Directivos de la mayor asociación de propietarios de la Florida acusados de fraude millonario

Miembros pasados y actuales de la junta directiva de la mayor asociación de propietarios de viviendas de la Florida han sido acusados de saquear millones de dólares de las finanzas de la organización.

Investigadores arrestaron el martes a cinco miembros y proveedores de la Hammocks Community Association, que supervisa 40 comunidades y más de 6,500 viviendas en West Kendall. Se los acusa de participar en una complicada trama de fraude, chantaje y lavado de dinero que supuso más de $2 millones en fondos robados.

La Fiscalía Estatal de Miami-Dade dijo el martes que detallará los cargos en una conferencia de prensa por la tarde.

Los cargos se derivan de una larga investigación que el año pasado desembocó en el arresto de la presidenta de la asociación, Marglli Gallego, de 41 años. Desde su arresto, la extensa comunidad de más de 25,000 habitantes se ha visto sumida en la confusión, con los fondos agotados, los propietarios afectados por aumentos de entre el 300% y el 400% en las cuotas de mantenimiento y el lanzamiento de un polémico plan de destitución contra la junta.

Gallego enfrenta otros cargos y los fiscales acusaron a su esposo, José Antonio González, de 45 años. A él se le acusa de dirigir dos empresas que obtuvieron al menos $1.26 millones en fondos de la asociación de propietarios (HOA).

También están acusados: la actual presidenta, Mónica Isabel Ghilardi, de 52 años; la miembro de la junta, Myriam Arango Rodgers, de 76 años, y Yoleidis López García, de 47 años, quien formó parte de la junta entre 2016 y 2022.

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Fue en abril de 2021 cuando los fiscales acusaron por primera vez a Gallego de haber robado casi $60,000 de la asociación, incluyendo dinero gastado en un investigador privado para espiar a sus supuestos enemigos en el vecindario.

Los fiscales dijeron que entre noviembre de 2016 y marzo de 2018 Gallego usó indebidamente una tarjeta de crédito de la HOA para numerosas compras personales, incluyendo en supermercados, panaderías y restaurantes de comida rápida como Pollo Tropical, Panera Bread y Little Caesars. El juicio está pendiente.

Una orden de arresto la describía como una persona que usaba los recursos de la HOA para perseguir a sus enemigos, ordenando a la seguridad de la comunidad que “acosara” a los miembros de la asociación rival y presentando demandas contra las personas que consideraba que la “criticaban injustamente”.

Los investigadores afirman que ella y la junta directiva ignoraron repetidamente citatorios y no entregaron miles de registros financieros mientras luchaban con los fiscales por el reembolso de decenas de miles de dólares por el tiempo y los gastos de la recopilación de los registros. En un momento dado, llegó a demandar a un investigador de delitos económicos de Miami-Dade que dirigía la investigación penal que condujo a su arresto.

Pero a medida que su caso penal avanzaba en el sistema jurídico, la Fiscalía Estatal inició una investigación más amplia sobre el fraude en la HOA, y de nuevo se encontró con el obstáculo de la junta al tratar de conseguir los documentos financieros.

A pesar que los jueces le ordenaron a la HOA que presentara los documentos financieros, la asociación se negó a cumplir, e incluso apeló la decisión de un juez. Un tribunal de apelación rechazó el recurso. En un momento dado, a principios de este año, un abogado de la junta le dijo a un juez de Miami-Dade que la junta votó para ignorar la orden del juez porque “la junta no confía en el estado”.

La jueza de circuito Diane Vizcaíno, que entonces presidía las batallas jurídicas legales, incluso ordenó al “custodio de los registros” de la junta, un empleado de la asociación, que acudiera al tribunal para dar explicaciones. El empleado Kevin Alzate, primo de Gallego, insistió en que nunca fue el custodio de los registros. Cuando se le mostró una declaración jurada que firmó diciendo que lo era, Alzate afirmó que había firmado el documento sin leerlo detenidamente.

Los esfuerzos de la HOA para bloquear la investigación siguen adelante: recientemente, la junta presentó una demanda federal contra la Fiscalía Estatal para bloquear la aplicación de las citaciones. Ese caso sigue pendiente.