Documentos muestran que FPL redactó proyecto de ley para frenar el crecimiento de la energía solar

La generación de energía solar mediante paneles en los tejados de la Florida es todavía una industria incipiente, pero Florida Power & Light (FPL), la mayor compañía eléctrica del país, está presionando para obstaculizarla, redactando y entregando la legislación que la compañía pide a legisladores estatales que presenten, según los registros obtenidos por el Miami Herald y Floodlight.

FPL, cuyo trabajo con los comités políticos de dinero turbio ayudó a asegurar el control republicano del Senado estatal en las elecciones de 2020, pidió a la senadora estatal Jennifer Bradley que patrocinara su proyecto de ley de máxima prioridad: la legislación que obstaculizaría la energía solar en los tejados al impedir que los propietarios y las empresas compensen sus costos vendiendo el exceso de energía a la compañía, un acuerdo conocido como medición neta.

Los registros del Senado de la Florida muestran que FPL redactó el proyecto de ley, y el cabildero John Holley lo entregó a Bradley, republicano por Fleming Island, y la empresa matriz de FPL le dio continuidad con una contribución de $10,000 a su comité político. Bradley presentó el proyecto de ley en noviembre. Una semana más tarde, el representante estatal Lawrence McClure, republicano por Plant City, presentó una versión idéntica en la Cámara de Representantes.

Solo unos 90,000 clientes de la Florida, alrededor del 1% de los más de 8.5 millones de clientes del estado, venden el exceso de energía a la red eléctrica, pero el acuerdo impulsó una importante ampliación de la energía solar en los tejados de la Florida. La legislación propuesta podría frenar seriamente ese crecimiento. FPL es la empresa de servicios públicos más grande de la Florida, con 5.5 millones de clientes, aproximadamente el 65% del estado. Duke tiene 2 millones de clientes, seguida de TECO, con 800,000, y muchas otras empresas de servicios públicos más pequeñas.

El sector de la energía solar —las empresas que fabrican, venden, instalan, alquilan y dan mantenimiento a equipos solares en los tejados— se defiende ferozmente, sugiriendo que el proyecto de ley devastará su negocio.

“Se trata de una táctica muy usada por las compañías eléctricas para mantener su monopolio en los mercados de la electricidad”, dijo Will Giese, director regional del sureste de Solar Energy Industries Association. “La medición neta es un programa popular que da a la gente el derecho a elegir la energía que funciona para ellos, proporciona beneficios a todos los contribuyentes y crea miles de empleos de energía en toda la Florida”.

Pero la FPL argumenta que la energía solar en los tejados podría costar a las empresas de servicios públicos de la Florida alrededor de $700 millones entre 2019 y 2025, según documentos presentados a la Comisión de Servicios Públicos de la Florida. Esta es una tendencia a nivel nacional, ya que los beneficios de las compañías eléctricas se ven amenazados por el aumento de la energía renovable distribuida, una tecnología que, según científicos, es esencial para limitar la contaminación que causa la crisis climática.

El portavoz de FPL, Chris McGrath, dijo que la empresa no se opone a la medición neta, pero quiere que se revise la ley actual. Argumentó que los clientes con energía solar en el tejado están siendo subvencionados por otros clientes que siguen comprando electricidad y pagan para mantener la red eléctrica.

“Simplemente creemos que los clientes de energía solar en tejados deberían pagar el costo total de esta inversión”, dijo McGrath.

Una larga batalla política

El proyecto de ley es solo un frente en una batalla de una década contra la política. Durante años, FPL ha sido uno de los mayores contribuyentes a las campañas políticas legislativas de la Florida. Respaldó una enmienda electoral fallida en 2016 que habría permitido a los reguladores imponer tasas y barreras a la instalación solar en los tejados. FPL también ha invertido millones en grupos con donantes anónimos e imposibles de rastrear que lanzaron ataques contra políticos estatales y locales.

Según un reportaje del Orlando Sentinel, los ejecutivos de FPL han estado vinculados a una serie de organizaciones sin ánimo de lucro de “dinero turbio”, una de las cuales ocupa un lugar destacado en la investigación del fiscal del estado de Miami-Dade sobre un escándalo relacionado con un candidato “fantasma” al Senado. Bajo este ardid, un candidato sin antecedentes políticos estuvo en la boleta electoral como una opción sin partido en un esfuerzo por confundir a los votantes y diluir el apoyo al demócrata en la contienda, ayudando a los republicanos a mantener su mayoría en el Senado estatal.

El director general de FPL, Eric Silagy, estuvo directamente involucrado en el envío de dinero de la campaña a la organización Grow United, según los documentos obtenidos por el Sentinel. Holley, el cabildero de FPL que entregó el proyecto de ley redactado sobre la medición neta al Senado, trabajó para promover a los candidatos republicanos al Senado en las reñidas elecciones. FPL negó cualquier acto ilícito relacionado con las campañas políticas.

“Cualquier reporte o sugerencia del que tuvimos participación, apoyamos financieramente o dirigimos a otros para apoyar a cualquier candidato ‘fantasma’ durante el ciclo electoral de 2020 es patentemente falso, y no hemos encontrado absolutamente ninguna evidencia de ninguna infracción legal por parte de FPL o sus empleados”, dijo McGrath, el portavoz de FPL en respuesta a las preguntas para este reportaje. Los registros obtenidos por el Sentinel también muestran el solapamiento entre Grow United y campañas anteriores para revisar la medición neta.

Una persona afiliada a Grow United es Abbie MacIver, que anteriormente trabajó para Energy Fairness, un grupo que anima a los responsables políticos a considerar el “costo de las opciones energéticas, así como sus beneficios”. El año pasado, McClure envió una carta a los reguladores estatales de la Comisión de Servicios Públicos de la Florida en la que citaba el resultado y les instaba a actualizar su norma de medición neta.

La comisión organizó un taller, que atrajo 16,000 mensajes de activistas de la energía solar instando a dejar en paz el programa de medición neta. Los comisionados dijeron que era la tasa de respuesta más alta que habían recibido sobre cualquier tema y concluyeron que no era necesario hacer cambios inmediatos en la medición neta.

“De lo que la gente no se da cuenta es que la opinión pública está muy a nuestro favor”, dijo Bryan Jacob, de la Southern Alliance for Clean Energy. “Ellos tienen el poder de los cabilderos, y nosotros tenemos el poder de la gente”.

Cómo surgió el proyecto de ley

Bradley, que recibió el proyecto de ley de FPL, es una senadora en su primer mandato, cercana a los líderes del Senado y presidenta de la Comisión de Asuntos Comunitarios y de la Subcomisión de Reasignación del Congreso. Bradley está casada con el ex senador estatal Rob Bradley, un político influyente que fue jefe del comité de presupuesto del Senado.

Bradley dijo que el lenguaje del proyecto de ley surgió después de una reunión que tuvo con Holley y otros miembros de la industria de servicios públicos.

“Vi el lenguaje. Se basó en nuestra discusión, y era uno que podía apoyar como punto de partida”, recordó.

Los correos electrónicos muestran que el personal de Bradley le dio seguimiento con FPL después de esa discusión. El 8 de octubre de 2021, Katie Heffley, asistente legislativa de Bradley, envió un correo electrónico a Holley con el asunto: “Proyecto de ley de medición neta.”

“Buenas tardes, espero que le vaya bien”, dijo. “Solo quería comprobar si tenía alguna información de seguimiento o lenguaje en relación con el proyecto de ley de medición neta que discutió con la senadora Bradley”.

Holley respondió ocho minutos más tarde: "La tengo. ¿Puedo llevárselo a todos ustedes hoy mismo?", escribió. Heffley sugirió que podía "enviarlo por correo electrónico hoy mismo o estar en el Capitolio la semana que viene".

Pero Holley se negó a proporcionar una versión electrónica y se ofreció a “dejarlo” en persona la semana siguiente. Diez días después, Heffley volvió a escribirle a Holley. “Solo quiero ponerme en contacto con él para ver si puedo obtener una copia electrónica del proyecto de ley de medición neta para poder pasarlo a un borrador”.

Dos días después, los registros de la División de Elecciones de la Florida muestran que la empresa matriz de FPL, NextEra Energy, dio $10,000 al comité político de Bradley, Women Building the Future.

El comité político de McClure, Conservative Florida, no recibió ningún dinero de la empresa de servicios públicos durante este tiempo, pero el 4 de noviembre recibió una contribución de $10,000 del comité político de Associated Industries of Florida, Voice for Florida business, que promueve la agenda de FPL y cuyos consultores han trabajado en conjunto con FPL en las campañas de dinero turbio, según el reporte del Orlando Sentinel.

NextEra Energy dijo que su comité político no hizo su contribución a la campaña de Bradley “con una expectativa de favor”.

Los registros de correo electrónico fueron proporcionados al Herald y a Floodlight por el Energy & Policy Institute, una organización de vigilancia que trabaja para contrarrestar la desinformación sobre la energía renovable.

La mayoría de los estados permiten la medición neta

La Florida es uno de los 47 estados que permiten que los hogares y las empresas que producen energía la vendan a la red a una tarifa establecida. Sin embargo, estas políticas están siendo criticadas porque las empresas de servicios públicos están cada vez más preocupadas por cómo el crecimiento de la energía solar distribuida afecta a sus resultados.

En California, los reguladores planean aumentar las tarifas de los clientes de energía solar en los tejados. Incluso algunos defensores del medio ambiente dicen que el cambio es justo y necesario debido al rápido ritmo de desarrollo de la energía solar en los tejados de ese estado.

La energía solar en los tejados, aunque es fundamental para luchar contra el cambio climático, es una amenaza para el modelo de negocio tradicional de las compañías eléctricas.

Las compañías eléctricas como FPL ganan dinero con lo que construyen: principalmente grandes centrales eléctricas y las líneas de alta tensión que llevan esa energía a los clientes. No ganan dinero con la energía solar generada en los tejados.

Según el acuerdo actual de la Florida, los hogares y las empresas que generan menos de 2 megavatios de energía solar pueden vender el excedente a su compañía eléctrica a cambio de un crédito en su cuenta de 11 centavos por kWh. La FPL argumenta que ese acuerdo es injusto para los clientes que no generan su propia energía, pero siguen pagando los costos de mantenimiento de la red que los clientes de energía solar sobre tejados también usan.

La energía solar en los tejados de la Florida se expandió lentamente hasta 2018, cuando la Comisión de Servicios Públicos de Florida permitió a los clientes de electricidad alquilar sistemas solares con poco o ningún costo inicial. Esa decisión catapultó el crecimiento de la capacidad solar a pequeña escala en el estado. Aumentó 57% en 2020, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

FPL dice que el costo de subvencionar a sus 24,000 clientes de medición neta fue de $30 millones en 2020 (unos $1,250 por cliente).

El sector de la energía solar no está de acuerdo y señala que la investigación que muestra la penetración de la energía solar en los tejados es lo suficientemente baja en la mayoría de los estados como para que “los efectos de la energía solar distribuida en los precios de la electricidad al por menor sigan siendo insignificantes en un futuro previsible”.

Pero los expertos de las empresas de servicios públicos declararon ante la Comisión de Servicios Públicos de la Florida que la energía solar en los tejados del estado podría crecer a un ritmo del 39% por año hasta 2025 si se mantiene el actual sistema de medición neta de la Florida.

Este crecimiento preocupa a las empresas de servicios públicos y a los legisladores.

“Como resultado del sistema actual, mis electores se ven obligados a subvencionar las decisiones de los vecinos de otros condados que están en condiciones de poner estos costosos sistemas en sus hogares”, dijo Bradley.

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Lo que el proyecto de ley haría

Según el proyecto de ley de Bradley, los clientes de medición neta cuyos paneles solares entregan energía a la red de servicios públicos ya no recibirían créditos basados en el costo de la energía al por menor, sino que recibirían créditos basados en un costo más bajo al por mayor. Ese costo se basa en el “costo evitado” en el que habría incurrido la compañía eléctrica si hubiera instalado un sistema comparable.

El proyecto de ley también permite a las empresas de servicios públicos cobrar más a los clientes de energía solar en los tejados, añadiendo cargos por instalación, tarifas de acceso a la red y pagos mínimos mensuales. Los clientes que ya estén usando energía solar en sus tejados antes de 2023 estarán protegidos y mantendrán sus tarifas de compensación anteriores durante 10 años.

Bradley dijo que está abierta a discutir modelos alternativos para su proyecto de ley, incluyendo un sistema en uso en las Carolinas para compensar a los clientes de energía solar en los tejados que proporcionan energía extra para la red cuando es más necesaria, durante las horas pico.

La Florida es el segundo estado del país con mayor número de trabajadores en el sector de la energía solar, con unos 11,000 empleos directos y 31,000 indirectos, según la Solar Energy Industries Association. Ocupa el tercer lugar entre los estados en cuanto a capacidad solar instalada, aunque gran parte de ella es solar a gran escala y de propiedad de empresas de servicios públicos.

Justin Vandenbroeck, presidente de la Florida Solar Energy Industries Association y propietario de una empresa de instalación de energía solar con sede en Orlando, dijo que la industria solar está formada principalmente por pequeñas empresas independientes. “Si este proyecto de ley se aprueba tal y como está, tiene el potencial de enviar a Florida de vuelta a 2013, como si los avances de los últimos 10 años no hubieran ocurrido”, dijo Vandenbroeck.

McClure admitió que el proyecto de ley “no está horneado”.

“Muy temprano en el recorrido de este proyecto de ley, creo que tiene una oportunidad real de resolver de una manera que la mayoría de las partes no queden molestos”, dijo. Añadió que la ley de medición neta no se ha actualizado en 13 años y que ahora es el momento de debatirla.

“Tenemos que celebrar el debate”, dijo. “No tengo miedo si la conclusión es que no es el momento de hacerlo. Creo que la energía solar en los tejados es beneficiosa para el medio ambiente y para los floridanos. Me preocupa que se produzcan costos significativos aquí, pero tampoco quiero destruir el sector de la energía solar en los tejados de la Florida”.

Katie Chiles Ottenweller, directora para el sureste de Vote Solar, una organización activista con sede en Atlanta, es optimista, pero se muestra cautelosa dada la influencia de FPL en la legislatura de la Florida y su papel en la redacción del proyecto de ley.

“Las empresas no aprueban la legislación. Los legisladores promulgan la legislación”, dijo. “Tengo la esperanza de que esto sirva para iniciar una conversación, pero, al mismo tiempo, es muy difícil tener una conversación cuando se tiene una pistola en la cabeza. El proyecto de ley, tal y como está redactado, diezmará esta industria”.