Dictamen de ‘Plan C’ no justifica eliminar órganos autónomos por duplicar funciones ni garantiza ahorros, advierten especialistas

Ni la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador ni el dictamen de la Cámara de Diputados para eliminar a siete organismos autónomos —y que sus funciones y trabajadores pasen al gobierno federal y su presupuesto al Fondo de Pensiones del Bienestar— justifican su eliminación ni garantizan que haya ahorros en la administración pública. 

Especialistas coinciden en que en estos documentos no hay evidencia de que exista duplicidad de funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) con las dependencias que los absorberían. 

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, sostuvo que la idea de la reforma no es desaparecer la función de estos siete organismos, sino que se incluya dentro de las secretarías del gobierno federal. 

Pero trasladar sus funciones a secretarías como la de Economía, de Energía, de Educación, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública o al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no garantiza que se mantengan como contrapesos.

“Estamos viendo que no hay ninguna revisión exhaustiva sobre su funcionamiento, sobre sus fallas. Más bien se parte de afirmaciones generales sin sustento, es decir, ‘no sirven, son onerosos, están duplicados’, pero en realidad no se muestra la prueba de cuál es esa duplicación”, dice Itzel Checa, coordinadora del Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas. 

Sheinbaum adelantó que la legislatura actual cerrará el dictamen y será hasta la próxima, que comienza el 1 de septiembre, cuando se vote la reforma constitucional de simplificación orgánica que forma parte del “Plan C”. 

Es decir, el paquete de reformas que Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión el 5 de febrero, esperando que en las elecciones del 2 de junio Morena ganara la mayoría calificada para aprobarlas.

Para saber más: Dictamen del ‘Plan C’: ¿qué órganos autónomos propone eliminar Morena y cómo lo justifica?

Cuestionan cuál sería el ahorro presupuestal

El dictamen menciona que los ahorros que se generen con la extinción de los órganos autónomos se destinaría al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Pero especialistas lo cuestionan considerando el presupuesto con el que operan y si las personas servidoras públicas formarían parte de las dependencias que asuman sus funciones.

“Si la iniciativa lo que dice es que esos recursos humanos no se van a despedir, sino que simplemente van a ser reincorporados a otra parte del gobierno, pues yo no veo dónde está el ahorro”, cuestiona Fernando Morales, profesor investigador de El Colegio de México. 

Héctor Villarreal, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, califica la iniciativa como contradictoria porque el ahorro es casi nulo en relación con el presupuesto federal. “Esto no es un asunto de dinero, es un asunto de querer quitarse contrapesos”, agrega.

Al respecto, El Sabueso documentó que el monto asignado en 2024 a los siete órganos suma apenas 4 mil 534 millones. Y por el contrario, se padecería el costo de eliminarlos por la utilidad de sus funciones y por ser contrapeso para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

“¿Qué costo tiene no tener estos agentes en la economía y en la democracia?”, se pregunta Villarreal.

“No se ofrece una sola pieza de evidencia que justifique ni que va a haber ahorros, ni de cuánto van a ser esos ahorros, ni se justifican esos ahorros a la luz de los costos que sí va a tener la implementación de la reforma”, menciona Morales. 

Posible afectación a los derechos humanos

El Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas que coordina Itzel Checa emitió un comunicado junto con Artículo 19 y Fundar en el que abordan que la eliminación de estos organismos autónomos sí afectaría a los derechos humanos, contrario a lo que dice la iniciativa y el dictamen.  

Por ejemplo, la garantía del acceso a la información. El hecho de que se proponga que el órgano garante de este derecho pase al gobierno es contrario a los avances registrados en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.

Los organismos autónomos dan servicio directo en trámites que van desde obtener un historial clínico, como es el caso del Inai, o presentar quejas por parte de la ciudadanía que consume bienes y servicios de empresas si se trata de la Cofece. 

Uno de los beneficios a la ciudadanía que ha traído el IFT es la eliminación al cobro de Larga Distancia Nacional (LADA) para que usuarios de telefonía puedan llamar desde cualquier punto del país sin pagar extra. Asimismo, México fue el primer país latino en migrar a la Televisión Digital Terrestre (TDT) y con el apagón analógico, ya se transmiten mil 269 canales digitales de TV abierta.

Puedes leer: Inai, Cofece e IFT: la utilidad ciudadana de los organismos que AMLO quiere desaparecer con el “Plan C”

No habría modernización, sino regresión

La reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador busca modificar el artículo 134 constitucional para, bajo la austeridad republicana, eliminar duplicidad de funciones y modernizar la gestión pública, según se lee tanto en la iniciativa como en el dictamen.

Fernando Morales explica que estos órganos autónomos surgieron en las últimas décadas ante un sistema político administrativo que estaba centralizado, que era opaco y poco profesionalizado. 

“La solución que se encontró en el caso mexicano fue empezar a crear organismos que tuvieran autonomía plena respecto, particularmente, del Ejecutivo, pero no sólo del Ejecutivo, sino también de los otros poderes públicos”, comenta el profesor investigador de El Colegio de México.

De hecho, entre estos siete organismos autónomos que pretenden ser eliminados hay algunos  de reciente creación, como la Mejoredu, que surgió en octubre de 2019, durante la gestión del presidente López Obrador. 

Héctor Villarreal concuerda en el tema de la profesionalización al afirmar que estos organismos autónomos llevan dedicándose mucho tiempo a funciones específicas más allá de un ciclo electoral o de un interés político. 

“Es indispensable que, más allá de promover la eliminación de los controles democráticos, se apueste por mecanismos rigurosos que aseguren los mejores perfiles, independientes y con la experiencia necesaria para que realmente cumplan con la función por la cual fueron creados”, se lee, en ese sentido, en el comunicado de Fundar, Article 19 y l Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas.

Por lo tanto, trasladar sus funciones a secretarías no garantiza que se mantengan como contrapesos.

“Es una propuesta regresiva que nos lleva, digamos, hacia atrás en la lucha por abrir el quehacer público. Estas funciones era importante separarlas, digamos, del Poder Ejecutivo para auditarlas y darles más autonomía, para que se mantengan los contrapesos”, añade Itzel Checa. 

Además la eliminación de estos siete órganos autónomos traería consecuencias a corto, mediano y largo plazo.

“A mediano y largo plazo seguiríamos con un deterioro institucional muy fuerte. En el corto plazo, sin embargo, también podemos tener un daño: hay un país que va a recibir la presidenta electa con muchas complicaciones y esto puede ser una fuente de inestabilidad”, sostiene Villarreal.

La y los expertos están de acuerdo en que es necesario modificar a los siete órganos autónomos que pretenden ser eliminados para que sean más eficientes y en que más allá de aprobar la reforma, lo que es urgente es que se fortalezcan.

El dictamen menciona que el 20 de febrero la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó un acuerdo para realizar diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales. Pero en estos no se ha abordado el tema de los contrapesos, la violación a los derechos humanos o la regresión de eliminar órganos autónomos.

“Es importante que estas reformas pudieran ser producto de un ejercicio deliberativo efectivo por parte del Congreso de la Unión, los ejercicios que se hicieron antes son poco plurales, no son ejercicios de escucha, en realidad lo que se está evidenciando es simulación con posiciones a favor de la reforma, donde no se está dando pauta a otro tipo de perspectivas”, concluye Checa.

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