¿Qué hay detrás del gran escándalo de corrupción en Malta que involucra a una empresa de EE.UU?

El ex primer ministro de Malta, Joseph Muscat, es uno de varios funcionarios y exfuncionarios que se enfrentan a cargos penales en un escándalo de corrupción que ha sacudido la isla mediterránea, por un plan para vender hospitales públicos a una empresa privada.

Los cargos, que se refieren principalmente al blanqueo de dinero, fueron presentados por los fiscales el lunes, pero el acuerdo de los hospitales en sí se remonta a 2015 y ha sido objeto de múltiples sentencias de tribunales civiles, auditorías e informes de investigación.

Muscat ha negado haber actuado mal, escribiendo en un post de Facebook que si los cargos no fueran tan graves, serían "risibles". Según los expertos, es la primera vez en Malta que se presentan cargos penales contra un ex primer ministro.

Un contrato hospitalario para una empresa "sin experiencia"

Tras una convocatoria de propuestas competitivas, el Gobierno de Malta firmó en 2015 un acuerdo con una empresa privada llamada Vitals Global Healthcare (VGH) para remodelar y gestionar tres hospitales públicos. Posteriormente se cuestionó el proceso de adjudicación de dicho contrato.

La Oficina Nacional de Auditoría de Malta afirmó en 2020 que el trabajo del Gobierno para verificar el acuerdo con VGH y su capacidad para gestionar tres hospitales públicos era "inadecuado".

Preocupaba especialmente que no se supiera que VGH no tenía experiencia ninguna en el sector sanitario, decían los sindicatos malteses en una carta en la que pedían la auditoría.

De hecho, los auditores confirmaron que VGH no aportó pruebas suficientes de que tuviera experiencia en gestión sanitaria y, sin embargo, fue elegida por el Gobierno para un contrato de 30 años y varios miles de millones de euros para gestionar los hospitales públicos.

El contrato se transfirió en 2018 a una empresa llamada Steward Health Care, que gestiona más de 30 hospitales en Estados Unidos y parece haber creado una oficina internacional ese mismo año.

Un tribunal anula el acuerdo por fraude

Un tribunal civil maltés desestimó el acuerdo en febrero de 2023 después de que un político de la oposición presentara una demanda para anularlo. Según el tribunal, el Ejecutivo maltés había firmado un memorando de entendimiento en 2014 con un grupo de inversores, que posteriormente formaron VGH, con la idea de que se hiciera cargo de los hospitales.

También había dudas sobre la transferencia del contrato a Steward Health Care en 2018.

En 2021, el periódico 'Times of Malta' informó de que el ex primer ministro Muscat había recibido transferencias de dinero de la empresa suiza Accutor, que había recibido millones de Steward Health Care durante la adquisición de los hospitales. Los inversores de VGH también recibieron dinero de la empresa suiza, según la información del periódico.

"El trabajo que llevé a cabo durante varios meses no estaba relacionado en modo alguno con proyectos relacionados con el Gobierno maltés", respondió Muscat en un post de Facebook de 2021.

Steward International afirmó en un comunicado que la empresa suiza fue contratada para "servicios empresariales legítimos durante este periodo" y que la compañía no tenía "ninguna relación comercial o de otro tipo" con el ex primer ministro.

La Oficina Nacional de Auditoría de Malta declaró en mayo de 2023 que las cuentas contradictorias y la falta de registros de las interacciones iniciales entre el Gobierno y Steward Health Care eran preocupantes y "oscurecían la visibilidad" del acuerdo.

Connivencia entre el Gobierno y las empresas

El juez que dictaminó la anulación de los contratos hospitalarios en febrero de 2023 consideró que se había cometido fraude antes de que se adjudicara el contrato a VGH, después de que lo obtuviera y cuando Steward Health Care asumió las obligaciones contractuales de VGH, según los documentos judiciales.

Aunque Steward recurrió la decisión de febrero, una sentencia de apelación confirmó la anulación del contrato en octubre de 2023. Los jueces dijeron, sin embargo, que en lugar de fraude por una de las partes, hubo connivencia entre el Gobierno y las empresas.

Los jueces escribieron en la sentencia de apelación que quienes debían proteger los intereses del país no lo hicieron. Sin embargo, estos casos se tramitaron ante tribunales civiles y no dieron lugar a acusaciones.

Los cargos penales se presentaron esta semana a raíz de una investigación solicitada por la organización de defensa del Estado de derecho Repubblika.

La empresa Steward Health Care, con sede en Dallas en Texas, se declaró en quiebra el lunes. Según documentos judiciales vistos por 'Euronews', a finales de enero inició un proceso de venta de sus instalaciones hospitalarias en Estados Unidos.

La empresa cerró un hospital en el estado federal de Massachusetts a principios de año y se ha enfrentado a investigaciones y críticas. El senador Ed Markey afirmó que la empresa "antepuso el beneficio de los inversores a la vida de las personas".

"Es la primera vez en la historia política maltesa que un ex primer ministro puede responder por tales cargos criminales", dijo a 'Euronews' Kurt Borg, profesor de política pública en la Universidad de Malta.

"Es increíble, de alto perfil, y llega después de una serie de sentencias judiciales que han ido surgiendo en los últimos meses y años sobre la privatización de tres hospitales públicos bajo la Administración de Joseph Muscat".

Borg añadió que el acuerdo estuvo "rodeado de misterio" desde el principio, con muchas "acusaciones" contra las empresas adjudicatarias. "No se trata sólo del ex primer ministro, sino también de su jefe de gabinete y de un destacado ministro de ese gabinete", dijo Borg.

Los cargos también implican a dos funcionarios cercanos a Muscat: Keith Schembri y Konrad Mizzi, según documentos vistos por 'Euronews'. Los cargos incluyen promoción y organización de una organización criminal y soborno.

Muscat dejó el cargo en 2020 en medio de presiones por el asesinato en 2017 de la periodista Daphne Caruana Galizia.

Ataques al poder judicial

El actual primer ministro de Malta, Robert Abela, también ha sido criticado esta semana por su respuesta al escándalo, ya que se ha posicionado al lado de Muscat y ha puesto en entredicho al Poder Judicial.

En un comunicado, la organización defensora del Estado de derecho Repubblika se mostró profundamente preocupada por las respuestas de Abela y otros funcionarios, afirmando que se trataba de un "ataque" a los funcionarios públicos de la Justicia, la Policía y la Fiscalía.

Repubblika añadió que Abela había iniciado "una campaña pública, planificada y poderosa dirigida contra el magistrado instructor" antes de que se conociera el final de la investigación y las acusaciones penales.

Borg, de la Universidad de Malta, explicó que Abela ha alegado que el momento de la investigación está motivado políticamente en medio de las campañas electorales locales y europeas.

"Son intentos de politizar el Poder Judicial, lo que, por supuesto, es una maniobra muy peligrosa... Hay muchas críticas a la forma en que el primer ministro está llevando este caso", añadió Borg.