Desmontan red de reclutamiento del cártel Jalisco Nueva Generación en occidente de México
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas anunciaron el lunes el desmontaje de una red de reclutamiento del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, que controla vastas regiones del país, tras la detención de un operador del grupo y la desactivación de 39 páginas de diferentes plataformas que eran empleadas para la captación de personas.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que el 20 de marzo fue apresado en la capital mexicana José Gregorio “N”, alias “El Lastra” o “Comandante Lastra”, quien fue identificado como el responsable del reclutamiento de personas del referido grupo delictivo desde mayo del año pasado.
Durante la conferencia presidencial matutina, García Harfuch admitió que el detenido tenía a su cargo el centro de adiestramiento del predio “Rancho Izaguirre” del municipio Teuchitlán, en el estado occidental Jalisco, donde un colectivo de buscadores de personas desaparecidas localizó este mes numerosos restos óseos y cientos de prendas de vestir y objetos personales.
El alías del “Comandante Lastra” apareció escrito en un cuaderno que encontró el colectivo de buscadores en el “Rancho Izaguirre” y que incautó posteriormente la Fiscalía de Jalisco entre centenares indumentarias y objetos.
Según las autoridades, el detenido también era colaborador de uno de los líderes de la organización criminal de nombre Gonzalo “N”, alias “El Sapo”, que opera en los estados de Jalisco, Nayarit y Zacatecas.
García Harfuch indicó que en el marco de la operación y tras un seguimiento y análisis de perfiles en redes sociales relacionados con la captación de personas para su incorporación a actividades de la delincuencia organizada, las autoridades desactivaron “39 páginas de reclutamiento en diferentes plataformas”.
El desmantelamiento de la red de reclutamiento de Jalisco Nueva Generación se da a pocas semanas de que la administración de Donald Trump declaró al grupo una organización terrorista j unto otros cinco cárteles mexicanos.
Al explicar cómo era el proceso de reclutamiento, García Harfuch detalló que “El Lastra” empleaba principalmente las redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas, que incluía ofertas como guardias de seguridad con pagos semanales de hasta 12.000 pesos (unos 600 dólares).
Los interesados eran buscados en distintas centrales de autobuses y de allí eran llevados al “Rancho Izaguirre” donde recibían entrenamiento.
Sobre el impacto que tendrá el desmantelamiento de esta red del cártel Jalisco Nueva Generación, el analista de seguridad David Saucedo indicó que aunque hasta el momento no se tiene información precisa de cuánto y cómo se conforma la nómina de ese cártel, no cree que las recientes operaciones afecten su estructura debido a que es “muy superior los que se suman de manera voluntaria” a la organización criminal.
Pese a que el secretario de Seguridad admitió que en el “Rancho Izaguirre” no se ha encontrado “ningún indicio que haya sido un campo de exterminio”, reconoció que de acuerdo con el testimonio de un detenido en ese predio “llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura”.
La captura del presunto reclutador del Jalisco Nueva Generación coincidió con la detención durante el fin de semana de dos expolicías del municipio de Tala, vecino a Teuchitlán, quienes son señalados por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas en el “Rancho Izaguirre”. Meses antes las autoridades de Jalisco también apresaron a otro agente de Tala.
En medio de estas detenciones, las autoridades del estado sureño de Oaxaca anunciaron el lunes que fueron apresados un agente del Ministerio Público del poblado turístico de Huatulco y un funcionario estatal de investigaciones, encargado de la comandancia de esa localidad, por su presunta participación en la desaparición de cinco jóvenes cuyos cuerpos fueron localizados este mes en el estado central de Puebla.
A pesar de que la Guardia Nacional y la Fiscalía del estado de Jalisco habían intervenido el predio en septiembre pasado y detenido a diez personas en el lugar, no fue sino gracias a la denuncia que realizó el 5 de marzo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco que se reactivó el caso que ha puesto en tela de juicio las fallas de las autoridades mexicanas para llevar adelante las investigaciones.
Ante la conmoción que ha generado el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que promoverá unas reformas legales para agilizar la búsqueda de desaparecidos y hacer frente a una crisis que arrastra México desde hace décadas y que ya acumula 125.469 personas desaparecidas.
En el marco de esa iniciativa, la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, informó el lunes que se crearán una Plataforma Única de Identidad, una Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas desaparecidas y un Sistema Nacional de alerta, búsqueda y localización de personas. Asimismo, se incorporará la Clave Única de Registro de Población (CURP) como mecanismo de identidad oficial.