Drones, la nueva tendencia en el arsenal de las organizaciones criminales

En 2018 mientras el entonces secretario de Seguridad Pública de Baja California, Gerardo Sosa Olachea, se encontraba en su domicilio particular visitando a su familia en el municipio de Tecate, cuando dos drones que tenían adheridas granadas cayeron en el jardín alertando al personal que custodiaba al funcionario. Y si bien los explosivos no detonaron, marcaron el inicio de una carrera armamentista en los cárteles de la droga para desarrollar drones explosivos que nutrieran sus arsenales.

En los siguientes tres años, los ataques con drones se fueron presentando con cierta frecuencia, pero seguían siendo casos aislados. Una especie de pruebas de algunas organizaciones criminales que apenas estaban explorando el uso de esta nueva herramienta y calibrando los ataques.

Sin embargo, a partir de 2021 los ataques con drones comenzaron a adquirir una frecuencia preocupante. Si bien la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no ha dado cifras actualizadas sobre la cantidad de atentados que se han llevado a cabo con drones, los datos que se tenía hasta el primer trimestre de 2023 son preocupantes, ya que en 2020 se registraron 5 ataques, para 2021 se disparó a 107, en 2022 creció a 233 y para 2023 solo aportaron datos del primer trimestre donde se habían presentado 260 atentados. Es decir, apenas había transcurrido la cuarta parte del año y ya se había superado la cifra del año anterior.

Tampoco se lleva una cuenta exacta de las bajas de civiles que han causado los ataques con drones ni las bajas en las corporaciones policiales, pero preocupa el hecho de que la SEDENA haya reconocido la muerte de 16 soldados en 2022 y la de 42 los primeros siete meses y medio de 2023.

Y aunque el flujo de datos de la SEDENA sobre los ataques de drones se interrumpió después del tercer trimestre de 2023, la cantidad de sucesos reportados en la prensa en 2024 y 2025 ha ido en crecimiento, lo cual hace al menos plausible la posibilidad de que la cantidad de agresiones y de muertes provocadas por los mismos, continúen en franco crecimiento.

Una revisión de fuentes periodísticas -que puede ser consultada en el siguiente enlace– nos muestra que en más de la mitad de la entidades federativas, en concreto, en 17 de los 32 estados, se ha registrado al menos un ataque con dron explosivo o decomiso de estos dispositivos. Con una alta concentración de casos en seis entidades: Sonora, Tamaulipas, Chiapas, Guerrero, Jalisco y en especial en Michoacán, que no solo es la entidad con más municipios con este problema, sino también en donde hay más ataques registrados.

En total 83 municipios, que equivalen al 3.3 % del total de los 2477 municipios del país, han tenido un episodio de ataque o decomiso con drones explosivos, siendo la zona de Tierra Caliente en los estados de Michoacán y Guerrero, la que tiene la mayor densidad del problema.

En esta guerra armamentista -si bien el Cártel Jalisco Nueva Generación fue precursor, al grado que cuentan con una unidad especializada en el manejo de drones, que se conoce como Operadores Droneros– lo cierto es que rápidamente fue emulada por muchas otras organizaciones criminales y seguramente se sumarán más en el futuro, por la facilidad que se tiene para el acceso a esta tecnología.

Al momento han recurrido al uso de drones para perpetrar ataques las siguientes organizaciones criminales: Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Tepalcatepec, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel Santa Rosa de Lima, Cártel de Tijuana, Los Viagras, la Familia Michoacana y Cártel del Noreste.

El uso de drones como arma para atacar a sus rivales y a las fuerzas del orden, les ofrece a las organizaciones criminales múltiples ventajas, las cuales se puede enumerar de la siguiente forma:

• Son dispositivos accesibles, ya que para organizaciones que gastan millones de pesos en armamento, pagar algunos cientos de miles de pesos en drones y dotarlos de cargas explosivas no es oneroso.

• Se pueden comprar libremente, ya que no existe restricción alguna para su venta.

• Muy pocas corporaciones de seguridad cuentan con tecnología para su detección, neutralización e inhibición.

• Son fáciles de manejar y no se requiere entrenamiento sofisticado.

• Difícilmente en una disputa del crimen organizado los rivales esperan ataques desde el aire.

• No se pone en riesgo a los operadores, al menos no de forma frecuente.

• No solo sirven para ataques, sino que se pueden usar para espiar y para transportar mercancías.

• Si vuelan a determinada altura, son difíciles de detectar.

Ante este escenario en donde las ventajas son muchas, el riesgo de proliferación en México del uso de drones para fines bélicos es alto, por lo que requerimos como país tomar medidas para frenar esta tendencia, llevando a cabo las siguientes acciones:

• Dotar a las corporaciones de seguridad de tecnología anti-drones, como pistolas neutralizadoras, antenas inhibidoras y sistemas de detección.

• Debemos establecer un registro de compradores de drones, para que todas las personas que adquieran uno de estos dispositivos estén identificadas y se pueda facilitar el rastreo en caso de ataques.

• Requerimos crear penas elevadas para las personas que utilicen drones para realizar ataques.

* Víctor Manuel Sánchez Valdés es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: victorsanval@gmail.com.

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