Despliegue de policías kenianos en Haití se retrasa por escasez de equipamiento crucial

Es poco probable que se despliegue esta semana una misión multinacional de seguridad en Haití liderada por Kenia, lo que ha frustrado las esperanzas de Washington, Nairobi y Puerto Príncipe de que la misión comenzara durante la visita oficial de Estado del presidente de Kenia, William Ruto, a la Casa Blanca el jueves.

Aún es posible que el despliegue pudiera comenzar el 23 de mayo, fecha límite no oficial fijada para el inicio de la misión, coincidiendo con los compromisos formales de Ruto con el presidente Joe Biden. Pero un retraso en la adquisición de vehículos blindados y helicópteros equipados para evacuaciones médicas pudiera retrasar el despliegue hasta principios de junio, según un funcionario estadounidense que habló a condición de no ser identificado.

El funcionario dijo a McClatchy y al Miami Herald que Kenia, que lidera la fuerza de seguridad de 2,500 miembros, acordó con el gobierno haitiano las reglas de participación para el personal de seguridad, que pudiera enfrentar una feroz oposición de las pandillas haitianas armadas que han tomado la capital del país y abrumado a la policía local.

Sin embargo, el acuerdo aún no se ha plasmado por escrito ni se ha presentado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un requisito previo para el inicio de la misión multinacional de seguridad.

Asistentes legislativos informados sobre el asunto también dijeron a McClatchy y al Herald que esperan que se retrase el despliegue.

“Lo último que hemos escuchado es que no es posible” para finales de semana, dijo un asistente del Congreso, quien pidió no ser identificado para hablar abiertamente del asunto. “Se están topando con algunas crudas realidades en términos de logística de equipamiento”.

Una delegación de seis miembros de Kenia que llegó a Puerto Príncipe el lunes, el mismo día que Ruto llegó a Atlanta, descubrió que Haití carece de equipamiento para permitir un despliegue de los agentes policiales. Surgieron dudas sobre si incluso la propia delegación disponía de seguridad suficiente para evaluar la situación sobre el terreno.

El equipo keniano descubrió que el país no solo carece de vehículos blindados para desplazar a las tropas extranjeras, sino que también tiene un déficit de radios y equipamiento de comunicaciones. La misión necesita adquirir helicópteros para evacuar a las posibles víctimas del país, donde decenas de hospitales han sido destruidos o saqueados desde el 29 de febrero, cuando las pandillas se unieron para derrocar al gobierno.

“Estamos hablando de vehículos, armas y otras cosas que van a necesitar de entrada”, dijo el asistente del Congreso. “Y eso no se ha conseguido todo. La mayor parte del material se ha reunido de un puñado de fuentes diferentes”.

El funcionario estadounidense dijo que el equipamiento de radio y comunicaciones está en camino de ser entregado a finales de mes. En teoría, se pudieran desplegar fuerzas con anterioridad, pero el gobierno de Biden se opondría a que se procediera sin contar con procedimientos y equipamiento de evacuación médica, dijo el funcionario.

El gobierno de El Salvador se ha ofrecido a proporcionar helicópteros, pero dos fuentes afirman que sigue habiendo desacuerdo sobre la oferta.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos, que ha prometido $200 millones para ayudar a la misión, ha estado dirigiendo los preparativos, pero críticos dicen que esos esfuerzos solo comenzaron en serio hace dos semanas.

Aunque la misión se ha calificado de despliegue dirigido por Kenia, asistentes del Congreso afirman que, en la práctica, se trata de una misión dirigida por Estados Unidos con varios participantes. Estados Unidos, que ha prometido $300 millones en apoyo y ha tomado la iniciativa para llevar las tropas a Puerto Príncipe, está proporcionando “la abrumadora preponderancia del dinero”, dijo un asistente.

Esta realidad se puso de manifiesto esta semana cuando el senador Jim Risch, republicano de Idaho, y el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el republicano de Texas Michael McCaul, que han estado bloqueando la financiación de $40 millones, criticaron al gobierno de Biden por usar poderes presidenciales de emergencia para pagar la misión.

En abril Biden autorizó un paquete de ayuda militar de $60 millones usando lo que se denomina la autoridad presidencial para poner fusiles y munición en manos de la Policía Nacional de Haití y para permitir que la fuerza dirigida por Kenia se desplegara rápidamente.

En una carta del 17 de mayo al secretario de Estado Antony Blinken, obtenida por el Herald y McClatchy, McCaul y Risch calificaron de “cuestionable” el “uso sin precedentes” de esa autoridad y pidieron que se frenara cualquier transferencia de equipamiento de las reservas estadounidenses.

La administración, escribieron, aprovechó “una estipulación antinarcóticos” en la ley para justificar el traslado de los fondos a la misión.

“En pocas palabras, la administración se está apresurando a financiar un compromiso indefinido en Haití sin la aprobación del Congreso”, decía la carta.

Un frustrado gobierno de Biden ha estado solicitando $40 millones de los $100 millones prometidos por el Departamento de Estado, pero McCaul y Risch se han negado a liberar sus bloques, citando preocupaciones sobre el enfoque del Departamento de Estado. En la carta reconocen su bloqueo del dinero.

El martes, Risch continuó expresando sus preocupaciones sobre la misión, diciendo a Blinken durante una audiencia de la comisión del Senado que sigue “preocupado por la logística, la viabilidad y los costos”.

“Las intervenciones internacionales anteriores durante un largo, largo período en Haití habían sido fracasos estrepitosos, dejando al pueblo haitiano peor que antes”, dijo Risch. “No podemos usar los dólares de los contribuyentes estadounidenses para apoyar una misión abierta y mal concebida en un país asolado por la violencia extrema de las pandillas y la inestabilidad política sin algún tipo de garantías de que las cosas van a ser diferentes esta vez”.

En marzo de 2024, mientras un frente unido de pandillas armadas atacaba las principales instituciones gubernamentales de Haití, algunos haitianos salieron a las calles a protestar.
En marzo de 2024, mientras un frente unido de pandillas armadas atacaba las principales instituciones gubernamentales de Haití, algunos haitianos salieron a las calles a protestar.

En Haití hay grandes expectativas de que la llegada de fuerzas extranjeras ayude a aliviar el férreo control de las pandillas armadas que ha provocado la escasez de medicamentos y alimentos. Sin los fondos, ya sea de Estados Unidos o de otros países, partidarios temen que el país enfrente no solo la toma del poder por parte de las pandillas, sino una catástrofe humanitaria.

A principios de este mes, miembros del recién instalado consejo presidencial de transición de Haití, encargado de formar un nuevo gobierno, escribieron a Ruto pidiéndole que desplegara a la policía keniana. Los policías constituirán la columna vertebral de una fuerza que incluirá agentes de al menos seis países diferentes de África, el Caribe y el sur de Asia.

Tanto el gobierno de Biden como el de Ruto han mantenido en secreto cuántos de los 1,000 policías kenianos se desplegarán en la fase inicial. El número ha variado entre 80 y 120, junto con personal de apoyo.

REGLAS DE PARTICIPACIÓN

Kenia tampoco ha presentado aún al Consejo de Seguridad de la ONU la documentación necesaria para que la misión pueda comenzar.

El gobierno keniano —que es el responsable de presentar al Consejo la documentación sobre la estructura y los objetivos de la misión— aún tiene tiempo de hacerlo antes que comience el despliegue. Pero funcionarios familiarizados con el plan no han podido esbozar hasta ahora algunos de los parámetros clave de la misión, como exige el Consejo de Seguridad, como las reglas de participación de las fuerzas implicadas, los objetivos del despliegue y su final previsto.

“Sabemos concretamente que no se han establecido reglas de participación”, dijo un asistente legislativo que pidió no ser identificado para hablar del tema, refutando la versión del funcionario estadounidense.

Tres funcionarios confirmaron que Nairobi aún no había presentado la documentación. Funcionarios kenianos han comunicado al Consejo de Seguridad que la documentación está lista, a pesar de no haberla presentado todavía, según dijo a McClatchy y al Herald una fuente familiarizada con el asunto.

Está previsto que Ruto llegue a Washington el miércoles, donde se reunirá con miembros del Congreso antes de la visita oficial con Biden.

Antes de la visita, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, con sede en Doral, la general Laura Richardson, dijo que los preparativos para la llegada de los kenianos iban por buen camino. “Estaremos listos para partir el 23 de mayo”, afirmó.

Richardson hizo esta declaración durante un debate en el Woodrow Wilson Center en Washington. El Comando Sur se ha encargado de proveer la logística de la misión y ha coordinado más de tres docenas de vuelos militares a Puerto Príncipe con materiales de construcción y equipamiento para que los kenianos puedan operar.

Un militar estadounidense, a la izquierda, monta guardia el miércoles 15 de mayo de 2024, mientras se descargan suministros de un avión de carga C-17 de la Fuerza Aérea de EEUU en la pista del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, Haití. El avión transportaba suministros para el campamento que se está construyendo para los agentes de policía kenianos que dirigirán una misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití.

Un periodista del Herald visitó la semana pasada el sitio de la base y comprobó que la construcción estaba en una fase muy temprana, y surgieron dudas sobre dónde se alojaría el contingente de kenianos a su llegada. Tanto funcionarios haitianos como estadounidenses se han negado a responder a preguntas sobre el asunto, alegando motivos de seguridad.

El Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2699 en octubre del año pasado, en la que respaldaba la misión para ayudar al gobierno haitiano en su lucha contra los grupos armados criminales.

El Consejo dijo que la misión no podía desplegarse hasta que sus líderes les proporcionaran detalles clave. Miembros del Consejo quieren que la misión se apegue al derecho internacional y que se establezcan normas para abordar asuntos como las infracciones de los derechos humanos y los problemas surgidos en el pasado con anteriores intervenciones extranjeras en Haití.

El retraso en la entrega de un plan documentado refleja un amplio escepticismo sobre si la misión está lista para partir. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido en repetidas ocasiones el despliegue y que la comunidad internacional respalde un fondo fiduciario para apoyar la misión que actualmente solo cuenta con $21 millones.

Desde el 29 de febrero, un frente unido de pandillas armadas tiene como objetivo infraestructura crítica del gobierno. Las pandillas han atacado estaciones de policía, saqueado hospitales y vaciado dos de las mayores prisiones del país. Durante el fin de semana, hombres armados de la pandilla 400 Mawozo destruyeron con una excavadora la mayor parte de la prisión de Croix-des-Bouquets, no lejos de la embajada de Estados Unidos. La prisión, construida en 2012 por Canadá, y otra al norte de la capital se han convertido en objetivos de las pandillas que intentan eliminar las dos únicas instalaciones modernas de Puerto Príncipe donde la misión multinacional puede detener a las personas que arresta.

Observadores de los derechos humanos en la capital informan que cunde el pánico entre algunos miembros de las pandillas, que intentan pasar desapercibidos en algunas zonas ante la llegada anticipada de los kenianos. En otras zonas de la capital, sin embargo, siguen insistiendo en sus ataques.

El martes, mientras el equipo de evaluación keniano celebraba reuniones en Puerto Príncipe, la ONU continuó dando la voz de alarma sobre el impacto de la violencia, que ha obligado a desplazar a decenas de miles de haitianos y a cerrar cerca de 900 escuelas en la capital y en el cercano valle del Artibonite. La ONU también señaló que los grupos armados siguen tomando el control de los barrios de la capital.

“Se han registrado 30 ataques contra escuelas desde el comienzo de este año”, dijo Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres.