado por Duterte que se ocupe de modificar la Constitución y convertir Filipinas en un estado federal.

"El objetivo principal de un gobierno revolucionario por medios pacíficos es lograr el cambio genuino que nosotros y el entonces alcalde Duterte prometimos durante la campaña presidencial de 2016 para establecer la ley y el orden, la seguridad pública, igualdad de oportunidades, justicia social y libertad económica", explicó el portavoz del grupo, Bobby Brillante.

El anuncio, que pronto se hizo viral, generó una gran preocupación ya que un gobierno revolucionario implica la derogación de la actual Constitución y eliminaría el límite de un único mandato presidencial de seis años, de forma que la administración Duterte podría prolongarse más allá de junio de 2022.

DUTERTE SE DESMARCA

Ante el revuelo generado, el portavoz presidencial, Harry Roque, no tardó en desvincular a Duterte del proyecto, alegando que su gobierno está centrado en la respuesta a la COVID-19 y que el reclamo por un gobierno revolucionario "viene de un grupo privado cuyos miembros son libres de expresar públicamente sus opiniones".

"Se está hablando mucho del gobierno revolucionario. A mí eso no me importa, ése no es mi trabajo y ni siquiera conozco a esa gente", se defendió el propio Duterte en un discurso televisado el martes.

Sin embargo, la prensa filipina rescató de la hemeroteca horas después imágenes del mandatario pronunciando un discurso en marzo de 2018 en la convención nacional del MRRD-NECC, grupo que apoyó activamente la campaña presidencial en 2016 de Duterte, entonces alcalde de Davao.

La pregunta que ahora muchos se hacen en Filipinas es ¿está Duterte detrás de la iniciativa? "Creo que hay un sector de su gobierno implicado, que está probando las aguas", señaló a Efe Maria Ela Atienza, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Filipinas, quien ve improbable que el presidente no estuviera al tanto del anuncio el pasado fin de semana.

El mandatario ya sugirió en el pasado la posibilidad de declarar un gobierno revolucionario "si las cosas se salen de control" al acusar en varias ocasiones entre 2017 y 2019 a partidos de la oposición y grupos de izquierda de urdir una conspiración para "desestabilizar su gobierno y expulsarlo del poder", aunque nunca ofreció pruebas claras que avalaran su tesis.

¿REVOLUCIÓN GENUINA O INTENTO DESESPERADO?

"La propuesta más que una revolución genuina parece un intento desesperado de fieles aliados del presidente para mantenerlo en el poder más allá de 2022 con el argumento de una nueva Constitución", explicó Atienza.

El debate en Filipinas para transformarse en un estado federal -una opción razonable para un país fraccionado en miles de islas que tienen diferentes costumbres y lenguas propias- no es nuevo en el país, que redactó a toda prisa la Constitución de 1987 que dio paso a la democracia, después de que una revuelta popular pacífica derrocara al dictador Ferdinand Marcos.

El propio Duterte, el primer presidente filipino que no proviene del centro de poder de Manila, prometió el salto al federalismo durante la campaña electoral hace cuatro años para impulsar el desarrollo de las provincias rurales, pero en 2019 abandonó esa propuesta ante los grandes escollos encontrados en el Congreso para hacer prosperar la idea, que tampoco convence a amplios sectores de la sociedad.

"El mejor momento para cambiar la Constitución fue la primera mitad del mandato de Duterte, pero no se logró convencer a una mayoría de legisladores. Queda muy poco tiempo para plantear enmiendas constitucionales en medio de una pandemia y con las elecciones de 2022 en el horizonte", señaló Atienza.

POLICÍA Y EJÉRCITO SE DECLARAN LEALES A LA CONSTITUCIÓN

Voces de la policía y el ejército -cuyo apoyo sería clave para que prosperara la idea- también se apresuraron a desvincularse de la iniciativa, después de que se filtrara que el ministro de Defensa, Delfin Lorenzana, y el jefe de la Policía Nacional, Archie Gamboa, habían sido invitados al acto del MRRD-NECC, aunque no asistieron y dijeron que el proyecto es "anticonstitucional".

El Colegio de Abogados de Filipinas (IBP, en inglés) aseguró que "no hay base legal, factual, práctica ni moral" para establecer un gobierno revolucionario en el país, una idea "repugnante para el constitucionalismo".

"Los males persistentes y crecientes que afligen a nuestro país se abordan mejor con una gobernanza honesta, eficiente, transparente, responsable y democrática, bajo el estado de derecho, en lugar de atajos cuestionables que exacerban los problemas en lugar de resolverlos", declaró el presidente de IBP, Domingo Egon Cayosa.

Sara Gómez Armas

(c) Agencia EFE