Desplazados por la violencia en Tila rechazan volver al municipio

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., junio 11 (EL UNIVERSAL).- Los más de 4 mil pobladores desplazados de Tila por la violencia de grupos armados, determinaron que no regresarán porque consideran que no se tienen condiciones suficientes de seguridad. Afirmaron que no habrá retorno hasta que tengan certeza jurídica respecto a sus propiedades, y que, además, se aplique la ley a quienes destruyeron sus bienes y el viernes causaron su salida del pueblo.

Una agraviada expresó que, si les dijeran que en la zona quedarían el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, la pregunta sería: ¿Cuánto tiempo nos van a proteger si el gobierno no les da derecho a hacer lo que tienen que hacer, a detener?". Ante cientos de desplazados reunidos en asamblea en el municipio vecino de Yajalón, donde se asienta el campamento de refugiados, la inconforme cuestionó: "¿cómo vamos a regresar?, o, ¿quieren regresar ustedes?" La respuesta fue no

Autoridades de gobierno acordaron que este martes iniciaría el regreso a Tila, Chiapas, de más de 4 mil lugareños desplazados el viernes por la violencia de grupos armados que operan en aquella zona. Las fuerzas de seguridad federales y estatales acompañarían el regreso de las familias y permanecerían en esa localidad el tiempo necesario para garantizar la seguridad y la tranquilidad. Los apoyarían con la reposición de enseres perdidos y se aplicarían acciones de salud, educación y vivienda.

En la asamblea de Yajalón, otra mujer que dejó el terruño aseguró que no reconocen los acuerdos tomados de manera "unilateral" en una mesa de diálogo. Recalcó en que se "castigue a los criminales de ese grupo de Autónomos".

Otro desplazado, también en condición de anónimo comentó que supieron que ayer estuvo en la negociación el sacerdote Heriberto Cruz Vera, quien fue párroco de Tila, junto con el presidente municipal Limber Gutiérrez Gómez. Ese encuentro, esa negociación ha sido "escondida", no a través de la representación de los desplazados y despojados, sino que se hizo a "escondidas y nadie supo de qué se trató".

Planteó que debería realizar un diálogo con sus compañeros y el comisariado legal, que los consideren porque "sí tienen el comisariado legal "porque son un grupo de ejidatarios con el grupo legal. Pero, "nunca hemos sido respetados. Hemos metido escritos ante el gobierno, y jamás nos hicieron caso", reclamó.

Enseguida estableció que la condición de los desplazados para retornar es que se aplique la ley, asimismo, se les garantice la seguridad para que cada quien vuelva a sus casas. La petición, es que ingresen la Guardia Nacional y la Policía de Seguridad Pública.

Un participante más asentó que si no fuera por instituciones "de fuera" que los apoyaron, por los militares y a los que los escucharon, no hubieran salido de Tila. Destacó que otras personas van a decidir por ellos. Preguntó: ¿quién es el que viene a decidir por nosotros? "Siempre es el cacique" Limber Gutiérrez Gómez, alcalde de Tila "que ha gobernado 30 años". Ese político local, sostuvo el denunciante es quien "siempre ha venido a dar órdenes por nosotros".

Luego, contextualizó que en período electoral, Gutiérrez Gómez desea "hasta que le besen su pie". Todos van "hasta lo abrazamos", ahora no nos apoya ni voltea a ver a nuestro pueblo, señaló.

El 4 de junio "empezó la matanza" por parte de "Los Autónomos". Es decir, se han dirigido "a matar" a cada persona que vive en la población del ejido. Todavía más, acusó, no nada más a la población "están asesinando", sino a los habitantes de los ocho anexos que integran el ejido.

Otra de las participantes en la asamblea dijo que lo ocurrido en Tila no fue un enfrentamiento, porque si así hubiera sido "hubiéramos tenido la capacidad de responderle" a "Los Autónomos, pero, " nos atacaron otra vez". Visto así, advirtió: "si regresamos en estas condiciones nos van a volver a sacar".

Enfatizó en su propuesta de no retornar mientras tanto no haya garantías suficientes de seguridad, y así también, en tanto el ejido no nos quiera dar la certeza de las 130 hectáreas en las que están nuestras viviendas. No queremos tierras".