Una doctora de Indiana habla sobre el aborto y acepta las consecuencias de hacerlo

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Fotografía sin fecha proporcionada por Caitlin Bernard, donde se le puede ver trabajando en Kenia en febrero de 2017. (Caitlin Bernard vía The New York Times)
Fotografía sin fecha proporcionada por Caitlin Bernard, donde se le puede ver trabajando en Kenia en febrero de 2017. (Caitlin Bernard vía The New York Times)

Tres semanas antes de que la Corte Suprema revocara la jurisprudencia del caso Roe contra Wade, la doctora Caitlin Bernard, ginecóloga obstetra de Indianápolis, se puso su bata blanca, colocó a su hija en un portabebés y se unió a colegas que marcharon al Capitolio del estado, con la esperanza de entregar una carta al gobernador Eric Holcomb.

La carta, firmada por cientos de profesionales de la salud, le suplicaba al gobernador republicano Holcomb no convocar una sesión legislativa especial para restringir aún más los abortos. Contenía un mensaje político muy claro: “No queremos la prohibición del aborto en nuestro estado”.

Bernard, que saltó a la fama nacional por practicarle un aborto a una niña de 10 años víctima de una violación el mes pasado, atiende partos y proporciona atención anticonceptiva, así como pruebas de Papanicolaou y otros cuidados obstétricos y ginecológicos de rutina. También es una de las pocas doctoras de su estado con formación específica en atención reproductiva compleja, incluidos los abortos del segundo trimestre.

Pero parte de su trabajo más arriesgado tiene lugar fuera de su hospital, en la defensa pública del acceso al aborto.

Su franqueza ha tenido un precio. Bernard, de 37 años, ha sido criticada en los medios de comunicación de derecha, ha sido acosada y es objeto de una investigación por parte del fiscal general de Indiana. Esto la ha puesto en el centro de un enfrentamiento tras la revocación de la jurisprudencia Roe, lo cual era algo que la comunidad médica temía, que los propios médicos fueran el centro de ataques políticos y jurídicos.

“Los médicos que practican el aborto han sido acosados, han sido asesinados”, dijo Bernard el martes en una entrevista con The New York Times. “Y me parece que debido a eso, durante demasiado tiempo hemos tenido que guardar silencio para proteger a nuestras familias y se ha creado la idea de que estamos haciendo algo malo o ilegal. Y no es así. Me siento obligada a decirlo”.

Las amenazas en contra de quienes ayudan a interrumpir un embarazo no son nuevas. Pero la anulación de Roe ha creado un nuevo y aterrador panorama jurídico para los médicos.

Caitlin Bernard, ginecóloga obstetra de Indianápolis, el 26 de julio de 2022. (Amanda Andrade-Rhoades/The New York Times)
Caitlin Bernard, ginecóloga obstetra de Indianápolis, el 26 de julio de 2022. (Amanda Andrade-Rhoades/The New York Times)

En estados conservadores como Indiana, donde el acceso al aborto está restringido, se enfrentan a cada vez más requisitos legales que, de no cumplirse, podrían poner en peligro sus licencias o hacer que acaben en la cárcel. Una ola de nuevas prohibiciones y restricciones al aborto en todo el país exige fuertes penas de prisión y multas a los médicos que practiquen abortos.

En Indiana, el fiscal general Todd Rokita está investigando si Bernard, profesora adjunta de Obstetricia y Ginecología Clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, informó del aborto de la niña de Ohio a las autoridades del estado de Indiana, como se requiere. Los registros muestran que lo hizo.

En una declaración al Times el martes, el fiscal general dijo que “estaría al tanto de este proceso hasta el final” y acusó a Bernard de utilizar “el trauma personal de una víctima de violación de 10 años” para “promover su postura ideológica”.

Bernard, a su vez, dice que Rokita no es más que otro político que se dedica a la “intimidación estatal para sus propios fines políticos”. Ella ha presentado una demanda por daños y perjuicios contra él, el primer paso hacia una posible demanda por difamación.

Los profesionales médicos que trabajan en el ámbito de la salud reproductiva están siguiendo de cerca los acontecimientos en Indiana, afirma Kristin Lyerly, una ginecóloga obstetra de Wisconsin que coordina la defensa de la salud reproductiva en el alto Medio Oeste del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos. Ella comenta que antes de que se revocara la jurisprudencia que permitía interrumpir el embarazo, ella practicaba abortos en una de las cuatro clínicas de Wisconsin. Ahora, el aborto está prohibido allí en virtud de una ley de 1849 que lo convierte en un delito.

“Quienes prestamos servicios de interrupción del embarazo hemos tratado de hacerlo con discreción y cuidado durante muchos años, sabiendo que se trata de un servicio médico necesario para nuestras pacientes”, manifestó Lyerly. “Ahora, sentimos que en verdad es necesario sacar este tema a la luz y hablar con toda honestidad sobre lo que estamos viendo y experimentando y con lo que nuestras pacientes están lidiando, mientras recorremos esa delgada línea que implica proteger la privacidad de las pacientes”.

Los abortos son solo una pequeña parte de la práctica de Bernard. En el centro médico de la universidad se ocupa de casos complejos en los que hay que practicar un aborto; es decir, aquellos en los que la vida de la madre está en peligro. También realiza abortos (tanto quirúrgicos como con medicamentos) varios días al mes en las clínicas de Planned Parenthood de Indiana y Kentucky.

Desde hace tiempo, esta labor incluye elementos estresantes que van mucho más allá de la prestación de la atención médica delicada: en 2020, el FBI informó a Planned Parenthood que estaba investigando una amenaza de secuestro contra su hija.

Sus pacientes la describen como amable y cariñosa; Rebecca Evans, una enfermera partera que buscó la atención de Bernard después de sufrir un aborto involuntario, dijo que era una doctora de “alcance completo”, que “hace todas estas cosas distintas y en verdad se apasiona por todo”.

Bernard explica que su defensa del aborto es para promover su objetivo de proporcionar a sus pacientes la mejor atención médica posible. Al limitar las opciones de aborto y exigirle que haga ciertas declaraciones (como informar a los pacientes que los fetos sienten dolor durante un aborto cuando la ciencia sobre esa cuestión aún no está clara), el estado la está obligando a practicar la medicina de una manera que no es segura ni médicamente exacta, dijo.

En 2019, presentó una demanda junto con la Unión Americana de Libertades Civiles que trató sin éxito de anular la prohibición de Indiana en casi todos los abortos en el segundo trimestre. Con frecuencia testifica en la legislatura estatal. Tras la anulación de Roe, organizó una protesta (también lleva un tatuaje en el pie izquierdo, de un gancho de alambre —que simboliza el peligro de los abortos caseros antes de que estuviera permitido practicar el procedimiento— con la leyenda “Confía en las mujeres”).

En este momento, Indiana permite los abortos hasta las 22 semanas. Esta semana, mientras la legislatura de Indiana considera una prohibición casi absoluta al aborto durante la sesión legislativa contra la que luchó, Bernard no estuvo presente.

Quienes se oponen al aborto le han dejado mensajes de odio en su celular, dijo. Sigue atendiendo a sus pacientes, pero contrató un servicio de seguridad y sus colegas abrieron una cuenta de GoFundMe para ayudar a pagar sus crecientes facturas legales. Una comparecencia en persona en un ambiente tenso en la legislatura podría agravar aún más la situación.

“La politización de mi persona y del trabajo que realizo sin duda me han dificultado seguir en la defensa que he emprendido hasta ahora”, admitió.

Poco después de la anulación de Roe, el Indianapolis Star se enteró de que su paciente de 10 años viajó desde Ohio, donde el aborto está prohibido después de las seis semanas, incluso en casos de violación o incesto. Los aliados de Bernard dicen que no es casualidad que la niña de 10 años fuera remitida a su consulta; saben que hay muy pocos médicos que pueden manejar un caso tan delicado.

A principios de este mes, el presidente Joe Biden mencionó el caso al firmar una orden ejecutiva destinada a garantizar el acceso a los medicamentos para abortar. De repente, todas las miradas estaban puestas en Bernard.

El martes, Bernard se negó a hablar de cualquier aspecto del caso, alegando la privacidad de la niña. Además de la preocupación por ser sometida a un proceso judicial, es posible que enfrente consecuencias laborales. Hasta el martes, su empleador, la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, una institución financiada por el Estado, e Indiana University Health, una clínica sin fines de lucro, no habían hecho ninguna declaración sobre su caso, salvo para decir que no había violado las leyes de privacidad de los pacientes.

En una declaración al Times, la presidenta de la Universidad de Indiana, Pam Whitten, y el decano de la facultad de medicina, Jay Hess, comentaron que Bernard sigue “teniendo una buena reputación en la facultad”. La facultad de esa universidad dijo que era “una doctora valorada y respetada” y una “verdadera defensora de la salud y el bienestar de sus pacientes”.

Tras cursar la carrera de Medicina y hacer su residencia en la Universidad Médica de Upstate en Siracusa, Nueva York, Bernard estudió en la Universidad de Washington en San Luis, donde se especializó en “planificación familiar compleja”, una rama de la medicina que la capacita para tratar casos complicados, incluidos los abortos durante el segundo trimestre.

“Las personas que necesitan abortar en el segundo trimestre a menudo se enfrentan a las peores situaciones imaginables: tienen un embarazo muy deseado y su bebé no va a sobrevivir o tendrá una vida increíblemente difícil y están tratando de evitar que sea así”, dijo y agregó: “Los políticos, las personas que se sienten incómodas con el aborto, por lo general nunca han estado en esas situaciones”.

En 2017, Bernard se mudó de San Luis a Indiana, donde se ha convertido en la doctora “a la que hay que acudir” para hablar de los derechos reproductivos, afirmó la doctora Tracey A. Wilkinson, una pediatra que, junto con Bernard, participa en el capítulo de Indiana del Proyecto de Defensa de la Salud Reproductiva. Wilkinson pasó todo el lunes en el Capitolio de Indiana y dijo que sintió mucho la ausencia de Bernard.

“No vamos sabiendo que vamos a cambiar la votación”, dijo Wilkinson. “Vamos para dejar constancia de que alguien alzó la voz para decir que esto estaba mal. Vamos para que nuestros pacientes sepan que alguien sale en su defensa”.

El martes, la prohibición del aborto en Indiana fue aprobada por una comisión del Senado, lo cual suscitó críticas de todo el espectro político. Los defensores del derecho al aborto calificaron la medida de un ataque a las mujeres, mientras que varios activistas antiabortistas criticaron las excepciones que permitirían el aborto en casos de violación e incesto; alguien sugirió que la paciente de 10 años de Bernard debería haber sido obligada a dar a luz.

Bernard cree que de aprobarse el proyecto de ley, es probable que se vea obligada a remitir a las mujeres de Indiana a proveedores de abortos fuera del estado. Aunque sabe que esto puede crearle más problemas, no piensa quedarse callada.

“Una de las cosas más importantes sobre el tema del aborto en Estados Unidos es que la gente no quiere hablar de ello”, dijo. “Temen el estigma, los proveedores temen ser acosados, señalados, porque ya ha sucedido antes. Así que una de las cosas más importantes es ser honesto al respecto”.

© 2022 The New York Times Company

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