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De Néstor Kirchner a Alberto Fernández: pasado y presente del juicio político a la Corte

Alberto Fernández y Néstor Kirchner
Alberto Fernández y Néstor Kirchner

A poco de asumir, el gobierno de Néstor Kirchner puso en marcha un juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, que en su mayoría habían sido designados por Carlos Menem. Es el antecedente más cercano a la maniobra que intenta activar ahora el oficialismo en la Cámara de Diputados. En 2002, 2003 y 2005, la comisión de Juicio Político debió tratar distintas denuncias contra un tribunal que, con el correr de los años, se ganó el nombre de la ‘corte menemista’. Dos décadas después de aquel proceso, LA NACION consultó a algunos de los diputados que integraron aquella comisión y, en su mayoría, coincidieron en señalar profundas diferencias.

Es totalmente distinto ”, sostiene Margarita Stolbizer, quien presidió la comisión de Juicio Político en el año 2000 y la integró entre 2002 y 2003. “En este momento [el juicio político] es simplemente porque hubo un fallo que no le gustó al gobierno”, señala la dirigente de Juntos por el Cambio, al momento de marcar las divergencias. El proceso contra la Corte menemista incluyó múltiples denuncias, como legitimar judicialmente un proceso administrativo fraudulento o abdicar a los controles de constitucionalidad, y además tuvo respaldo de gran parte de la oposición.

El primer pedido de juicio político que se inició en 2002 consiguió un dictamen favorable en Comisión, pero no pudo superar la prueba del recinto: en Diputados no llegó a los dos tercios que se requieren para elevar la acusación a la Cámara alta. A fines del año siguiente, en cambio, el proceso contra la Corte Suprema se abrió paso por diputados y la Cámara alta destituyó a Eduardo Moliné O’Connor, uno de los jueces que integraba una corte cuestionada por buena parte del arco político. Los jueces Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez renunciaron durante el proceso de enjuiciamiento para evitar la destitución.

Se trataba de la Corte de la ‘mayoría automática’, que estaba involucrada en denuncias de corrupción”, rememora Stolbizer. La integrante de Juntos por el Cambio se refiere al nombre con el que se aludía a un grupo de cinco jueces sospechados de favorecer -muchas veces por omisión- al Gobierno del presidente Carlos Menem y votar favorablemente sus decisiones. De ahí el nombre de “mayoría automática”. “No soy partidaria de enjuiciar nunca a un juez por sus fallos. Mucho menos en este caso, que, como algunos fallos recortan su poder, no les gusta y deciden no cumplirlos y enjuiciarlos ”, agrega Stolbizer sobre la situación actual.

Era muy notoria la mayoría que se había construido en la década del 90″, recuerda el exdiputado radical Carlos Iparraguirre, también integrante de la comisión de juicio político de 2002. Para Iparraguirre, los escenarios son “claramente distintos” y, en línea con Stolbizer, pone en duda la legitimidad del proceso actual.

“En ese entonces se veía claramente que se utilizaban los resortes del poder por parte de quienes estaban ocupando ese lugar. Recurrir al juicio político cuando te fallan en contra o no te gusta el fallo, es otra cosa”, sostiene en relación al proceso que los diputados iniciaron hoy contra los cortesanos, y agrega: En ese momento había una crisis muy profunda en Argentina, pero había comunes denominadores . Como una salida a esa crisis, existía la necesidad de una mejor justicia”, explica.

Al igual que Stolbizer e Iparraguirre, el peronista Eduardo Di Cola, otro de los integrantes de aquella comisión, señala como “distintivo” de ese momento que la decisión de avanzar con un juicio político contra los magistrados contaba con un amplio respaldo de la dirigencia política.

Había una voluntad política de avanzar en esa dirección . Había acuerdo de muy buena parte del oficialismo con muy buena parte de la oposición”, recuerda Di Cola, que como Stolbizer e Iparraguirre, votó a favor de que se iniciara la investigación contra los jueces de la ‘mayoría automática’.

Sin embargo, en contraste con sus compañeros de Comisión, el dirigente peronista no ve con malos ojos la puesta en marcha del actual pedido de juicio político. “De la misma manera que en ese entonces había causas que ameritaban el proceso, hoy en día también las hay. Más allá del consenso y los votos que se logren finalmente”, dice Di Cola, que al referirse a la actual situación prefiere evitar los nombres propios y adoptar una perspectiva procedimental.

Nada más constitucional y legal que promover este procedimiento, más allá que luego termina con condena o absolución, o con la decisión de no tratarlo”, sostiene Di Cola.

El “poroteo” en Diputados señala que el actual pedido de juicio político correrá la misma suerte de aquel que el expresidente Eduardo Duhalde impulsó en 2002. Sin embargo, Humberto Roggero, jefe de la bancada del PJ en los años previos a Néstor Kirchner traza una distinción con el contexto político actual: “No era tan fácil cambiar una Corte. Hay que tener en cuenta el contexto histórico de aquel entonces, era una situación de mucha incertidumbre política sobre el futuro de la Argentina”. El exembajador de Argentina en Italia, recuerda que la idea que el intento de juicio político durante el gobierno de Duhalde fue perdiendo fuerza conforme la crisis económica desatada en 2001 comenzaba a tener resonancias políticas.

“Cuando se planteó, en su momento, era posible, pero cuando viene la crisis del 2001-2002, plantear una modificación de la Corte por más buena o mala que fuera, por la situación de incertidumbre política, era una utopía. No hay que olvidar que los presidentes duraban una semana y los partidos políticos estaban rotos. Había que esperar que el país se estabilizara. En ese contexto, era una aventura política”, recuerda Roggero sobre el proceso iniciado contra los jueces en 2002.

Otra óptica

Desde una perspectiva jurídica, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez señala que las similitudes entre los tres procesos coinciden en los motivos en los cuales se sostiene la acusación. “Al igual que ahora, tanto en el juicio que impulsó Duhalde en el 2002 y como en el que promovió Kirchner en el 2003, la acusación estaba basada en la causal de mal desempeño vinculado al dictado de sentencias por parte de la Corte Suprema“. En cambio, considera que las motivaciones políticas detrás de los tres procesos, son un elemento que distingue a cada uno de ellos: “Duhalde consideraba que la gobernabilidad estaba en jaque en una época de una profunda crisis. Kirchner sostenía que era una Corte carente de todo tipo de legitimidad. En el caso actual, es un choque frontal entre la Corte Suprema de Justicia y el partido Justicialista ”, concluyó Gil Domínguez.

En ese sentido, otros miembros de la Comisión también agregan que la avanzada de Néstor Kirchner contra la Corte Suprema era un intento de capitalizar políticamente el desprestigio de la ‘corte menemista’, y a partir de allí, construir legitimidad. Es que la negativa de Carlos Menem a competir en la segunda vuelta electoral, catapultó a la presidencia a un Kirchner que solo había cosechado un 22,3% en la urnas, el número más bajo en la historia del país con el que un candidato llegó al Ejecutivo.

Para el constitucionalista Roberto Gargarella no hay “mayores paralelos” entre los procesos en cuestión y no vislumbra que la avanzada del presidente Alberto Fernández contra la Corte Suprema tenga consecuencias políticas reales. “No hay nada relevante en la propuesta actual. Son fuegos de artificios que carecen de sustento, de relevancia pública y de apoyo ciudadano . Es una propuesta con poca vida”, sostiene el letrado.

Aparte del mencionado Moliné O’Connor, los integrantes de la Corte señalados por constituir la ‘mayoría automática’ eran Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Guillermo López, y Antonio Boggiano. Los primeros tres renunciaron durante el transcurso del proceso que buscaba destituirlos. Boggiano, al igual que Moliné O’Connor en 2003, enfrentó el juicio político y en una sentencia elaborada por Ernesto Saenz (UCR), Marcelo Guinle (PJ) y Vilma Ibarra (Frente Grande) fue removido por el Senado en 2005, cuando 45 de los 64 senadores votaron en favor de su destitución.