Dinero de condominios, ex esposas, honorarios: Abogados de Miami, Fort Lauderdale y Coral Gables sancionados

El informe mensual más reciente del Colegio de Abogados de la Florida sobre los abogados disciplinados por la Corte Suprema del estado incluyó cuatro abogados de los condados Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe, y las medidas incluían tres suspensiones, una amonestación pública y ninguna inhabilitación.

En orden alfabético...

John Faro, Miami

El árbitro en este caso señaló que Faro (admitido en el Colegio de Abogados en 1986) “no mostró ningún remordimiento” y “echa la culpa a otros por su propia mala conducta, incluyendo a su ex esposa por no proporcionarle el archivo de un cliente, a la recepcionista de su oficina virtual por no revisarle su correo y a un cliente por no hacer las preguntas correctas.

“En una petición para una nueva audiencia a la USPTO, incluso acusa a la Oficina del Director Ejecutivo de la USPTO de “mala conducta y fraude palpables”“.

La USPTO es la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Según el reporte del árbitro, en noviembre de 2002, Faro retomó un caso de patente de EPRT Technologies que se presentó por primera vez en septiembre de 2000 y que recibió un primer rechazo final de la USPTO en septiembre de 2002. La USPTO rechazó 21 reivindicaciones de la solicitud.

Después de más presentaciones y modificaciones, la USPTO emitió una Notificación de Enmienda No Resuelta en enero de 2004. La siguiente presentación de Faro, en febrero de 2004, se consideró no conforme, y la USPTO emitió un Aviso de Primer Abandono en agosto de 2004.

“El primer abandono afirmaba que el examinador de patentes había dejado mensajes de voz para [Faro] el 9 de julio, el 19 de julio y el 20 de julio de 2004, la última llamada informando a [Faro] de que la solicitud se consideraría abandonada si no se ponía en contacto con el examinador antes del 23 de julio de 2004”, decía el reporte del árbitro. Faro “no devolvió ningún mensaje y la solicitud se consideró abandonada”.

Faro afirmó que nunca recibió el aviso de enero de 2004 en su petición de reactivación, concedida el 18 de enero de 2005. Pero tres meses y un día después de la reactivación, el 19 de abril de 2005, la USPTO emitió un segundo rechazo final, rechazando cinco reivindicaciones de la solicitud.

Pero Faro le dijo a la presidenta de la EPRT, Katherine Blake, y al coinventor de la EPRT, Dave Estes, que “la examinadora de Estados Unidos emitió una acción de oficina (rechazo no definitivo) y que voy a concertar una entrevista con ella en breve”.

En la decisión final en noviembre, rechazó tres reivindicaciones y objetó dos. En ese rechazo, la USPTO “le informó a [Faro] que, en letras mayúsculas, “se ha establecido un plazo de respuesta abreviado de tres meses o treinta (30) días, lo que sea más largo, a partir de la fecha de envío de esta comunicación”. En la misma sección también se indicaba que la solicitud quedaría abandonada si no se recibía una respuesta dentro del periodo de respuesta”.

Faro no transmitió el tercer rechazo con precisión a Blake y Estes, según el reporte del árbitro, y “no hay indicios de que nadie en EPRT recibiera una copia de la tercera revisión final”.

Faro presentó un recurso en 2006 ante la Junta de Apelación de Patentes. El 1º de junio de 2009, la Junta confirmó las conclusiones del Tercer Rechazo Final, una afirmación que, según el reporte del árbitro, “incluía una nota a pie de página en la que se anunciaba el plazo de dos meses para presentar un recurso o iniciar una causa civil; en la página final se afirmaba que “no se puede ampliar el plazo para emprender cualquier acción posterior en relación con este recurso”.

La decisión se envió a la dirección del colegio de abogados de Faro, al igual que, después de que no se presentara ningún recurso en el período de dos meses, un aviso de abandono de la USPTO del 14 de agosto de 2009. Aunque la notificación decía que también se había dejado un mensaje en el contestador automático de Faro el 6 de agosto de 2009, este afirmó que nunca recibió la notificación.

Blake empezó a preguntar por el estado de la solicitud. Faro dijo en 2010 que había hecho averiguaciones pero que no había recibido respuesta de nadie. En 2011, después de “terminar abruptamente una llamada” con Blake, el reporte del árbitro dijo que Faro no contestó cuando volvió a llamar inmediatamente y no respondió a siete correos electrónicos ni a las llamadas telefónicas que lo acompañaron.

La EPRT no tuvo conocimiento del aviso de abandono hasta el 28 de octubre de 2011, dos años y casi cinco meses después de que ocurriera, según el reporte del árbitro. Para entonces, la EPRT había contratado al abogado Roger Farahmad. Cuando Farahmad pidió a Faro el expediente del EPRT, el reporte del árbitro dice que Faro no lo proporcionó.

Farahmad lo consiguió citando a la ex esposa de Faro.

La USPTO suspendió a Faro durante ocho meses. La Corte Suprema del estado suspendió a Faro tres años, suspensión que comenzó el 27 de abril.

Gian Ratnapala, Fort Lauderdale

Mientras representaba a la Asociación de Condominios Sabal Palm en 2019, la declaración de culpabilidad de Ratnapala dice que hizo dos depósitos por un total de $3,653.35 en su cuenta fiduciaria. El dinero era de un propietario de una unidad atrasado en las cuotas de mantenimiento. Ratnapala (admitido en el Colegio de Abogados en 2012) no le dijo a la asociación que tenía el dinero.

“En respuesta a la queja del colegio de abogados, [Ratnapala] reportó que Sabal Palm le debía honorarios legales impagados y compensó esos honorarios con los fondos”, dice su declaración de culpabilidad. “Según su contabilidad, [Ratnapala] explicó que le debe $810.15 a Sabal Palm”.

Pero el mantenimiento de los registros de Ratnapala significaba que los auditores del Colegio de Abogados tenían que obtener los tickets de depósito y los cheques cancelados de su banco. Ni los comprobantes de depósito ni los cheques cancelados identificaban sistemáticamente al cliente involucrado o, en los boletos de depósito, quién le había dado el dinero a Ratnapala. Sus registros de contabilidad no incluían los números de los cheques ni la descripción de las transacciones.

Eso está bien para las finanzas personales, pero no en la cuenta fiduciaria de un abogado.

“No había pruebas de malversación intencionada y Ratnapala tomó medidas para actualizar sus procedimientos de registro”, dice su declaración de culpabilidad.

Aun así, Ratnapala recibió una suspensión de 45 días, tras la cual estará en libertad condicional durante dos años. Durante ese periodo de prueba, un contador público le proporcionará al Colegio de Abogados declaraciones trimestrales. También tiene que asistir a un taller de contabilidad fiduciaria.

Michael Rose, Miami

Rose (admitido en el Colegio de Abogados en 1971) se divorció en 2003, según su declaración de culpabilidad. Creó un fideicomiso para el hijo que compartía con su ex esposa y le dio el título de su condominio, para ser usado como una residencia para ella y el niño.

Cuando la ex esposa de Rose se volvió a casar, vendió el condominio y usó el dinero para comprar un nuevo lugar a nombre de ella y su nuevo esposo. La nueva vivienda no se incluyó en el fideicomiso, lo que Rose vio como “una invasión del corpus del fideicomiso”.

Pero, cuando la nueva casa entró en ejecución hipotecaria en 2009, Rose representó a su ex esposa en el procedimiento de ejecución. La sentencia de ejecución hipotecaria se dictó por $1.5 millones. La ex esposa de Rose le pidió ayuda para encontrar un “comprador amistoso” para la sentencia, lo que le daría tiempo para encontrar un comprador para la casa. Rose encontró a un individuo identificado en su declaración de culpabilidad como el “Sr. Torres”, padrino del hijo que Rose compartía con su ex.

Torres compró la sentencia por un importe rebajado que Rose negoció y financió el trato con dinero de Rose.

La ex esposa de Rose encontró un comprador. Cuando su abogado le preguntó sobre el pago de la sentencia de ejecución hipotecaria, Rose dijo que $1.5 millones. La declaración de culpabilidad de Rose dice que el testimonio de la declaración de su ex esposa muestra que ella sabía desde un mes antes del cierre que la sentencia había sido comprada por una tasa de descuento y los correos electrónicos entre ella y Torres mostraron que ella sabía que “la cifra de la liquidación estaba mal por $88.145,42”.

Demandó a Torres por el sobrepago. Rose representó a Torres hasta que fue inhabilitado.

Rose recibió una amonestación pública por violar las pautas de conflicto de intereses.

Gregory Saldamando, Coral Gables

Saldamando (admitido en el Colegio de Abogados en 2007) era asociado del bufete Strems cuando le tocó el caso de Eduardo Álvarez y Doris Herrera, quienes reclamaron daños por agua y hundimiento en su casa de Southwest Ranches en 2013. Strems se encargó de la parte de los daños por hundimiento en un reclamo contra American Integrity Insurance Company.

La pareja acordó aceptar un acuerdo de $100,000, creyendo que obtendrían $65,000 de eso y Strems obtendría $35,000.

“Sin el conocimiento o la aprobación de los clientes, [Saldamando] aseguró y finalizó un segundo acuerdo global de $157,500”, decía la demanda del colegio de abogados. “Sin el conocimiento la aprobación de los clientes, [Saldamando] no asignó nada del monto del acuerdo aumentado a los clientes”.

Así, Álvarez y Herrera seguían recibiendo $65,000, pero Strems recibiría $92,000. La pareja se enteró de que su caso se había resuelto cuando recibieron una notificación de acuerdo el 14 o 15 de mayo de 2019.

Herrera le dijo al árbitro que Saldamando les dijo a ella y a su marido que el acuerdo de retención le daba total autoridad, que no tenía que decirles nada antes de aceptar la oferta de liquidación. Nunca vieron una factura o un desglose de los honorarios de Saldamando.

Además, le informaron al árbitro que cuando se reunieron con Saldamando y Herrera trató de hacerle ver las condiciones en las que habían estado viviendo con sus hijos a causa de los daños, no se impresionó.

Herrera dijo: “Dijo: ‘Dígale a su esposa que se guarde sus historias de corazón’. No necesitamos escuchar eso’”.

El reporte del árbitro incluye 23 cartas de referencia de carácter de antiguos clientes, jueces y compañeros abogados, incluyendo una de la abogada Luz Borges que dice: “Si tuviera que describir a Greg en tres palabras, sería “cristiano, familiar y abogado”. “Abogado cristiano” es un término que Greg creó debido a los desafíos que enfrentamos en el campo”.

El árbitro recomendó una amonestación pública porque Saldamando violó las reglas de comunicación adecuada con el cliente.

La Corte Suprema del estado opinó que Saldamando violó las reglas de comunicación adecuada con el cliente, el conflicto de intereses con los clientes actuales y los objetivos y el alcance de la presentación. La corte suspendió a Saldamando durante 91 días.