Yahoo Noticias Diputada del PAN busca frenar con desinformación dictamen que penaliza las mal llamadas terapias de conversión
Teresa Castell, diputada federal del PAN, busca frenar con desinformación el dictamen que penaliza los esfuerzos que intentan suprimir o reprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género y que se prevé sea discutido en el pleno de la Cámara de Diputados.
Desde octubre de 2022, la Cámara de Senadores aprobó la modificación al Código Penal Federal y la Ley General de Salud, para prohibir y sancionar penalmente las mal llamadas terapias de conversión sexual.
El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, donde desde abril pasado las comisiones unidas de Justicia, de Salud y de Diversidad aprobaron la prohibición a nivel nacional y las sanciones que incluyen hasta 12 años de prisión, multas económicas y destituciones o inhabilitaciones temporales para funcionarios o personal de salud que intenten intentan suprimir o reprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género.
A más de siete meses de su aprobación en comisiones, la discusión para prohibir los llamados ECOSIG o Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género podría ocurrir en el pleno.
Diputada del PAN desinforma para evitar la eliminación de las mal llamadas terapias de conversión
La diputada del PAN Teresa Castell comenzó a compartir una serie de mensajes con desinformación por su cuenta de X para buscar frenar el dictamen.
En una primera publicación aseguró que las personas que serían sancionadas con hasta 12 años de prisión serán quienes “den apoyo a la infancia en temas de confusión en su transición de niños a mayores de edad”.
La legisladora panista asegura que la iniciativa “busca criminalizar también a los padres de familia, hipersexualizar niños, mantener a los niños confundidos, distraídos y vulnerables”, sin embargo, el dictamen no contempla sanciones penales a padres de familia ni habla de sexualizar a las infancias.
“Dudar de su propia identidad, quieren prohibir todo tipo de terapia para que nadie puede ayudarlos cuando haya disforia de género, y a los padres quitarles la opción de ayudar a sus hijos cuando tengan dudas, no porque nuestros niños en sus fantasías quieran ser piratas les vamos a cortar una pierna…”, dijo Castell de manera errónea al comentar el contenido del dictamen aprobado en el Senado en 2022, y que ha sido turnado a comisiones para su discusión.
¿En qué consiste el dictamen que pretende castigar a quienes repriman la orientación sexual, identidad o expresión de género?
El dictamen aprobado por el Senado y que se espera discuta el pleno de Diputados consiste en reformar al Código Penal Federal y adicionar el artículo 465 Bis a la Ley General de Salud.
Al Código Penal se adicionaría el Capítulo IX, denominado “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas”, al Título Octavo, y las reformas al artículo 209 Ter y se adiciona el artículo 209 Quáter.
La propuesta establece sanciones a quien “realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.
Con penalizaciones que van de los dos a los seis años de prisión y multas de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Mexica y Actualización (UMA), y aumentarán al doble, es decir, hasta 12 años de cárcel, si esas conductas o prácticas se realizan contra menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad.
Si quienes incurren en esas prácticas son el padre, la madre o el tutor de la víctima, se les aplicarán sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración de un juez; y también incluyen destituciones o inhabilitación para desempeñar el cargo por un tiempo igual a la pena impuesta.
En cuanto al artículo 465 Ter a la Ley General de Salud, se establece que los profesionales de la salud que incurran en ECOSIG serán sancionados con las penas de cárcel o multas que correspondan según el Código Penal y, además, serán suspendidos en el ejercicio profesional de uno a tres años.
