SANTIAGO.- Uno de los 13 indultados por el presidente Gabriel Boric hace un año por delitos vinculados al estallido social chileno de octubre de 2019, Luis Castillo, fue detenido este jueves por presunto secuestro. Según informó la policía, habría integrado una banda en Copiapó, en la zona norte de Chile, que raptó a una persona. El hecho resaltó en su trascendencia política, porque se produce cuando faltan tres días para el plebiscito por una nueva Constitución, el segundo intento en poco más de un año por reemplazar la Carta Magna desde que en 2019 el país inició un agitado proceso.

El gobierno de Boric anunció que se querellará contra Castillo.

A fin del año pasado, Boric concedió el indulto a 13 personas condenadas en el marco del estallido social de octubre de 2019, en una polémica medida que el mandatario justificó como una promesa de campaña. Pero con el paso del tiempo, desde el propio oficialismo se catalogaron como un error, porque se produjeron en medio de una crisis de seguridad pública. Le costaron, entre otros asuntos, la salida de su ministra de Justicia, Marcela Ríos. El avance de la delincuencia, además, impulsó el avance del derechista Partido Republicano, que promete mayor eficacia para tener orden público.

La oposición de derecha salió en bloque a reprochar al gobierno y, en especial, al mandatario. “Luis Castillo, delincuente indultado por el presidente Boric a pesar de la opinión contraria de Gendarmería, detenido por secuestro. Como lo dijimos, este gobierno es un peligro para la seguridad de los chilenos”, escribió el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

El caso convulsionó al oficialismo chileno que se mantenía optimista con respecto a los comicios de este domingo, pero ahora la sensación pasó a ser de pura preocupación. Además, junto a la detención de Castillo también se informó la detención de dos funcionarios involucrados al Caso Convenios, el escándalo político que impactó al partido de Boric por dineros traspasados desde el Ministerio de Vivienda a la Fundación Democracia Viva.

Se trata de Carlos Contreras y del exdirector ejecutivo de Democracia Viva, Daniel Andrade, que fueron detenidos por un millonario convenio fraudulento entre la fundación y el gobierno. Lo que generó otro duro golpe para Boric y aumentó la incertidumbre sobre las elecciones del domingo.

En un giro respecto del primer proceso, dominado por independientes y militantes de izquierda, este segundo esfuerzo por votar una nueva protesta de Constitución estuvo liderado por la derecha conservadora.

Este segundo proceso además nació con pocas perspectivas positivas tras el fracaso del año pasado, en medio del desinterés, el cansancio de la población y un alto número de indecisos. Y aunque en las últimas semanas la brecha entre el “a favor” y el “en contra” se acortó, desde el inicio los sondeos dieron ventaja a la opción de rechazarlo.

Por ahora “no es razonable dar por cierto lo que están diciendo las encuestas. Creo que la distancia no es suficiente como para dar por segura una victoria de uno u otro”, dijo Claudia Heiss, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.

El último sondeo telefónico de la firma privada Cadem divulgado a fines de noviembre, mostró que 38% aprobaría la nueva Constitución (+6 puntos sobre la medición previa) y que 46% (-3 puntos) la rechazaría. Un 16% no opinó.

Derechos sociales e inseguridad

Escribir una nueva Constitución fue una respuesta a las protestas del “estallido social” a fines de 2019, pero desde entonces los chilenos han perdido interés en medio de la polarización política, un estancamiento económico y problemas emergentes en la estable nación sudamericana, como el avance de la criminalidad.

En sus poco más de 200 artículos, la nueva propuesta define que Chile es un Estado social y democrático que, entre otros derechos, reconoce el acceso a la vivienda y establece la libertad de elección sobre prestadores privados o públicos en temas de salud y pensiones.

Además propone expulsar a inmigrantes ilegales que cometan delitos y reducir el número de diputados, junto a otras medidas para fortalecer el debate legislativo. Pero la redacción de un artículo sobre la protección a la vida ha sido señalado por sus detractores como una amenaza a la ley actual sobre aborto.

En asuntos económicos clave, como la minería, no hay cambios respecto al régimen actual de propiedad de los yacimientos. El país sudamericano es el mayor productor global de cobre y segundo mayor de litio.

“Es un texto que consolida el modelo económico favorable al mercado en lugar de debilitarlo. Las pensiones no pueden ser nacionalizadas, existen reglas estrictas sobre la propiedad”, señaló el analista político Patricio Navia.

“El texto se centra principalmente en los derechos de las personas y en la ley y el orden”, añadió.

Los críticos afirman que el texto no tiene herramientas para concretar un verdadero estado social que recoja las demandas de la población y que la propuesta sólo representa los intereses de un sector, en críticas similares a las que se formulaban al texto rechazado.

Si la propuesta es rechazada seguirá vigente la Constitución actual, promulgada por la dictadura de Augusto Pinochet en 1980 pero sometida a sucesivas y amplias reformas.

El voto “bronca”

Unos 15,4 millones de electores están convocados para el plebiscito a partir de las 8.00 hora local del domingo.

A diferencia del proceso anterior, en esta oportunidad el voto a favor es impulsado por fuerzas de la derecha opositora mientras que el voto en contra, por el oficialismo de izquierda y centroizquierda. Aunque también hay sectores de ultraderecha que lo rechazan.

El gobierno de Gabriel Boric, que en el primer proceso estaba a favor de aprobar la propuesta, ha dicho que de ganar la opción de rechazar no convocará a un tercer proceso.

“Hay fatiga constitucional, la gente ya no quiere discutir más sobre esto”, dijo Navia. “Y en esta votación las personas al final sólo quieren castigar a alguien, ya no se trata del contenido de la Constitución porque el texto no es tan diferente del actual”, añadió.

Según Heiss “es un voto ‘bronca’, como dicen en Argentina, no un voto para respaldar una propuesta”.

Agencias Reuters, AP y El País