A pesar de despenalización del aborto en México, acceso sigue siendo difícil en el país

Por Gabriella Borter

CIUDAD DE MÉXICO, 8 sep (Reuters) - En una decisión arrolladora que alguna vez habría parecido casi imposible en un país fervientemente católico, donde las mujeres eran encarceladas por abortar, el máximo tribunal de México declaró esta semana inconstitucional que el sistema federal criminalice la interrupción del embarazo.

Fue una gran victoria para los defensores del derecho al aborto, que llevaban presionando para que se dictara una sentencia tan amplia desde 2021, cuando la Suprema Corte de Justicia (SCJ) anuló por primera vez una ley que penalizaba la interrupción del embarazo en el estado norteño Coahuila.

El fallo sentó un precedente legal significativo y allanó el camino para que el sistema de salud federal comience a proporcionar servicios de aborto. En algún momento, eso podría convertir a México en un destino importante para las estadounidenses que buscan abortar y huyen de leyes más restrictivas.

Pero los defensores mexicanos del derecho al aborto afirman que la promesa de la sentencia de ampliar el acceso a la interrupción del embarazo no se hará realidad de la noche a la mañana y podría depender de la voluntad política y legislativa del gobierno federal.

Aparte de salvaguardar a las pacientes y a los proveedores de abortos de la persecución judicial, la sentencia tendrá un impacto limitado en el acceso hasta que el sistema federal de salud pública comience a prestar servicios de interrupción del embarazo.

Hasta ahora, el sistema federal sólo estaba legalmente obligado a hacerlo en caso de violación o para preservar la vida de la madre.

María Antonieta Alcalde, directora para América Latina y el Caribe de la organización de derechos reproductivos Ipas, dijo que la implementación práctica de los servicios de aborto -mediante píldora o cirugía- debería ser un estímulo mínimo para la Secretaría de Salud mexicana.

"La cuestión no es la capacidad, sino la voluntad política", afirmó Alcalde.

Un portavoz de la secretaría no respondió a la petición de comentarios.

La rapidez con que comiencen los servicios federales podría depender de quién se ponga la banda presidencial.

Mientras que el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, ha evitado cuidadosamente expresar sus propias opiniones sobre el aborto, las dos candidatas recientemente nominadas para competir por la presidencia en las elecciones de junio de 2024 apoyan el derecho al aborto.

Claudia Sheinbaum, la exalcaldesa de Ciudad de México propuesta para representar al gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), supervisó la derogación de los límites gestacionales para los abortos en casos de violación en la capital en 2021.

Xóchitl Gálvez, la senadora elegida para representar a la principal coalición opositora Frente Amplio por México, ha roto con la plataforma antiaborto de su partido de centroderecha para apoyar el derecho a la interrupción del embarazo.

Como presidenta, cualquiera de las dos candidatas se encargaría de supervisar la aplicación de la sentencia de la SCJ, lo que incluye decidir las condiciones para los abortos legales y presupuestar los servicios de salud reproductiva.

"Creo que su visión del aborto y su apoyo a la prestación de servicios abortivos serán fundamentales", sostuvo Alcalde.

ESTADOUNIDENSES MIRAN A MÉXICO

La despenalización del aborto en México sigue a una cascada de avances en materia de derechos reproductivos en América Latina en los últimos años, tras un largo periodo de estrictas prohibiciones. Según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) de México, 172 personas fueron encarceladas en el país por abortos ilegales entre enero de 2010 y enero de 2020.

También contrasta fuertemente con la eliminación de derechos en Estados Unidos.

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el derecho federal al aborto en junio de 2022, las solicitantes de aborto estadounidenses han recurrido cada vez más a México, donde una máquina bien engrasada de redes informales de voluntarios ha proporcionado píldoras inductoras del aborto a las residentes durante años.

El fallo del máximo tribunal mexicano de esta semana podría hacer que sea mucho más fácil interrumpir un embarazo en cualquier parte del país, a través de clínicas estatales, así como operaciones informales, potencialmente haciendo que el país sea aún más un destino de aborto para las estadounidenses.

"Más bien abre más posibilidades. Tendrán aún más opciones en México", dijo Verónica Cruz, fundadora de Las Libres, una red de voluntarias con sede en el estado central Guanajuato que vio una afluencia de mujeres estadounidenses en busca de píldoras abortivas después que el Corte Suprema anulara el caso Roe vs. Wade.

Ahora que el gobierno mexicano tiene la orden judicial de eliminar el aborto del código penal federal, los defensores del derecho al aborto esperan que el Congreso redacte pronto una ley para añadir la regulación del aborto al código sanitario federal.

Los parlamentarios tendrán que decidir las condiciones en las que los abortos serán legales en México, incluido un límite gestacional. Después, los defensores del derecho al aborto esperan que se añada una disposición a la ley general de sanidad, que establecería regulaciones también a nivel estatal.

Sólo 12 de los 32 estados mexicanos han eliminado el aborto de sus códigos penales locales. Pero ese porcentaje, que legaliza proactivamente el aborto, ofrecería protección jurídica a las pacientes que interrumpan sus embarazos en todos los estados.

Isabel Fulda, subdirectora de GIRE, dijo que era difícil estimar un plazo en el que el aborto sería universalmente accesible en México, pero que el grupo estaba dispuesto a impugnar cualquier resistencia federal a prestar servicios.

"En realidad, la implantación lleva su tiempo", afirmó.

(Editado por Stephen Eisenhammer y Josie Kao; Escrito por Diego Oré)