WASHINGTON.- Donald Trump fue acusado por fiscales federales de Estados Unidos de llevarse indebidamente, retener y divulgar documentos clasificados de la Casa Blanca con secretos militares altamente sensibles, incluida información sobre el arsenal nuclear, y de “poner en riesgo la seguridad nacional” del país y de sus aliados, la incriminación más grave a la que se ha enfrentado hasta ahora el líder del Partido Republicano, quien compite por volver a la presidencia en 2024.

En una explosiva acusación de 49 páginas, el Fiscal Especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, imputó a Trump en 37 cargos vinculados al escándalo de los documentos clasificados hallados por agentes del FBI en Mar-a-Lago, su resort de Palm Beach, Florida, la residencia de Trump desde que dejó Washington. La acusación marcó un nuevo hito para la historia: Trump se convirtió en el primer expresidente norteamericano acusado de un delito federal. La acusación firmada por Smith, develada este viernes, afirma que Trump expuso secretos militares y vulnerabilidades de Estados Unidos, sus aliados y de otros países, planes del Pentágono, y “pudo poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos”, sus vínculos internacionales, la seguridad de las fuerzas militares, y las fuentes que aportan información a la inteligencia norteamericana.

“Los documentos clasificados que Trump almacenó en sus cajas incluían información sobre las capacidades de defensa y armas tanto de los Estados Unidos como de países extranjeros; programas nucleares de los Estados Unidos; vulnerabilidades potenciales de los Estados Unidos y sus aliados a un ataque militar; y planes para posibles represalias en respuesta a un ataque extranjero”, indica la acusación de 49 páginas.

“La divulgación no autorizada de estos documentos clasificados pudo poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos, las relaciones exteriores, la seguridad de los militares de Estados Unidos, y fuentes humanas y la viabilidad continua de los métodos de recopilación de inteligencia confidencial”, sentencia el escrito.

El propio Trump había anticipado la acusación, al revelar el jueves por la noche que el Departamento de Justicia había notificado a sus abogados que sería acusado formalmente, algo que está previsto que ocurra la semana próxima, en un tribunal en Miami.

“Quiero decirles que soy un hombre inocente. No hice nada malo, y vamos a pelear esto como hemos peleado por siete años”, dijo Trump en un video que difundió en su red social, Truth Social, en el que mechó acusaciones contra el gobierno del presidente Joe Biden con sus infundadas y ampliamente desmentidas denuncias de un fraude masivo en la elección de 2020, y su habitual defensa en la que se presenta como una víctima de una “caza de brujas”.

Una vez más, Trump se pondrá de pie delante de un juez en un tribunal para ser acusado formalmente de haber cometido un delito. Esta vez será en Miami, y ante una jueza, Aileen M. Cannon, que fue designada por él mismo durante su presidencia. La acusación a la que se enfrentará es la más seria en el torbellino judicial que acosa al magnate, el cual, por ahora, no parece hacer provocar daño alguno en sus posibilidades de volver a ser el candidato presidencial del Partido Republicano, y, eventualmente, presidente.

La noticia sobre la nueva imputación de Trump volvió a colocarlo en el centro de la escena mediática y política de Estados Unidos, aunque esta vez por una causa mucho más seria por la que fue acusado en Nueva York por sus pagos durante la campaña presidencial para silenciar supuestos amoríos, incluido un romance con la actriz porno Stormy Daniels.

“Los hombres y mujeres de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y nuestras Fuerzas Armadas dedican sus vidas a proteger a nuestra nación y su gente. Nuestras leyes para proteger la información de la defensa nacional son críticas para la seguridad de los Estados Unidos y deben hacerse cumplir. Las violaciones de esas leyes ponen en riesgo a nuestro país”, dijo Smith, al brindar una breve declaración en el Departamento de Justicia.

“Tenemos un conjunto de leyes en este país, y se aplican a todos”, agregó.

Repercusiones

El abanico de reacciones políticas se desplegó casi de inmediato después de que se conoció la acusación formal, y abarcó desde la lealtad y la solidaridad que mostraron varios republicanos, incluidos el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y algunos de sus rivales, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, hasta la ironía de un mensaje de Hillary Clinton, quien publicó una foto de ella con una gorra con un lema que recordó su propio tormento por el manejo de información secreta durante la campaña de 2016: “Pero sus emails”.

El propio Biden –quien enfrenta su propia investigación porque también se quedó con documentos clasificados en su poder después de que dejó la vicepresidencia de Barack Obama– se refirió también al escándalo luego de su conferencia de prensa el jueves en la Casa Blanca con el primer ministro británico, Rishi Sunak, antes de que se publicara el video de Trump. Un periodista le preguntó a Biden qué le diría a los norteamericanos que cuestionan la independencia del Departamento de Justicia, liderado por Merrick Garland, designado por Biden.

“Nunca, ni una sola vez, le sugerí al Departamento de Justicia lo que debería hacer o no hacer, en relación con presentar un cargo o no presentar un cargo. Soy honesto”, respondió el mandatario.

La causa de los documentos clasificados es una de las más complejas y políticamente delicadas en el frente judicial que enfrenta Trump. La investigación contó con un Fiscal Especial, Jack Smith, nombrado por Garland, tal como ocurrió antes en casos de altísimo impacto político, como Watergate, que terminó con la presidencia de Richard Nixon, o el Rusiagate, que atormentó a Trump durante su administración. La acusación fue presentada por Smith, quien la obtuvo de un gran jurado al que le presentó las pruebas.

Smith dijo que buscará un “juicio rápido”.

La causa

La cause se originó cuando terminó la presidencia de Trump. Los documentos fueron embalados en cajas junto con ropa, regalos, fotografías y otras pertenencias y fueron enviadas a Mar-a-Lago. En Estados Unidos, los presidentes deben entregar todos los documentos clasificados de su gobierno a los Archivos Nacionales una vez que dejan el poder. Trump no sólo se llevó los documentos, sino que después se negó a entregarlos y trató de ocultarlos, o entregó solo una parte. En agosto de 2022, agentes del FBI con una orden judiciales fueron a buscarlos y recuperaron cajas con 102 documentos clasificados.

Aunque el Departamento de Justicia históricamente ha sido independiente de la Casa Blanca, Trump, sus aliados y los republicanos han acusado al gobierno de Biden de estar detrás de la acusación, y de politizar la Justicia, una versión local del argumento del lawfare al que han recurrido Cristina Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva y otras figuras políticas en América Latina. Por si eso no fuera poco, Biden se enfrenta a una investigación similar, aunque por tradición el Departamento de Justicia no acusa a los presidentes en ejercicio, y además el caso de Biden, según abogados, tiene profundas diferencias con el de Trump, quien tenía los archivos en su residencia, y se negó a entregarlos, forzando una redada del FBI.

Y a diferencia de la causa en Nueva York por los pagos para silenciar a sus supuestas amantes, que muchos ven como un tema privado, la acusación por los documentos clasificados toca de manera directa su gestión como presidente, y abona las críticas de sus rivales que lo consideran inapto para ejercer como líder de la primera potencia global. Lejos de socavar el apoyo de su base de votantes, la novela judicial del magnate suele encender a sus seguidores, y redundan en contundentes muestras de respaldo que se reflejan en nuevos picos en las donaciones a su campaña.

Trump ha negado cualquier delito, pero muchas de sus declaraciones han sido altamente problemáticas. Nunca admitió que tener documentos clasificados en su poder fuera un delito, y tiempo atrás dijo llegó incluso a decir que podía desclasificar documentos “con solo pensarlo”.

“No tiene que haber un proceso, tal como lo entiendo”, dijo Trump, erróneamente, en una entrevista con Fox el año pasado. “Eres el presidente de los Estados Unidos, puedes desclasificar simplemente diciendo que está desclasificado, incluso con solo pensarlo”, insistió.

La acusación lo culpa de haberse llevado indebidamente información clasificado, y de haberla retenido. Los documentos secretos surgieron de la Central de Inteligencia (CIA, según sus siglas en inglés), el Pentágono, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, según sus siglas en inglés), el Departamento de Energía, y la Agencia de Inteligencia Nacional Geoespacial, y otras agencias más.

Una foto emblemática de la causa muestra varias cajas con documentos apiladas en un baño de Mar-a-Lago. La acusación de los fiscales dice que Trump “almacenó las cajas que contenían documentos clasificados en varios lugares en Mar-a-Lago, incluido un salón de baile, un baño y una ducha, una oficina, su dormitorio y un cuarto de almacenamiento.”

El escrito de los fiscales detalla al menos dos instancias en la cuales Trump mostró información a personas que no tenían autorización para verla. En septiembre de 2021, Trump le mostró un mapa militar “top secret” a un miembro del personal de su comité de acción política que no tenía autorización de seguridad. Unos meses antes, en julio de 2021, en su club de golf en Bedminster, en Nueva Jersey, Trump mostró en una reunión con un escritor, un editor y miembros de su personal un “plan de ataque” del Pentágono que era “altamente confidencial” y secreto.

“Como presidente, podría haberlo desclasificado”, dijo Trump, según una grabación de la reunión. “Ahora no puedo, saben, pero esto todavía es un secreto.”